Las elecciones no frenarán el avance del 'caso cloacas', pero retrasarían una eventual imputación del PSOE

El adelanto de las elecciones generales no impedirá que las causas judiciales que afectan al PSOE sigan su curso en los tribunales. Entre ellas, la investigación en la que el juez Santiago Pedraz avanza desde mayo para ahondar en la existencia de una presunta 'cloaca' vinculada a la formación socialista. Según confirman fuentes jurídicas a El Independiente, el caso seguirá adelante durante la campaña electoral y se mantendrá el ritmo ordinario, aunque determinadas diligencias que conlleven un impacto político especialmente directo podrían aplazarse si no existe urgencia, como sería el caso de una eventual imputación del PSOE como persona jurídica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó a primera hora de este lunes la convocatoria para que los ciudadanos acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre. Coincide con una fase en la que el 'caso cloacas' tiene todavía varias diligencias pendientes de practicar. De hecho, la primera de ellas será la declaración este jueves de la magistrada Beatriz Biedma —jueza que investigó al hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez—, después de que Pedraz admitiera su personación como perjudicada.

Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por este periódico explican que la convocatoria de elecciones no supone ningún cambio en el funcionamiento de los procedimientos judiciales. El instructor continuará acordando nuevas citaciones y diligencias durante la campaña, también aquellas que afecten directamente al PSOE. No obstante, fuentes de la Fiscalía apuntan a este periódico que se aplazarán la petición de ciertas actuaciones que puedan tener un impacto político más directo si no resultan urgentes, como sería el caso de una posible imputación de la formación socialista como persona jurídica.

La intención es evitar acusaciones de interferencias en el proceso electoral. El precedente más reciente está en mayo de este mismo año. Tal y como informó El Independiente, la Fiscalía recomendó esperar a que pasaran las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo para citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'. En efecto, la imputación se produjo finalmente el 19 de mayo, dos días después de los comicios.

Las declaraciones de los investigados

En el 'caso cloacas', Pedraz tiene todavía por delante nuevas declaraciones que practicar y varias líneas de investigación abiertas. La causa acumula ya una larga lista de imputados en las distintas ramas que el magistrado ha ido incorporando a sus pesquisas, entre ellas la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otros cargos y responsables de la empresa pública.

Entre otros nombres, entre los imputados aparecen el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la gerente federal del partido, Ana María Fuentes; el exdirigente socialista Gaspar Zarrías; los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y el empresario Javier Pérez Dolset. El juez incorporó además a esta línea al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, a partir de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A partir de ahí, el juez todavía debe avanzar en las distintas líneas de investigación y tomar declaración a más personas implicadas en esa supuesta trama que pretendía desbaratar las causas judiciales que afectasen a los socialistas, influyendo en jueces, fiscales y agentes de la Policía y la Guardia Civil. Según la investigación, al frente de esta red de 'cloacas' se encontraba precisamente la exmilitante Leire Díez, mano a mano con Santos Cerdán. Ninguno de ellos se ha sentado todavía ante el juez.

Por su parte, el PSOE no figura, por ahora, como investigado en esa causa en calidad de persona jurídica. Si la instrucción llegara a ese punto, el Código Penal —en el artículo 31 bis— extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas también a los partidos políticos, y contempla penas que van desde la multa hasta la disolución. No obstante, la ley establece como vía de exención que el partido acredite que contaba con mecanismos eficaces de prevención y control —los conocidos programas de 'compliance'— y que, de haberse cometido los delitos investigados, estos se produjeron eludiendo fraudulentamente esos controles, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

El caso sobre los pagos en el PSOE

El otro frente judicial está en manos del juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional las tres piezas restantes del 'caso Koldo'. Una continúa con las mascarillas con la mirada puesta en las adjudicaciones de Canarias y Baleares durante los gobiernos de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. Según fuentes conocedoras del caso, el cierre de su instrucción se está ya "ultimando". Otra investiga presuntos amaños en obra pública, con Santos Cerdán como pieza central. El augurado informe patrimonial de la UCO sobre el exsecretario de Organización socialista llegó a 17 de julio, y cifró en más de 323.000 euros lo que Cerdán y su entorno habrían obtenido a través de la empresa Servinabar, coincidiendo sus máximos con los años en que Acciona resultó adjudicataria de las obras investigadas.

La tercera, bajo secreto desde finales del año pasado, investiga los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 a raíz de un posible descuadre entre lo que el partido entregó a José Luis Ábalos y a Koldo García y lo que ambos justificaron. Moreno la abrió a petición del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, con la documentación que aportó el propio PSOE, y dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción. Es la pieza en la que Víctor de Aldama entregó en marzo un sobre que le habría hecho llegar la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y a la que acudió discretamente a declarar el pasado 8 de julio.