Seguridad Social desembolsa 529 millones para corregir la discriminación hacia los hombres en las pensiones

La década de litigios por la discriminación del Gobierno hacia los hombres en referencia a los requisitos adicionales que debían cumplir los padres —y no las madres— para acceder al complemento de las pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género se ha saldado en 2025 con un gasto adicional del Ministerio de Seguridad Social de 529 millones de euros. Una cifra que se desprende del Informe de seguimiento 2026 del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, que ha publicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) este jueves.

Del complemento de maternidad al de brecha de género

Hace diez años, en 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo el complemento de maternidad en las pensiones contributivas. Una prestación adicional reservada para las mujeres con dos o más hijos que accedían a una pensión —ya fuese de jubilación, viudedad o incapacidad permanente— para compensar el impacto y las consecuencias que había supuesto sobre sus carreras laborales la maternidad. Sin embargo, en diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que este diseño vulneraba el principio de igualdad de trato, al excluir a los hombres que podían haber experimentado situaciones similares.

Tras el fallo europeo, en 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez sustituyó el complemento de maternidad por el actual complemento para la reducción de la brecha de género. En esta ocasión, hombres y mujeres podían acceder a él y además se extendía hacia los progenitores que solo tuviesen un hijo. Sin embargo, mientras que las mujeres podían acceder al complemento automáticamente, los hombres debían acreditar que el nacimiento/adopción había supuesto un perjuicio en su carrera profesional.

El nuevo diseño volvió a dar lugar a un nuevo ciclo de litigios, que culminó en noviembre de 2023, cuando el Tribunal Supremo reconoció el derecho a "una indemnización para compensar los daños y perjuicios efectivamente sufridos por el solicitante que vio denegada su petición", fijada en 1.800 euros. Desde entonces, se reconoció el derecho de los varones a percibir el complemento en igualdad de condiciones y se abrió la puerta a reclamaciones con efectos retroactivos. Por tanto, aquellos hombres a los que se les hubiera denegado el complemento (a partir de 2021), podían reclamarlo y lo percibirían con carácter retroactivo. Además, en 2026 la cuantía de este complemento asciende hasta los 36,9 euros mensuales por hijo —hasta un máximo de cuatro— y se abona en 14 pagas.

Sentencias judiciales desfavorables

Asimismo, la AIReF alerta de que los niveles de sentencias judiciales desfavorables para las Administraciones Públicas en 2025 "se mantienen en niveles elevados", con un impacto sobre el déficit de 11.200 millones de euros en 2024 y de más de 3.000 millones en 2025. No obstante, desde el organismo que preside Inés Olóndriz advierten de que la cuantía final podría ser superior porque "siguen pendientes la imputación completa del coste derivado de algunas sentencias ya dictadas (...) y la posible interposición de nuevas demandas".

Entre ellas, destaca la sentencia sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos. En mayo de 2024, el TJUE declaró que este tramo, vigente entre 2013 y 2018, era contrario a la normativa europea al permitir tipos diferenciados por territorio. De acuerdo con la Cuenta General del Estado de 2024, se estimó un impacto potencial de hasta 6.500 millones, lo que equivalía a la recaudación autonómica obtenida durante este periodo. Sin embargo, para 2026, "el Tribunal Supremo ya ha dictado varias sentencias contrarias al Estado, con un coste aproximado de 315 millones más intereses, si bien este importe podría aumentar conforme se resuelvan nuevos recursos", señala la AIReF.

A ella se suma la sentencia relativa al almacén de gas Castor. Tras los 1.454 millones registrados en 2020, la AIReF prevé otros 255 millones adicionales en 2026 por tareas de administración y desmantelamiento. Además, indican que el importe podría seguir incrementándose "hasta la clausura definitiva de las instalaciones".

También permanecen abiertos otros frentes judiciales como la sentencia del bono social eléctrico, con un impacto acumulado de 913 millones entre 2022-2025; la correspondiente al Impuesto de Actividades Económicas de las telecos, con un coste ejecutado de 708 millones (si bien el Gobierno ha dotado una provisión de 1.480 millones) y la relativa a la retención de dividendos de fondos de inversión extranjeros, cuyo impacto acumulado supera los 800 millones.

Finalmente, el organismo presidido por Olóndriz alerta de otros litigios pendientes, como los arbitrajes internacionales en materia energética, con posibles condenas de hasta 1.371 millones, y la liquidación de concesiones de autopistas de peaje, con un impacto potencial de 1.800 millones. Y a ellos se suman la "eventual inconstitucionalidad" de la limitación a la deducción de pérdidas por venta de participaciones, la "posible anulación" de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid y diversas reclamaciones vinculadas a las tasas de residuos radiactivos y de reserva del dominio público radioeléctrico.