La fecha en rojo

La orden se publicó el catorce de agosto, el día del año en que menos gente lee el Boletín Oficial del Estado con la sintaxis neutra de todos los textos de su clase y autoriza a la central nuclear de Almaraz a seguir funcionando hasta el ocho de junio de dos mil treinta. Treinta y un meses más para un reactor, diecinueve para el otro. Deroga la autorización de 2020 sin una sola palabra que reconozca que durante años se sostuvo lo contrario. Quien se moleste en leer sus razones encontrará allí, escrita por la misma Administración que defendió el cierre, la refutación de sus propios argumentos.
Dice el texto que la incertidumbre internacional y el precio del gas aconsejan conservar una fuente de electricidad estable, que mantenerla ayuda a contener las subidas de precio y que refuerza la seguridad del suministro. Dice, como una obviedad, que apagarla habría sido un error. Es una rectificación completa, redactada de manera que nadie tenga que pronunciar esa palabra.

El calendario que ahora se mueve no cayó del cielo. Lo pactaron en 2019 las empresas con Enresa, la sociedad pública que se ocupa de los residuos, pero tuvo una autora política, Teresa Ribera. Almaraz I debía cerrar en 2027, Almaraz II en 2028, el último reactor español en 2035. Ribera convirtió aquel apagón programado en una prueba de modernidad, con un razonamiento que tenía la sencillez de un ejercicio escolar: las renovables son limpias y baratas, la nuclear vieja y cara, una sustituye a la otra. Un sistema eléctrico, sin embargo, no es un catálogo. La comparación sensata no enfrenta una central nueva con un campo de placas solares, sino el coste de mantener un reactor que ya existe y funciona con el de aquello que habrá de cubrir su hueco las noches sin viento. Ribera se marchó a Bruselas. La fecha se quedó en el Campo Arañuelo.

Para entender qué había en juego hay que ir hasta allí. Alrededor de Navalmoral de la Mata nadie habla de transición ecológica. Hay proveedores que llevan treinta años sirviendo a la central, bares que se llenan cuando llegan los cientos de operarios de cada parada de recarga, ayuntamientos que cuadran sus cuentas con lo que la instalación deja, chicos que estudiaron una carrera técnica pensando en un empleo a veinte minutos de casa, familias que programaron su vida alrededor de una fecha decidida sin ellas. Cerrar la central sin haber levantado antes algo comparable no habría sido un paso hacia el futuro, sino otra pérdida difícil de revertir en una tierra que ya sabe cómo se vacía un pueblo.

Nada de eso convierte a una central en intocable. Si no es segura, se cierra, y esa decisión no corresponde a un partido, a una empresa ni a un artículo de periódico. Sumar afirma que Almaraz ha sobrepasado su vida útil, como si un reactor llevara impresa una fecha de caducidad. La antigüedad importa, y obliga a vigilar cada vez más de cerca los materiales y los equipos. Lo que no existe es una frontera invisible que vuelva insegura el martes una instalación que era segura el lunes por haber cumplido una cifra redonda. Lo que decide es una autorización sometida a controles estrictos, no una superstición del calendario.

La comparación sensata no enfrenta una central nueva con un campo de placas solares, sino el coste de mantener un reactor que ya existe y funciona con el de aquello que habrá de cubrir su hueco las noches sin viento.

En este caso hubo un dictamen: veintinueve documentos elaborados por dieciséis áreas del Consejo de Seguridad Nuclear, más de seiscientas páginas, cuatro votos a favor, una abstención y ninguno en contra. Se examinó el envejecimiento de las estructuras, el comportamiento de los equipos, la gestión del combustible, la protección contra incendios, el personal disponible. El informe fue favorable, con condiciones. Se puede desconfiar de las eléctricas, y a menudo es sano hacerlo, pero para declarar irresponsable la prórroga habría que refutar esas seiscientas páginas. Sustituirlas por la frase «vida útil sobrepasada» ahorra mucho trabajo.

