El cobro simultáneo del Ingreso Mínimo Vital y el subsidio de desempleo se duplica entre los mayores de 52 años

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha publicado su quinta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital, un balance que cierra el ciclo de evaluaciones anuales de la institución dirigida por Inés Olóndriz. El informe analiza la integración de esta ayuda en el sistema de protección social y señala que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en una pieza central para los hogares vulnerables, pero que su falta de encaje con otras prestaciones, como el subsidio de desempleo, genera duplicidades estructurales. Por ello, el organismo propone "reforzar la coherencia entre ambas coberturas, revisando la pertinencia de su simultaneidad —señaladamente en el subsidio para mayores de 52 años— de modo que cada necesidad se atienda a través de una única prestación".

Según revela la AIReF, en los doce primeros meses de percepción del IMV, el 16,6% de los titulares recibe también el subsidio por desempleo. Sin embargo, esta compatibilidad experimenta un salto drástico al avanzar en las cohortes de edad: "La simultaneidad entre el IMV y el subsidio por desempleo se duplica a partir de los 52 años", momento en el que esta ayuda laboral adquiere un carácter indefinido y "pasa a operar, en la práctica, como una prestación de último recurso que concurre con el IMV de forma ininterrumpida hasta la jubilación", según describe el organismo independiente.

El coste de oportunidad

La mayor simultaneidad de las ayudas a partir de los 50 años no es casual. Este subsidio para desempleados senior nació para proteger a quienes presentan mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral tras perder su empleo, una realidad que reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La proporción de parados mayores de 50 años que llevan más de un año buscando empleo ha pasado de representar el 35% del total en 2019 al 50% en 2026. Aaunque el paro de larga duración se ha reducido, el desempleo senior ha ganado peso sobre el total, consolidando a estos trabajadores como uno de los colectivos con mayor riesgo de permanecer alejados del mercado laboral.

Para la AIReF, la protección que ofrece la compatibilidad entre ambas prestaciones explica parte del problema. El organismo considera que, cuando el IMV y el subsidio para mayores de 52 años se perciben de forma simultánea, aumenta el coste de oportunidad de abandonar el sistema de ayudas para aceptar un empleo.

Así, cuando un mismo beneficiario compatibiliza el IMV con el subsidio por desempleo, el nivel de protección económica que recibe es mayor, lo que, según la AIReF, incrementa los incentivos a permanecer dentro del sistema de prestaciones. El informe revela que el 46% de los hogares sigue percibiendo el IMV cinco años después de acceder a la prestación, un porcentaje que alcanza el 57% entre quienes reciben una mayor cuantía.

Seguridad Social traslada la presión a Trabajo

Pese a la propuesta de la AIReF de revisar la simultaneidad entre el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado la necesidad de modificar el diseño actual. Fuentes del departamento que dirige Elma Saiz han defendido que, "por su diseño como prestación de último recurso", resulta "razonable" que el IMV "conviva" con "otras prestaciones similares".

Y, en respuesta al señalamiento de la AIReF respecto a las duplicidades que se generan entre el Ingreso Mínimo y el subsidio para mayores de 52 años, el Ministerio de Seguridad Social ha preferido esquivar el choque directo y ha trasladado la responsabilidad hacia sus socios de coalición, advirtiendo de que cualquier modificación sobre esta ayuda por desempleo "es algo que compete a más administraciones, como el Ministerio de Trabajo" de Yolanda Díaz.

Las advertencias sobre el subsidio trascienden a la AIReF

Sin embargo, las advertencias de la AIReF no son un caso aislado. El diseño del subsidio para mayores de 52 años lleva años siendo objeto de críticas por parte de distintos organismos nacionales e internacionales. La reforma aprobada en 2019 por el Ministerio de Trabajo rebajó la edad de acceso de los 55 a los 52 años, eliminó el criterio de renta familiar para evaluar únicamente los ingresos individuales del solicitante y elevó la base de cotización abonada por el SEPE para la futura pensión desde el 100% hasta el 125% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Desde entonces, las implicaciones de esta reforma han sido señaladas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que en su Estudio Económico sobre España advertía de que "el 70% de todos los beneficiarios de la asistencia por desempleo tienen 50 años o más, y muchos de ellos acaban, en la práctica, transitando hacia la jubilación en lugar de intentar reincorporarse al mercado laboral". Además, el organismo internacional cuestionaba que la ayuda generaba un trato desigual por edad y desincentivaba la vuelta al trabajo, especialmente para los salarios bajos, donde la pérdida del subsidio y de su sobrecotización generaba una "tasa fiscal" efectiva superior al 100%.

En la misma línea, el Banco de España alertaba en su Informe Anual de que la duración indefinida y la sobrecotización reducían la probabilidad de reingreso al empleo, detallando que en 2021 "solo un 8,9% consiguió volver al trabajo al menos un día en 2022", frente al 29,9% de quienes percibían prestaciones contributivas. Además, Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) calculaba que esta ampliación de la cobertura generará un coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros debido al aumento del gasto futuro en pensiones y a la pérdida de ingresos por cotizaciones.

Respuesta de Trabajo: el CAE

Ante las críticas, el Ministerio de Trabajo introdujo en noviembre de 2024 el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para permitir compatibilizar el subsidio con un empleo y reducir los desincentivos. Sin embargo, según la Memoria del CES (Consejo Económico y Social), el CAE solo alcanzó a una media mensual de 47.981 beneficiarios en 2025, lo que equivale a un 6,1% de los potenciales beneficiarios.

Y para rematar, el CES alertaba de una "significativa" inestabilidad laboral en este esquema, con un volumen de reanudaciones (9.465 mensuales) casi idéntico al de altas iniciales (9.807), lo que revelaba una alta rotación y dificultades para consolidar la vuelta al trabajo de los desempleados más vulnerables