El Gobierno busca perpetuar su control sobre todas las inversiones extranjeras

El Gobierno plantea perpetuar el control sobre las inversiones de empresas europeas en España que ostenta actualmente mediante una norma aprobada en la pandemia y que ha tenido que ir prorrogando en sucesivas ocasiones. El Ministerio de Economía ha abierto una Consulta Pública Previa para la reforma de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

El proyecto del departamento que dirige Carlos Cuerpo plantea "incluir" dentro de la reforma legislativa "el régimen de control para determinadas inversiones intracomunitarias para que deje de ser un régimen transitorio". Hasta ahora, el Ejecutivo ha extendido en varias ocasiones la vigencia del denominado 'escudo antiopas' en el ámbito de las inversiones intracomunitarias. Y ha tenido que buscar el apoyo parlamentario cada vez que ha necesitado extenderlo.

El denominado escudo antiopas se aprobó en 2020 para proteger en la crisis sanitaria del coronavirus a las compañías españolas de ataques por parte de fondos extranjeros que pudieran aprovechar la debilidad bursátil provocada por la pandemia para entrar en estas compañías a precios de derribo. En 2023 aprobó otra norma que hizo que el control sobre inversores extranjeros sea permanente cuando se trata de compañías estratégicas. El escudo le ha servido en el caso de las extracomunitarias para controlar la entrada de la saudí STC en Telefónica.

Pero en el ámbito de las inversiones intracomunitarias, la norma de control gubernamental caduca el 31 de diciembre de 2026. Entre otras cosas, la ha usado para vetar la entrada de inversores húngaros en el fabricante vasco de trenes Talgo.

Con el proceso que estará abierto hasta el 14 de octubre, el Gobierno busca recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por el desarrollo de determinados aspectos de la norma que pretende impulsar. Lo puede hacer directamente o a través de las organizaciones representativas de los sectores afectados.

El objetivo, dice la propuesta, es la "mejora y adaptación del marco español de control de inversiones al nuevo contexto geopolítico". "La experiencia adquirida en la aplicación del actual artículo 7 bis desde su entrada en vigor en 2020 así como la necesidad de adaptar la norma al contexto internacional actual hace conveniente también una modificación de la normativa nacional de control de inversiones", argumenta el ministerio.

Precisamente, otra de las propuestas que valora incluir en la eventual reforma legislativa pasa por "especificar el ámbito subjetivo del apartado 1 del artículo 7 bis". Y también "concretar los sectores sujetos a control según el apartado 2 del artículo 7 bis".

El ministerio puso en marcha este mismo lunes otra Consulta Pública Previa para elaborar un real decreto sobre el control de las inversiones extranjeras. En él plantea también la posibilidad de incluir "sectores o actividades específicas sujetas a control, como los centros de datos". Precisamente este último es uno de los sectores que está en pie de guerra contra la nueva regulación del Gobierno en la materia, pues considera que puede poner en peligro inversiones millonarias.

En el ámbito del control de inversiones, añade el texto, "la experiencia acumulada y el incremento en el número de inversiones extranjeras sujetas a control hace necesaria la adaptación de la normativa nacional para llevar a cabo un control más focalizado y efectivo acorde a la coyuntura geopolítica y a la nueva norma europea".

Por ello plantea también "incluir una mención específica a la tramitación de las prórrogas de autorización" y "especificar el régimen y procedimiento sancionador aplicable en materia de control de inversiones exteriores".

Fuentes de Economía consultadas por El Independiente recuerdan que el contenido de la consulta previa es solo una propuesta y, en ningún caso, un texto firme. En base a las aportaciones que recabe en la consulta, el Gobierno podrá redactar más adelante un eventual proyecto de Ley que, en todo caso, debería superar todo el trámite parlamentario, en el que también se pueden introducir nuevos cambios.

El Gobierno justifica que "la experiencia acumulada en la aplicación" del marco normativo nacional y comunitario "ha puesto de manifiesto la conveniencia de valorar posibles ajustes de determinados elementos procedimentales en coherencia con el marco de la UE".

Otra parte de la reforma irá dirigida a actualizar el régimen de declaraciones de inversión exterior y el régimen sancionador de la Ley 19/2003. El Gobierno alega que "la evolución del marco normativo aconseja revisar ciertos aspectos del procedimiento sancionador con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica" y "mejorar la claridad" de las normas para poder adecuarlas "a las necesidades actuales".

Comité de Inversiones Estratégicas

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes un real decreto que regula el funcionamiento del Comité de Inversiones Estratégicas. También se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión, con el objetivo de facilitar y priorizar proyectos estratégicos para España en materia de inversión nacional y extranjera.

El objetivo es que el Gobierno pueda decidir qué proyectos tienen prioridad frente a otros. Según la nota de Economía, serán aquellos "que aporten un mayor retorno económico, social y medioambiental al país". Podrán obtener esta declaración de Inversión Estratégica las iniciativas empresariales o de colaboración público-privada, de inversión o reinversión en España, que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país y en las que concurran razones de interés público, social, ambiental o económico.

El Ejecutivo dice que "las comunidades autónomas serán consultadas y su valoración se tendrá en cuenta en la evaluación de cada proyecto". Algo que supone que, a fin de cuentas, el Ejecutivo central se asegure el control total de las declaraciones. La previa le corresponderá al Pleno del Comité, mientras que la
declaración definitiva será otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos (CDGAE), a propuesta del Comité.

Este órgano tendrá una presidencia compartida entre el titular de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y el secretario de Estado de Economía. Además, habrá cinco vicepresidencias, con representación de la Presidencia y los ministerios de Industria, Hacienda, la Secretaría de Estado de Energía y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Asimismo, tendrá 14 vocalías con representantes de otros tantos ministerios.