Se dice también que mantener Almaraz retrasa la lucha contra el cambio climático. Cuesta sostenerlo de una fuente que no emite gases al producir electricidad y que, contando todo su recorrido, desde la construcción hasta el desmantelamiento, está entre las más limpias que existen. La propia orden pone números a la contradicción: calcula que en 2030 la prórroga hará que se produzca un 1,4 por ciento menos de electricidad renovable de la prevista, y un 7 por ciento menos con gas. Lo primero es casi nada, lo segundo cuenta. Retirar una fuente limpia, quemar más gas y llamarlo avance climático solo funciona si la palabra renovable consigue que todo lo demás desaparezca de la vista.

Con el precio ocurre algo parecido. Se asegura que la prórroga encarecerá la energía y que sus costes acabarán cayendo sobre las arcas públicas. El informe sostiene lo contrario, que mantener la central ayuda a amortiguar las subidas que provoca el gas, que Enresa no prevé gastos añadidos ni para los consumidores ni para los Presupuestos y que la autorización no trae ninguna rebaja de impuestos para las propietarias. La nuclear no es gratis, tiene residuos, desmantelamiento y vigilancia, y todo eso se paga. Pero una cosa es discutir esos costes y otra inventar una factura pública que el expediente desmiente. Retirar de golpe dos reactores que funcionan tampoco abarata por decreto un mercado que necesita su electricidad.

Queda el reproche de fondo, que Almaraz pertenece a Iberdrola, Endesa y Naturgy. Es verdad. Lo que no se ve es de qué manera cerrarla rompería ese dominio, porque las mismas compañías seguirían dentro y habría una fuente menos. La propiedad justifica impuestos y reglas de competencia severas, no convierte en inútil una instalación que funciona. El argumento tiene algo de patio de colegio: si una empresa gana dinero, la tecnología debe de ser mala. Y luego está el gesto. Sumar proclama su «absoluta disconformidad», envía una carta y conserva sus ministerios. Sus reproches no describen un sistema eléctrico sino que tratan de sostener una identidad política mientras el socio de gobierno hace exactamente lo contrario.

Entre aquel calendario y esta orden ocurrió el apagón del 28 de abril de 2025. Sería falso decir que Almaraz lo habría evitado, porque las investigaciones situaron el colapso en una subida de la tensión y en fallos de control. Igual de frívolo es sostener que no enseñó nada. Aquel día quedó a la vista que el sistema puede deshacerse en segundos, y que entonces importan las centrales capaces de producir a cualquier hora, las reservas y el mantenimiento de la red. Después cambió el debate y las eléctricas formalizaron su petición. La orden ni siquiera menciona aquella tarde, prefiere hablar de guerras y del precio del gas. La realidad tuvo que encarecerse mucho para que el Gobierno descubriera el valor de lo que se disponía a eliminar.

Y luego está Alemania. Dos días antes de que apareciera la orden de Almaraz, el Gobierno federal decidió mantener durante 2027 el recargo que pagan allí la calefacción y los carburantes por el dióxido de carbono que emiten, dentro de la misma horquilla de este año, entre 55 y 65 euros por tonelada. La ley anterior preveía atarlo a una referencia europea mucho más movediza. Berlín ha preferido ponerle un techo, aprovechando que el nuevo sistema europeo que aplicará ese recargo a los edificios y al transporte se retrasa hasta 2028.

Puede presentarse como un ajuste técnico, y lo es, pero sobre todo es una confesión. El precio del carbono resulta una teoria impecable mientras vive en un documento de Bruselas, y cambia de aspecto cuando aparece en el litro de gasolina, en el gasóleo de la caldera o en el recibo del gas. Entonces deja de pagarlo una categoría estadística llamada emisor y empieza a pagarlo alguien que necesita ir a trabajar o calentar una casa.

