El "disparate" con los interinos: el Gobierno retrasa otros tres meses darles una solución con 626 millones en juego

El Gobierno adquirió un compromiso con Bruselas: atajar el problema de la temporalidad en el mercado laboral español a cambio de desbloquear los sucesivos desembolsos de los fondos europeos. Con esta premisa, el Ejecutivo se puso manos a la obra. A través de la reforma laboral de 2022, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, logró que la tasa de temporalidad descendiese —al menos sobre el papel— en el sector privado desde el 22,2% del primer trimestre de 2022 hasta el 11,9% en el mismo periodo de 2026.

Por su lado, la temporalidad en el sector público apenas se ha reducido en la misma franja de tiempo. Ha pasado del 32,7% al 26,8%, tan solo seis puntos porcentuales menos y lejos del 8% comprometido con Europa. Este incumplimiento en el empleo público ha tenido consecuencias. La Comisión Europea mantiene congelados 626,6 millones de euros correspondientes al quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation al considerar que España todavía no ha resuelto el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas conforme a las exigencias del Derecho de la Unión.

Y a ello se suma el procedimiento de infracción abierto contra el Gobierno por la aplicación de la Directiva 1990/70/CE. O más bien, la falta de aplicación efectiva de la norma, por lo que sobrevuela otra "multa multimillonaria" que amenaza las cuentas públicas. Ante esta segunda causa, el Ministerio de Función Pública ha movido ficha.

La urgencia del Gobierno: reunirse dentro de tres meses

El ministerio que dirige Óscar López convocó este martes a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una "reunión técnica" con el objetivo de reducir el abuso de la temporalidad en el sector público. No hay que olvidar que la tasa de temporalidad en las autonomías y ayuntamientos se sitúa por encima del 38%, frente al 4% de la Administración General del Estado.

Durante el encuentro, los entes territoriales coincidieron "en la necesidad de conocer la realidad de la interinidad en abuso en el conjunto de las administraciones" y fijaron "un calendario de trabajo para seguir dialogando". Pues bien, la urgencia con la que el Gobierno pretende abordar este problema pasa por esperar hasta el 24 de septiembre para celebrar la siguiente reunión. Es decir, dentro de casi tres meses.

López pide una prórroga de nueve meses

Pero esto no es todo. La demora no se limita al calendario de acción. En paralelo, el Ministerio de Función Pública ha solicitado a la Comisión Europea una prórroga de nueve meses para presentar una solución definitiva al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas y evitar la "multa multimillonaria".

"Es un disparate", resume para El Independiente Javier Araúz, abogado especializado en la defensa de los empleados públicos temporales y autor de varias cuestiones prejudiciales elevadas al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) y de denuncias ante la Comisión por este motivo. "La directiva entró en vigor en 2001. Llevamos 25 años sin aplicarla y doce desde que Bruselas abrió el procedimiento de infracción contra España. Pedir ahora una prórroga es una tomadura de pelo", añade.

Araúz considera que la prórroga carece de justificación: "La directiva tenía que estar transpuesta y aplicada en 2001. Estamos en 2026. Que España diga ahora que necesita otros nueve meses para cumplirla va en contra de los principios más elementales del Estado de derecho y de la eficacia inmediata del Derecho de la Unión". En su opinión, la estrategia del Ejecutivo consiste únicamente en "ganar tiempo" mientras continúan cesando trabajadores temporales en lugar de consolidarlos. Como ejemplo, recuerda la salida de 1.000 interinos del SEPE durante la pandemia.

Además, señala que el problema no puede analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica: "Aquí estamos jugando con personas, no con números". El abogado indica que miles de empleados públicos llevan años sin saber si seguirán trabajando en la misma administración, en la misma provincia o incluso en la misma comunidad autónoma, una incertidumbre que dificulta desde solicitar una hipoteca hasta planificar un proyecto de vida. "Hay interinos que se jubilan siendo interinos", lamenta.

Procesos de estabilización

No obstante, Función Pública defiende que el proceso avanza. Durante la reunión de este martes, el ministerio agradeció a las comunidades autónomas y entidades locales su colaboración para cumplir el denominado hito 150 del Plan de Recuperación, que contemplaba la estabilización de 300.000 plazas antes de finalizar 2024. Según el departamento que dirige Óscar López, esta cifra supera las 419.000 plazas.

Sin embargo, Araúz cuestiona que estos procesos hayan servido para reducir realmente la temporalidad. "Lo que han provocado, sobre todo, es una movilidad del funcionario de carrera", afirma. Según el abogado, muchas plazas han terminado siendo ocupadas por empleados públicos que ya eran fijos y que han aprovechado los procesos para promocionar o trasladarse, mientras el volumen total de interinos apenas se ha movido. "Si en 2021 había alrededor de un millón de interinos y, tras estabilizar más de 400.000 plazas, sigue habiendo prácticamente un millón, los números hablan por sí solos", sostiene.

Los tribunales empiezan a actuar

Pese a ello, los tribunales españoles han empezado a actuar. El pasado 3 de julio, el Juzgado de lo Social número 36 de Madrid aplicó por primera vez la doctrina fijada por el Tribunal Supremo tras el último varapalo del TJUE y concedió 9.000 euros de indemnización por daños morales a una trabajadora de la Comunidad de Madrid que permaneció 19 años con un contrato temporal abusivo. Además, declaró improcedente su despido tras la funcionarización de su plaza, elevando la indemnización total hasta los 41.223 euros.

La resolución supone uno de los primeros ejemplos de cómo los juzgados españoles empiezan a aplicar la nueva doctrina del Supremo, que reconoce que la indemnización ordinaria por cese no basta para reparar el abuso de la temporalidad y que debe existir una compensación adicional con efecto disuasorio para las administraciones públicas. No obstante, esta respuesta judicial se está produciendo únicamente en la jurisdicción social, que conoce de los trabajadores laborales de la Administración.

Según advierte Araúz, la situación es distinta para los litigios que corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa. En este ámbito, explica, el Tribunal Supremo sigue considerando que la sanción al abuso consiste en mantener al interino en su puesto hasta que la Administración convoque la plaza o la amortice. "Eso es dejar a la víctima en la misma situación de abuso", critica el abogado. A su juicio, esta doctrina resulta incompatible con el Derecho de la Unión, ya que el TJUE ha reiterado que la respuesta frente al abuso debe ser inmediata, efectiva y disuasoria, y no quedar supeditada a una decisión futura de la propia Administración.