La compra de vivienda protegida no remonta y cae casi un 12% en un año

La compra de vivienda protegida no remonta. El mercado registra un descenso interanual de casi un 12%, según los datos publicados este mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las medidas para fomentar la compra con ayuda de las Administración no han conseguido mover un ápice los volúmenes de transacciones en un contexto de crisis de acceso al mercado en propiedad.

Durante el mes de junio apenas se vendieron 3.679 unidades, lo que representa el 6,2% del total de operaciones. Las 55.609 tenían carácter libre, con un peso del 93,8%. Y frente al 11,8% que caen interanualmente las viviendas protegidas, las que no tienen ningún tipo de protección crecen un 2,6%. Así que el parque de vivienda social, que durante décadas se levantó en España, ahora está prácticamente estancado.

Las casas con precios de compra inferiores a los del mercado libre promovidas por las diferentes administraciones están ahí. El precio medio de la libre es actualmente un 89% superior al de la protegida, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda del primer trimestre. Es 2.316 euros por metro cuadrado de media frente a 1.222.

Precisamente, el citado departamento asegura que el ritmo de producción está creciendo. En el primer trimestre de 2026 alcanzó la cifra de 5.215 calificaciones definitivas, lo que supone un incremento del 74,9%. Esto supone la mayor cifra de viviendas protegidas terminadas de los últimos 14 años. Ahora bien, el propio Ministerio reconoce que el 41% fueron en régimen de alquiler.

El año pasado se terminaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron 15.500. Son cifras ligeramente superiores a la producción media anual del período 2015-2024, que se situó en 9.000 viviendas. "Estas cifras se encuentran muy alejadas de las 62.000 viviendas protegidas que se terminaban anualmente en la década de los noventa o de las 56.000 viviendas de la década de los 2000", recalca el Banco de España en su último informe anual. El 49 % fueron destinadas a su venta a precios limitados.

Pero más allá de los carteles de las nuevas promociones que surgen en barrios en construcción o en antiguas parcelas durante años desiertas, no están dando respuesta a una creciente demanda que ve las puertas cerradas a la compra. El dinero que se destinaba durante décadas dejó de fluir con el estallido de la crisis inmobiliaria. Entre los noventa y el año 2012 se levantaron de media cerca de 60.000 VPO. Ahora, la escasez de suelo disponible, la subida de precios de los materiales y los largos trámites burocráticos para iniciar una promoción no ayudan precisamente a incentivar su construcción por parte de los promotores privados.

"Sin una respuesta coordinada, el déficit seguirá acumulándose y la presión sobre los precios continuará agravándose. Además, debe tenerse una visión conjunta a largo plazo que impulse segmentos alternativos adaptados a la nueva estructura demográfica del país", afirma Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la Asociación Española de
Consultoría Inmobiliaria (ACI).

Para la organización, la escasa presencia de vivienda protegida resulta "especialmente preocupante" en los territorios donde la brecha entre hogares creados y viviendas terminadas es mayor. Es ahí, dicen, donde se concentra una mayor presión demográfica, hay precios más tensionados y, por ende, mayor dificultad para acceder a la vivienda.

Muchas de las viviendas construidas durante décadas con carácter protegido eran impulsadas por la iniciativa privada, aunque percibieran ayudas públicas. La mayoría, podían descalificarse en un plazo determinado (por ejemplo, treinta años), y salir al mercado libre y venderse a precio de mercado.

Una de las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que dirige Isabel Rodríguez es precisamente el blindaje público de ese tipo de casas con carácter permanente si han recibido financiación del Estado. Aunque cada Comunidad autónoma tiene cedidas las competencias y puede establecer una regulación distinta.