Los altos funcionarios plantan cara al Gobierno por su maniobra para nombrar al nuevo director del Tesoro

El atajo legal al que ha recurrido el Gobierno para nombrar a Pablo Sánchez-Blanco Mancera como nuevo director general del Tesoro Público no ha sido bien recibido por los altos funcionarios del Estado.

La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha acordado estudiar acciones legales contra el decreto con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha activado una excepción para poder situar al frente del organismo al marido de Pilar Sánchez-Acera, secretaria general del PSOE de Madrid y 'número dos' del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López.

Se trata de un perfil que no es funcionario de carrera del subgrupo A1, como contempla la norma general, sino que ha pasado la mayor parte de su trayectoria en el Banco de España. Por eso, el Gobierno modificó la normativa de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, para incluir a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera entre los órganos cuyos titulares pueden ser nombrados sin ostentar esa condición. Lo hizo al amparo del artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite esta excepción.

Pero la Federación -que aglutina a 46 asociaciones y sindicatos de cuerpos superiores de funcionarios públicos de carrera- considera que el cambio legal "amplía de forma injustificada el alcance de una excepción que el legislador configuró como extraordinaria y estrictamente motivada, con el consiguiente riesgo de desvirtuar la regla general que reserva determinados puestos directivos de la Administración General del Estado a funcionarios de carrera".

"Lo verdaderamente preocupante es el uso y abuso de modificaciones normativas para ampliar el ámbito de excepciones que deben ser extraordinarias hasta el punto de alterar progresivamente el modelo de dirección pública profesional diseñado por el legislador".

La Federación dice no poner en cuestión la capacidad profesional, la trayectoria ni la vinculación al sector público de Sánchez-Blanco Mancera. "Lo que está en juego no es un nombramiento concreto. Lo que está en juego es el modelo de dirección pública que queremos para nuestro país. Si las excepciones dejan de ser excepciones y se convierten en la vía para modificar la regla general cada vez que resulta conveniente, estaremos debilitando uno de los pilares esenciales de una Administración profesional, independiente y al servicio de todos los ciudadanos", ha concluido Ana Ercoreca de la Cruz.

En este sentido, dicen que el artículo 103.3 de la Constitución establece que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de mérito y capacidad. Asimismo, el artículo 66.2 de la Ley 40/2015 configura como regla general que los directores generales sean nombrados entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, permitiendo excepciones únicamente cuando las especiales características de las funciones del órgano así lo justifiquen de forma expresa.

La Federación dice que esta reserva de los puestos para funcionarios "no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía institucional al servicio de la ciudadanía". "Su finalidad es asegurar que quienes ejercen funciones de dirección pública y ejercen potestades administrativas lo hagan desde la profesionalidad, la objetividad, la independencia y el sometimiento exclusivo al interés general", señalan.

Y creen que el propio Gobierno reconoce en el Real Decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que hay "perfiles plenamente cualificados dentro de la función pública para desempeñar estas responsabilidades y que la finalidad de la reforma no responde a la inexistencia de candidatos adecuados, sino a la ampliación del ámbito de una excepción que la ley configura como extraordinaria".

Asimismo, echan por tierra las razones invocadas por el Gobierno (elevada especialización técnica, el conocimiento transversal del sistema financiero o la experiencia profesional) para justificar el cambio legal. Pues, añaden, estas "concurren igualmente en numerosos cuerpos superiores de la Administración General del Estado, cuyos miembros han desempeñado históricamente responsabilidades de la máxima complejidad técnica en los ámbitos económico, financiero, regulatorio y jurídico".

Temen que estos cambios impulsados por el Ejecutivo puedan terminar "vaciando de contenido la reserva funcionarial prevista en la Ley 40/2015", por lo que la asociación estudiará las acciones legales que procedan con el objetivo de preservar el modelo constitucional de función pública y la profesionalización de la alta dirección administrativa.

El Consejo de Ministros aprobó el martes nombrar a Sánchez-Blanco como sustituto de Carla Díaz Álvarez de Toledo, que ha sido nombrada a su vez presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).