La trampa del subsidio para mayores de 52 años: su tasa de paro de larga duración pasa del 35% al 50%

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reformó en marzo de 2019 el subsidio para mayores de 52 años a fin de ampliar la protección de los trabajadores de más edad frente a las dificultades para encontrar empleo en las edades más avanzadas. Sin embargo, siete años después, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la proporción de desempleados mayores de 50 años (conocidos como sénior en el argot laboral) que llevan más de un año buscando empleo han pasado de representar el 35,7% sobre el total de 2019 al 50% en 2026.

En datos absolutos, en el primer trimestre de 2019 había 542.100 desempleados mayores de 50 años que llevaban más de un año buscando trabajo sobre un total de 1.515.600 parados de larga duración. Es decir, los sénior representaban a algo más de uno de cada tres del colectivo. En 2026, el número de parados mayores de 50 años se ha reducido hasta los 475.100. No obstante, la caída del desempleo total ha sido todavía mayor, hasta los 949.200. Como consecuencia, los desempleados de larga duración han pasado a representar a uno de cada dos del total.

Estas cifras muestran que, aunque el paro de larga duración se ha reducido en todas las franjas de edad, el desempleo sénior ha ganado peso sobre el total. Una situación que sugiere que los trabajadores mayores de 50 años que permanecen en el paro más de un año encuentran más dificultades para reincorporarse al mercado laboral, concentrándose progresivamente en situaciones de desempleo persistente, a diferencia de lo que sucede en otras cohortes de edad.

Desincentivo a la vuelta al mercado laboral

Precisamente sobre esta cuestión alerta un informe publicado este lunes por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que analiza el impacto sobre el empleo del subsidio para mayores de 52 años. Los investigadores concluyen que, aunque los cambios introducidos en la prestación por la ministra de Trabajo mejoran la protección de los beneficiarios, también "reducen los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial)".

De hecho, el Banco de España también advirtió de estas mismas consecuencias la semana pasada durante la presentación de su Informe Anual 2025. En el documento, la institución que gobierna José Luis Escrivá indicaba que entre los beneficiarios de este subsidio, en 2021, "solo un 8,9% consiguió volver al trabajo al menos un día en 2022", una cifra inferior al 29,9% observado entre quienes percibían otras prestaciones contributivas por desempleo.

Ante este diferencial, el Banco apuntó a algunos elementos propios de esta prestación que podrían dificultar la vuelta al mercado laboral. En particular, "dos características diferenciales respecto a otros sistemas de protección por desempleo: su duración indefinida hasta el momento de la jubilación" y la cotización para la jubilación con cargo a los servicios públicos de empleo". Estas particularidades llevaron al supervisor a recordar que "existe una amplia rama en la literatura que relaciona duraciones prolongadas de las ayudas al desempleo con bajas tasas de reentrada al empleo". Además, añadió que "una parte relevante del desincentivo a la reincorporación al empleo que genera el subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años estaría asociado a la sobrecotización que conlleva esta prestación", aunque matiza que esta última evidencia debe interpretarse con "cautela".

¿Qué cambió la reforma de Yolanda Díaz?

Pese a que el subsidio para mayores de 52 años existe desde 1984, su diseño ha experimentado varios cambios. Ante el elevado paro de la crisis financiera, en 2013, el Gobierno endureció sus condiciones de acceso y permanencia. Sin embargo, seis años después, en un contexto de expasnión económica, la ministra Yolanda Díaz volvió a reformar la ayuda: revirtiendo los recortes y ampliando otras protecciones.

Entre otras novedades, la reforma rebajó la edad mínima de acceso de los 55 a los 52 años, eliminó el criterio de renta familiar para evaluar únicamente los ingresos del solicitante, permitió mantener la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación —en lugar de extinguirla cuando el trabajador podía acceder a una jubilación anticipada— y elevó la base de cotización abonada por el SEPE para la futura pensión desde el 100% hasta el 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Ante las medidas implementadas por Yolanda Díaz, la tendencia iniciada tras la reforma de 2013 se invirtió. Fedea señala que los recortes aprobados durante la crisis financiera redujeron progresivamente el alcance del subsidio hasta el punto de que el peso de los perceptores sobre el total de desempleados cayó desde niveles próximos al 50% hasta situarse en torno al 30%. Sin embargo, la ampliación de la cobertura aprobada en 2019 revirtió esta dinámica. Según las estimaciones de los investigadores, si la reforma no se hubiera aprobado, el número de beneficiarios habría seguido disminuyendo. En cambio, calculan que la ampliación de la protección elevará progresivamente el número de perceptores hasta alcanzar los 529.880 en 2030. De hecho, el incremento de beneficiarios atribuibles a la reforma pasará desde las 63.586 personas en 2019 hasta las 315.718 en 2030, según el centro de estudios.

Un incremento que tiene también consecuencias sobre las cuentas públicas. De acuerdo con el informe de Fedea, el alza de beneficiarios provocará un mayor gasto del SEPE en el pago del subsidio y de las cotizaciones asociadas, que pasará desde los 400 millones de euros en 2019 hasta los 1.818 millones en 2030. Asimismo, los investigadores calculan que la reforma generará para la Seguridad Social un coste adicional de 17.935 millones de euros, derivados tanto del aumento del gasto futuro en pensiones (9.456 millones de euros) como de la pérdida de ingresos por cotizaciones sociales mientras los beneficiarios permanezcan fuera del mercado laboral (otros 8.479 millones).