La paradoja del Ingreso Mínimo Vital: una ayuda más generosa que en Europa con peores resultados contra la pobreza

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó su quinta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el último balance con el que cierra el ciclo de evaluaciones anuales sobre esta ayuda. En esta Opinión, la institución que dirige Inés Olóndriz analiza la integración del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el sistema de protección social y lo compara con las prestaciones similares de otros países europeos. Sobre este último aspecto, el organismo supervisor concluye que "España combina una prestación de último recurso de cuantía relativamente elevada con resultados todavía inferiores a la media europea en términos de cobertura y reducción de la pobreza".

Concretamente, según los datos de la plataforma TaxBEN de la OCDE recogidos por la AIReF, España se sitúa como el sexto país con la renta garantizada más alta de la Unión Europea para hogares unipersonales (31,7% de la renta mediana equivalente) y el séptimo para hogares de dos adultos con dos menores (30,1%). Sin embargo, esta generosidad en los importes no se traslada de forma proporcional a la corrección de la exclusión social. Mientras que el impacto del IMV para reducir la pobreza es del 9%, las ayudas de la media de la Unión Europea logran reducirla en un 15,9%.

Esta paradoja se debe a dos factores. Por un lado, la elevada cuantía de la ayuda genera una barrera para la incorporación al empleo. La propia AIReF advierte en su informe de que "cuanto mayor es esa protección, mayor es también el coste de oportunidad de volver al empleo", lo que reduce los incentivos para trabajar. Por otro lado, el impacto social se ve lastrado por la falta de cobertura; la tasa de non take-up del Ingreso Mínimo Vital se sitúa en el 52%. Es decir, más de la mitad de los hogares que cumplen con los requisitos económicos y sociales para percibir la ayuda no la solicitan.

El coste de oportunidad de volver al empleo

La relación entre la cuantía de la ayuda y la duración de la estancia en el programa responde a los incentivos económicos que genera el diseño de la prestación. La AIReF estima que un aumento de 10 puntos porcentuales en la ratio entre el IMV y la renta garantizada del hogar se asocia con una reducción del 13,4% en la probabilidad de salir de la prestación.

Una dinámica que se complementa con los hallazgos de la evaluación previa de la AIReF sobre los efectos en el empleo, que concluyó que cobrar el IMV reduce en un 12% la probabilidad de trabajar de los beneficiarios durante los primeros seis meses, un desincentivo que se eleva al 23% entre los perceptores con importes superiores a la media, al 20% en hogares monoparentales y al 29% entre los menores de 30 años.

De hecho, esta persistencia se refleja en la evolución de la permanencia de los beneficiarios según el importe de la prestación. Al cumplir el primer año, el 82% de los hogares que reciben una cuantía del IMV baja sigue en el sistema, frente al 91% de los que perciben una ayuda alta. Un diferencial de once puntos porcentuales que se ensancha conforme avanza el tiempo.

Al cabo de dos años, la proporción es del 59% para las ayudas bajas y del 79% para las altas, lo que implica que solo el 21% de quienes cuentan con una prestación elevada logra salir del sistema en ese periodo frente al 41% de los que reciben una cuantía baja. Finalmente, a los cinco años, la brecha se consolida: solo el 34% de los beneficiarios de una ayuda baja permanece en el programa, mientras que más de la mitad (el 57%) de los perceptores de una ayuda alta continúa cobrando la prestación de forma ininterrumpida.

El freno del 'non take-up' en la cobertura de la pobreza

El segundo factor que limita el impacto del IMV en la reducción de la pobreza es la falta de acceso de los beneficiarios potenciales. A pesar de que la nómina de la prestación se actualiza mensualmente, el volumen de hogares que cumplen los requisitos y no solicitan la ayuda se mantiene en el 52%, una tasa que se eleva hasta el 71% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Pese a ello, cada año se suman más beneficiarios. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social, en julio de 2026, el IMV alcanzó a 879.225 hogares en los que residen 2.682.646 personas, lo que representa un incremento interanual del 16,9% en el número de prestaciones activas y de un 16,7% en el de beneficiarios respecto al mismo mes de 2025.

La cuantía media de la prestación se situó en julio de 2026 en los 504,5 euros al mes por hogar, con un desembolso mensual por parte de la Seguridad Social de 473,3 millones de euros. Aunque el importe medio por hogar muestra la dispersión existente según la composición de cada unidad de convivencia, la renta garantizada acumulada ha experimentado un crecimiento del 42,8% entre 2020 y 2025 para los hogares más vulnerables, pasando de 462 euros al mes para una persona sola en 2020 a 658,8 euros en 2025.

Sin embargo, la persistencia de estas tasas de non take-up impide que este incremento de la intensidad protectora se traduzca en una mayor reducción de los índices de exclusión social. La propia AIReF atribuye este fenómeno, entre otros factores, a la complejidad administrativa del procedimiento de acceso y al desconocimiento de la prestación entre parte de la población potencialmente beneficiaria. Y a ello se suman los retrasos en la tramitación de expedientes y las revisiones posteriores de cobros indebidos, una problemática que el Ministerio de Inclusión ha anunciado que está revisando tras las reclamaciones registradas durante los últimos años.