El SEPE deja sin gastar 3 de cada 10 euros de su presupuesto en formación para el empleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dejó sin ejecutar 3 de cada 10 euros de su presupuesto destinado a formación para el empleo en 2024, según el informe Retos de las Políticas de Empleo en España en el marco institucional de la Unión Europea: El empleo de las personas jóvenes y paradas de larga duración, elaborado por investigadores de la Universidad Carlos III y UGT y que se ha presentado este martes. De hecho, la formación es la partida de las políticas activas de empleo —es decir, las medidas destinadas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, como la formación, la orientación laboral o los incentivos a la contratación— que menos ha crecido en los últimos años, pese a que el propio estudio la sitúa como una de las principales herramientas para mejorar la inserción en el mercado laboral.

Concretamente, los datos del ejercicio 2024 muestran una ejecución baja en las dos grandes líneas de formación. De los 489 millones presupuestados para formar a personas desempleadas, el SEPE ejecutó 360 millones, el 74%. En el caso de la formación dirigida a ocupados, de los 1.395 millones previstos, se gastaron 908 millones, apenas el 65%. En conjunto, quedaron sin ejecutar 617 millones de euros, por lo que la ejecución se situó en torno al 67%.

El problema no es únicamente cuánto dinero se destina a formación, sino qué ocurre cuando esos recursos no llegan a convertirse en cursos, itinerarios o programas de inserción. En este sentido, el informe revela que España mantiene una de las tasas de desempleo juvenil más elevadas de la Unión Europea: el 24,5% en 2025, frente al 14,9% de media comunitaria. Además, la situación también es relevante entre los parados de larga duración, aquellos que llevan al menos un año desempleados. El 3,8% de la población activa española se encuentra en esta situación, el doble que en la Unión Europea, donde la tasa es del 1,9%.

La formación, a la cola del gasto en políticas de empleo

Por ello, el documento recuerda que las investigaciones actuales apuntan a que los mejores resultados de inserción laboral se obtienen cuando la formación se combina con tutorización individualizada y un itinerario específico de incorporación al mercado laboral. Es decir, no se trata únicamente de ofrecer cursos, sino de que exista capacidad para identificar las necesidades de cada desempleado y acompañarle hasta el empleo.

El investigador Daniel Pérez del Prado apuntó durante la presentación del informe a una posible explicación de la baja ejecución: que algunos programas "no están suficientemente alineados con el tejido productivo". De acuerdo con el investigador de la Universidad Carlos III, una de las vías para mejorar el sistema pasa por una mayor participación de los agentes sociales en el diseño de la formación para adaptarla a las necesidades reales de las empresas. Según resumió, el objetivo no tiene por qué ser simplemente gastar más, sino "gastar mejor".

Y es que el Gobierno sí ha incrementado los recursos destinados a políticas activas en los últimos años. Entre 2018 y 2022, el gasto pasó desde los 8.500 hasta los 10.200 millones de euros, un 20% más. No obstante, dentro de este alza, la formación apenas aumentó un 1,7%, frente al 47% de los incentivos al empleo, el 18% de los programas de creación de empresas, el 43% del empleo protegido y el 12% de los servicios públicos de empleo y administración. La formación, por tanto, ha quedado rezagada frente a otras partidas pese a ser una de las herramientas que el informe considera clave para mejorar la empleabilidad.

El problema de la capacidad para gestionar las políticas activas

El problema de las políticas activas de empleo no puede separarse de la capacidad administrativa para gestionarlas. Cuanto mayor es la carga de trabajo que soporta cada empleado público, menos margen existe para realizar una orientación individualizada, diseñar itinerarios adaptados a cada desempleado o acompañarle durante su incorporación al mercado laboral. En este sentido, el estudio apunta a un segundo problema dentro del SEPE: la insuficiencia de su plantilla.

El organismo tenía en 2025 7.507 efectivos, frente a los 7.970 de 2020 y muy lejos de los 8.852 alcanzados en 2021. Desde entonces, la plantilla ha ido reduciéndose en paralelo al descenso del personal temporal (interinos), en el marco de los procesos de estabilización del empleo público y las resoluciones judiciales contra el abuso de la temporalidad en el sector público. Así, aunque la plantilla indefinida ha ido aumentando año a año, no lo ha hecho al ritmo de la pérdida de empleados temporales.

Y a ello se suma que el SEPE mantiene cerca de un 30% de sus puestos sin cubrir. De los 11.811 puestos contemplados en su relación de puestos de trabajo (RPT), 8.304 estaban ocupados y 3.507 permanecían vacantes, el 29,7%. Una situación que, según el informe, mantiene a los servicios públicos de empleo "excesivamente tensionados" por la falta de personal y el elevado volumen de personas desempleadas.

Las Ofertas de Empleo Público, insuficientes

Este déficit de personal se supone que debe compensarlo el Ministerio de Función Pública, año a año, con las Ofertas de Empleo Público. Sin embargo, en la de 2025, el sindicato CSIF consideró insuficiente la oferta extraordinaria de 926 plazas para el SEPE y cifró en unos 3.500 los puestos perdidos durante la década anterior. Y en la OEP de 2026, tanto CCOO, CSIF y UGT reclamaron una oferta superior a la del año anterior, señalando precisamente al SEPE entre los organismos con falta de efectivos. No obstante, la oferta finalmente se mantuvo en línea con la de 2025 y el Gobierno no logró el respaldo de ninguno de los tres sindicatos.

De hecho, a esta problemática estructural se suma este año la salida de los interinos contratados en la Administración General del Estado para gestionar los fondos europeos, según fuentes sindicales, entre 1.500 y 2.000, de los que algunos trabajaban en el SEPE. Algunos contratos ya han finalizado y otros se prolongarán hasta el 31 de diciembre para completar las tareas de seguimiento y control, según la resolución final del Gobierno. Sin embargo, esta circunstancia supondrá una nueva salida de efectivos para un organismo que mantiene casi 3.500 puestos sin cubrir.