La AIReF se alinea con el Gobierno para fijar un déficit a la carta para cada comunidad autónoma

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se ha mostrado a favor de establecer un déficit asimétrico o "a la carta" para las comunidades autónomas. Una fórmula que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa a las autonomías en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir objetivos diferenciados según la situación fiscal de cada territorio.

Durante la presentación del Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las Administraciones públicas en 2026 de este martes, la presidenta de la institución, Inés Olóndriz, ha defendido esta medida argumentando que "la situación de partida de las comunidades autónomas no es la misma". Olóndriz ha justificado la asimetría comparando lo que sucedió con el nuevo marco fiscal europeo: "No podemos aplicar lo mismo a todos los países, porque no todos los países están en la misma situación".

Esta posición de la AIReF ha vuelto a poner el foco sobre la figura de su presidenta, Inés Olóndriz, cuya independencia fue cuestionada al ser propuesta por la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, al cargo del organismo supevisor, debido a su cargo previo como Secretaria General de Financiación Autonómica y Local. Un puesto desde el que participó directamente en el diseño de políticas públicas clave como la quita de la deuda autonómica o la reforma del sistema de financiación autonómica que ahora, al frente de la institución, le tocará evaluar.

En este sentido, Olóndriz se ha mostrado alineada con la propuesta de asimetría de Hacienda este martes. La presidenta de la AIReF ha defendido que se debe dotar de realismo al sistema, ya que "nadie puede esperar que pasen de un déficit del 1,7% o 1,5% [...] al 0%", en alusión a regiones con una financiación inferior a la media como la Comunidad Valenciana o Murcia. Para Olóndriz, si no se diseñan objetivos que sean "creíbles" y "factibles", el marco fiscal nacional "acaba perdiendo credibilidad".

El debate del déficit asimétrico

La propuesta de un déficit asimétrico fue planteada por el Ministerio de Hacienda a principios de junio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Aunque el Gobierno fijó un objetivo común de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas entre 2027 y 2029, se mostró dispuesto a que este margen se distribuya de forma diferenciada.

Esta flexibilidad permitiría que regiones con mayores dificultades presupuestarias dispusieran de un porcentaje de déficit superior si el resto de las comunidades autónomas acepta "voluntariamente y por unanimidad" redistribuir el margen.

La iniciativa generó división entre las autonomías. Mientras que Cataluña respaldó la asimetría argumentando que "lo que es insolidario es que todas las comunidades autónomas tengamos el mismo margen pese a tener distintas situaciones presupuestarias", las regiones gobernadas por el Partido Popular mostraron un rechazo mayoritario. Desde la Comunidad de Madrid defendieron que, de introducirse diferencias, estas deberían beneficiar a quienes cumplen las reglas fiscales, mientras que Extremadura calificó la propuesta como algo "que nadie había pedido". No obstante, la Comunidad Valenciana y Murcia no cerraron la puerta a analizar el planteamiento del Ministerio.

Déficit cinco décimas superior al estimado por el Gobierno

Asimismo, en su informe de 2026, la AIReF mantiene la previsión de déficit para el conjunto de las administraciones públicas en el 2,6% del PIB (un 1,8% si se excluyen los efectos de la DANA, el tren de borrascas y la crisis de Oriente Medio), lo que suponen cinco décimas más que la previsión del Gobierno.

Además, la AIReF advierte del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración Central y en la mayor parte de las comunidades autónomas, señalando que para poder cumplirla en 2026 se requeriría "aplicar medidas adicionales por un importe equivalente al 0,6% del PIB", lo que supondría aplicar ajustes por valor de 10.000 millones de euros.

En concreto, el marco fiscal nacional establece que las administraciones públicas deben limitar el crecimiento de su gasto computable hasta el 3,5%. Sin embargo, la previsión del organismo supervisor indica que el Estado impulsará su gasto un 8,8% y las CCAA otro 4,2% respecto a 2025. Tan solo las corporaciones locales cumplirían la regla (2,6%) aunque a estos entes territoriales se les exigía equilibrio presupuestario.