Unas elecciones sin validez jurídica: el voto en el territorio ocupado por Rusia

Entre el 18 y el 20 de septiembre, Rusia celebra elecciones a la Duma Estatal, la cámara baja de su Parlamento, y por primera vez extiende ese proceso a las zonas ocupadas de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. Se trata de un hecho sin precedentes desde el inicio de la invasión a gran escala: nunca antes una potencia ocupante había integrado territorio ajeno en la elección de su propio Parlamento nacional con esta amplitud. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, no estamos ante un proceso electoral en el sentido habitual del término, sino ante un procedimiento que carece de fundamento legal desde su origen: un Estado ocupante organiza la elección de su propio órgano legislativo en un territorio que no le pertenece.

El derecho internacional humanitario es claro al respecto. El Convenio de Ginebra IV de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, establece en su artículo 47 que los derechos de la población protegida no pueden verse alterados por ningún cambio introducido en las instituciones o el gobierno del territorio ocupado, ni por su anexión. El artículo 49 prohíbe los traslados y deportaciones de población, incluida la instalación de población propia del ocupante en el territorio ocupado, y el artículo 54 protege el estatuto de los funcionarios públicos locales frente a la administración de ocupación. 

Los seudorreferendos celebrados por Moscú en septiembre de 2022, invocados como base jurídica de la "anexión" de estas cuatro regiones, fueron declarados nulos por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución ES-11/4, del 12 de octubre de 2022, titulada "Integridad territorial de Ucrania: defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas", aprobada por 143 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones. Ningún Estado democrático ha reconocido esa anexión. En consecuencia, cualquier procedimiento electoral ruso posterior en ese territorio carece de validez jurídica, con independencia de la forma que adopte a nivel interno.

Se trata de una votación organizada por una potencia militar ocupante, en una zona de guerra activa que no es territorio soberano de esa potencia"

El problema no se limita al estatuto del territorio: lo vicia también el procedimiento mismo, y aquí conviene precisar de qué se habla. No se trata de las carencias generales del sistema electoral ruso, sino de algo distinto: se trata de una votación organizada por una potencia militar ocupante, en una zona de guerra activa que no es territorio soberano de esa potencia. Según el informe Freedom in the World 2025 de Freedom House sobre las regiones ucranianas bajo control ruso, los partidos ucranianos están proscritos en esas zonas y solo pueden presentarse candidatos afines a la ocupación; el mismo informe documenta que en los comicios de 2023 fue personal militar quien acompañó el llamado "voto a domicilio" y presionó directamente a los residentes para que acudieran a las urnas.

Ese patrón de coacción física ya había sido descrito en "el referéndum" de septiembre de 2022 por el propio gobernador ucraniano de Lugansk, quien relató que las comisiones electorales se desplazaban casa por casa escoltadas por personal armado, registrando la identidad de quienes se negaban a votar a favor de la anexión. A ella se suma una coacción administrativa que solo tiene sentido en un contexto de ocupación: Freedom House documenta amenazas de despido a funcionarios públicos que no votan, y casos en los que el acceso a pensiones o a ayuda humanitaria se ha condicionado a la aceptación del pasaporte ruso, el instrumento con el que Moscú convierte a la población de un territorio ajeno en "electorado" propio.

A esto se añade que una parte relevante de la población originaria de estas cuatro regiones se encuentra desplazada dentro de Ucrania o refugiada en el extranjero —consecuencia directa de la guerra y la ocupación, no de ningún rasgo del sistema político ruso. Por todo ello, la propia OSCE, en su declaración conjunta del 6 de agosto de 2026, condenó estas condiciones y advirtió de que los resultados de la votación en los territorios ocupados de Ucrania "no tendrán validez alguna conforme al derecho internacional".

Merece atención especial la práctica de invitar "observadores" extranjeros. El mandato internacional oficial de observación electoral en el espacio postsoviético corresponde a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR), que lleva años sin acceso a este tipo de comicios: no fue invitada a las elecciones a la Duma de 2021 tras imponer Rusia condiciones que la propia ODIHR consideró inviables, ni a la elección presidencial de 2024. En su lugar, los organizadores recurren a un círculo reducido de ciudadanos extranjeros —políticos de segunda fila, representantes de partidos marginales, blogueros— sin mandato oficial de sus propios gobiernos ni de ningún organismo internacional reconocido. Su función es puramente comunicativa: tras una visita breve y controlada, certifican públicamente la "transparencia" del proceso, y esas declaraciones son después difundidas por los medios estatales rusos como prueba de reconocimiento internacional.

Esta práctica está documentada por proyectos independientes de monitorización. La Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE) mantiene desde hace años una base de datos específica, Fake Observers (fakeobservers.org), que identificó a 178 "observadores internacionales" fraudulentos en la elección presidencial rusa de marzo de 2024, de un total de unos 1.115 procedentes de 129 países, mientras los observadores reales de la OSCE quedaban excluidos.

Entre los casos registrados en esa base de datos figuran dos ciudadanos españoles. Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, "observó" el referéndum de anexión de Zaporiyia en septiembre de 2022, "monitorizó" las elecciones de 2023 en el Donetsk ocupado y calificó la elección presidencial rusa de 2024 de "perfectamente organizada", con "gente que vota tranquila" en un ambiente "de calma y transparencia", según la cita recogida por EPDE. Israel Arconada Gómez, conocido públicamente como Katu Arkonada, figura entre los observadores de los comicios de septiembre de 2023 en los territorios ocupados, donde —según recogió la agencia estatal rusa Tass— declaró no haber hallado indicios de presión ni de compra de votos en Lugansk y describió el proceso como conforme a los "estándares aceptados" en materia de autodeterminación.

La propia EPDE emitió además, en septiembre de 2023, un comunicado específico sobre la observación fraudulenta de las votaciones rusas en los territorios ucranianos ocupados. Se trata, en suma, no de observación independiente, sino de un elemento de estrategia comunicativa que simula una legitimidad que, por definición, no puede existir.

Presentar la votación en los territorios ocupados de manera neutral, sin las salvedades correspondientes, equivale a legitimar indirectamente la ocupación"

Conviene situar este problema en un contexto más amplio. El déficit de estándares democráticos es característico del propio proceso electoral ruso: la oposición real es sistemáticamente apartada en la fase de registro de candidaturas, el espacio mediático permanece bajo control estatal y la observación independiente dentro del propio país se ve dificultada por presión administrativa y, en ocasiones, penal. En los territorios ocupados de Ucrania estas carencias estructurales no constituyen una excepción, sino que se agravan por un factor adicional: la vulneración directa de las normas del derecho internacional humanitario, que por sí sola excluye la posibilidad de una libre expresión de la voluntad popular.

La votación del 18 al 20 de septiembre en los territorios ocupados de Ucrania no genera consecuencias jurídicas ni puede considerarse un proceso electoral legítimo, con independencia de la participación registrada, de los resultados oficiales o del número de ciudadanos extranjeros dispuestos a calificarlo públicamente de democrático. Presentar esta votación de manera neutral, sin las salvedades correspondientes, equivale a legitimar indirectamente la ocupación. Por ello, los medios de comunicación profesionales y las instituciones internacionales deben calificar de forma sistemática y coherente este procedimiento como carente de efecto jurídico alguno.

Oleksandr Slyvchuk es coordinador del Programa de Cooperación con España y América Latina, Transatlantic Dialogue Center (Kyiv).