El Tribunal de Cuentas critica la gestión de la Seguridad Social con el IMV tras gastar más de 17.700 millones desde la pandemia

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha cargado contra la gestión del Gobierno con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) este jueves en el Congreso de los Diputados. Durante su comparecencia, la presidenta ha defendido que esta prestación "constituye la medida de carácter general más importante de lucha contra la pobreza existente en nuestro país"; sin embargo, también ha alertado de las "debilidades en su diseño" y de los problemas de gestión y tramitación de la Seguridad Social para gestionar una ayuda que acumula un gasto público de más de 17.780 millones de euros desde su creación en plena pandemia.

Además, Chicano ha criticado que "la prestación no tiene un objetivo específico referenciado a niveles concretos de pobreza". Esta ausencia de una finalidad concreta provoca, según la presidenta, que la gestión del IMV se circunscriba a "financiar el límite de renta garantizada fijada para cada ejercicio" en vez de "alcanzar una meta previamente definida o cubrir un determinado umbral de pobreza". Una advertencia que pone en cuestión la eficacia real de una prestación que, pese a acumular un coste público de 17.780 millones de euros, sigue sin determinar qué nivel de pobreza pretende reducir.

Lentos para pagar, rápidos para reclamar

Asimismo, el Informe de fiscalización del Ingreso Mínimo Vital para los ejercicios de 2022 y 2023 elaborado por el Tribunal de Cuentas dibuja un sistema lento para reconocer las ayudas. En concreto, su presidenta denuncia que "en el 43% de las solicitudes se superó el plazo máximo legal de resolución de seis meses" y, aunque no se extendió más allá de los ocho meses, se trata de una demora "relevante si se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas potencialmente beneficiarias".

No obstante, la lentitud para la aprobación de la ayuda supone una "contradicción política y ética" respecto de la rapidez con la que la Administración reclama las devoluciones del IMV, según denuncia el Colectivo IMV Afectados y Afectadas. La asociación explica que "miles de personas beneficiarias del IMV están siendo sometidas a reclamaciones económicas derivadas, en numerosos casos, de errores administrativos, revisiones tardías y procedimientos profundamente injustos que están empujando a familias ya empobrecidas hacia situaciones límite" como "embargos, endeudamiento, miedo constante, bloqueo vital e incluso riesgo de pérdida de vivienda".

El problema reside en que la Seguridad Social detecta, meses después de que se produzca, cambios en los ingresos o en la situación familiar de los beneficiados y reclama entonces la devolución de las prestaciones ya cobradas, incluso a pesar de que el beneficiario lo haya notificado. Una circunstancia "insostenible" para personas en situación de vulnerabilidad y que les está condenando a hacer frente a "deudas impagables".

Según explica Hontanares Arranz, colaboradora de la oficina jurídica del Movimiento ATD Cuarto Mundo, para El Independiente, aunque durante el último año se han introducido algunos cambios para reducir los "cobros indebidos" —como adelantar las revisiones anuales al momento en el que Hacienda dispone de datos fiscales, lo que ha permitido reducir el desfase de 12 a 3 meses—, el problema de fondo sigue sin resolverse. La Administración no ha resuelto "los cobros indebidos desde 2020 hasta ahora, ni el hecho de que se puedan realizar sobre cuatro años y no anualmente". Es decir, el sistema corrige mejor los nuevos expedientes, pero mantiene abiertas reclamaciones retroactivas de años anteriores.

17.780 millones después, la pobreza baja en 100.000 personas

No obstante, el diseño y la gestión no son los únicos puntos críticos del sistema. El informe del Tribunal de Cuentas también ha advertido de que la coordinación entre las administraciones "no ha sido la adecuada". Mientras las comunidades autónomas tienen las competencias de inclusión social, la gestión del IMV depende de la Administración General del Estado. Para coordinar estas administraciones, la ley del IMV fijaba la creación de la Comisión de Seguimiento. Sin embargo, esta Comisión no se "ha constituido hasta mayo de 2024, cuatro años después de haberse creado".

Además, Chicano también ha recomendado "estudiar la simplificación de determinados requisitos relacionados con la unidad de convivencia y la vulnerabilidad económica" con el objetivo de que "esta prestación despliegue con mayor eficacia su finalidad de prevención de la pobreza y de la exclusión social". Un consejo que enlaza con otro de los problemas detectados en el informe del Tribunal y también por otros centros de estudios: el alcance limitado de su cobertura.

Según el último estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el Ingreso Mínimo Vital (febrero de 2026), la prestación "ha llegado al 20% de la población en situación de pobreza, pero podría haber llegado al 50%". De hecho, el propio Tribunal de Cuentas advierte del alcance limitado de la ayuda frente a la magnitud del problema social que pretende combatir: "En 2024, había 9,6 millones de personas en situación de pobreza relativa en España", una cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2019 (9,7 millones), "si bien con un 3,62% más de población (1,7 millones)". Todo ello pese al despliegue del Ingreso Mínimo Vital y a los más de 17.780 millones de euros de gasto público acumulados desde su creación.