La Fiscalía recomendó aplazar la imputación de Zapatero hasta después de las elecciones andaluzas

El Ministerio Fiscal recomendó esperar a que pasaran las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, antes de citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del 'caso Plus Ultra', para evitar cualquier interferencia en el proceso electoral, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de la investigación.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, José Luis Calama, ha levantado este martes el secreto de las actuaciones de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021. El magistrado ha señalado a Zapatero como presunto líder de una red que habría facilitado esta ayuda a la compañía, y le ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

En esta misma línea, fuentes policiales consultadas por El Independiente, aseguran que los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estaban ya "terminados y listos" desde la semana pasada y que la documentación patrimonial y societaria "relevante" sobre el entorno del presidente ya se había remitido a la Audiencia Nacional.

Sin embargo, se decidió por actuar "con prudencia" y esperar para evitar movimientos que pudieran "alterar" el debate político en los últimos días antes de las urnas. "Los informes estaban ya preparados la semana pasada", insisten desde el entorno policial a este periódico: "Pero se entendió que lo más garantista era esperar".

"Preocupación" por acusaciones de 'lawfare'

Mandos policiales consultados sostienen que dentro de la investigación existía "preocupación" por el riesgo de que cualquier actuación judicial o policial en plena campaña andaluza fuese interpretada como una operación política contra el PSOE. "No queríamos dar ningún argumento para que se hablara de lawfare o de injerencia electoral", resumen.

Así, señalan que dentro de la investigación se asumía el riesgo de que una citación a Zapatero, el registro de dependencias vinculadas a su entorno o la difusión de diligencias durante la campaña acabaran monopolizando el debate político y restando legitimidad a las pesquisas.

En el seno de la Policía Nacional existe además cierto malestar por las acusaciones lanzadas en los últimos días desde sectores políticos que cuestionan las motivaciones de la investigación. Fuentes policiales recuerdan que la UDEF "trabaja bajo mandato judicial y fiscal" y niegan cualquier utilización partidista de las pesquisas. "Precisamente se retrasó todo para evitar cualquier sospecha de interferencia política", reconocen.

La decisión de posponer los pasos más delicados de la causa coincide además con los comunicados emitidos este martes por sindicatos policiales, en los que denuncian campañas de "desprestigio" contra los investigadores. En privado, varios agentes consideran que el hecho de haber esperado al final del ciclo electoral demuestra justamente la intención de blindar la investigación frente a acusaciones de instrumentalización política.

"Si se hubiera querido influir políticamente, se habría filtrado o actuado antes de las elecciones", apunta otra fuente policial consultada por El Independiente. "Lo que se hizo fue exactamente lo contrario, contener cualquier movimiento hasta que pasara el proceso electoral para proteger la investigación y a la propia Policía", sentencian.

Zapatero, presunto líder de una red de influencias

El juez Calama levantó finalmente este martes el secreto de las actuaciones y acordó citar a declarar al expresidente socialista el próximo 2 de junio. En su resolución, el instructor sitúa a Zapatero al frente de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias que, presuntamente, habría puesto "sus contactos personales y capacidad de acceso a altos cargos" al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables, especialmente relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

Según el instructor, los directivos de Plus Ultra habrían activado dos vías de influencia para obtener el rescate: una vinculada al entonces ministro José Luis Ábalos y otra articulada a través del entorno del expresidente socialista, siendo esta última la que habría adquirido un "papel predominante". El juez describe una red presuntamente orquestada por Zapatero que estaba integrada por intermediarios, gestores societarios y sociedades "instrumentales "pantalla" destinadas presuntamente a canalizar los pagos de sus clientes y ocultar el origen y destino de fondos.

La investigación sitúa en el núcleo operativo al empresario Julio Martínez Martínez, a quien el magistrado define como "receptor y ejecutor" de instrucciones directas de Zapatero y responsable de un entramado societario empleado para canalizar fondos procedentes de clientes y empresas vinculadas al caso. La UDEF registró este martes la oficina profesional del expresidente en la calle Ferraz y otras tres mercantiles relacionadas con la investigación, incluida Whathefav, la empresa de marketing administrada por sus hijas.