Importa quién ha tomado la decisión. No ha sido un gobierno de la extrema derecha ni una coalición de negacionistas, sino el Ejecutivo de los democristianos con los socialdemócratas. El acuerdo salió del comité de coalición y el proyecto lo preparó el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige un socialdemócrata. Alemania no ha renunciado a reducir sus emisiones ni se ha rebelado contra la Unión Europea. Ha hecho algo más incómodo, reconocer que el coste social de la transición no se puede aplazar hasta después de haberlo cobrado.

A finales de julio esa misma coalición había reformado su ley de energías renovables y las reglas de acceso a la red. Mantiene el objetivo de que en 2030 el 80 por ciento de la electricidad sea renovable, pero le añade una condición que hasta hace poco sonaba a herejía: la energía debe producirse donde la red pueda transportarla, y las ayudas han de mirar al mercado, a la seguridad del suministro y al bolsillo del contribuyente. El Estado alemán dedica unos 17.000 millones de euros al año a esas subvenciones, y durante demasiado tiempo llegó a pagar por electricidad que los cables no podían llevar a ninguna parte. A partir de 2027 se reducirá también la protección automática de las nuevas instalaciones solares pequeñas. No es una renuncia a las renovables, sino a la idea de que basta con instalarlas para que el sistema funcione.

El mismo catorce de agosto se supo otra cosa. El Ministerio de Economía alemán aplazó el informe que debía evaluar las consecuencias de cerrar antes de tiempo las centrales de carbón de Renania del Norte-Westfalia. El acuerdo con RWE fijó el apagado en 2030, ocho años antes que el calendario nacional, pero permite conservar hasta 2033 una parte de ellas en reserva si la seguridad del suministro lo exige. El Gobierno prefiere esperar a ver qué centrales de gas se ofrecen a construir las empresas antes de decidir.

Alemania no ha prolongado todavía ninguna de esas centrales, y RWE asegura que nadie se lo ha pedido. Conviene dejarlo escrito, porque la verdad es bastante elocuente sin necesidad de mejorarla. Después de apagar sus últimos reactores, la mayor economía europea está calculando si tendrá que seguir quemando lignito, el peor carbón que existe, hasta conseguir levantar las centrales de gas que respalden a sus renovables. Friedrich Merz ya ha llamado a la salida nuclear alemana un grave error estratégico. El itinerario ha terminado pareciéndose a una broma cara: apagar primero la electricidad que no ensucia y preguntarse después con qué combustible sucio se la sustituye.

Ese es el verdadero desmarque del método que Teresa Ribera representa hoy en Bruselas. Nadie discute la necesidad de emitir menos. Se discute el orden de las operaciones. Alemania ha comprobado que las redes, el almacenamiento y las centrales de respaldo no aparecen el día que señala una ley, y que las subvenciones con las que se tapa el error terminan saliendo del mismo contribuyente al que se prometió una energía más barata.

No todos pueden defenderse igual. Una familia con dinero instala placas en el tejado, compra un coche eléctrico y cambia la caldera. El inquilino, la jubilada con una pensión o el hombre que baja cada día del pueblo en un diésel de quince años no tienen esa salida, pagan la gasolina, el gas y la luz al precio que les impongan. El mismo recargo es una molestia para unos y una renuncia para otros. La transición deja entonces de ser justa aunque la palabra figure en el título de una vicepresidencia europea.

España mantiene siete reactores en cinco emplazamientos y el Gobierno insiste en que la excepción de Almaraz no altera el cierre de todos ellos en 2035

El problema no acaba en Extremadura. España mantiene siete reactores en cinco emplazamientos y el Gobierno insiste en que la excepción de Almaraz no altera el cierre de todos ellos en 2035. La misma incertidumbre viaja ahora a Valencia, a Tarragona y a Guadalajara. Allí hay empresas que deben invertir, chicos que deben elegir una carrera y ayuntamientos que deben imaginar su futuro sin saber si pesará más el informe del regulador o el calendario electoral. Una industria que trabaja con horizontes de décadas no puede depender del sobresalto del mercado del gas. Prorrogar lo que sea seguro es necesario y no basta, hay que decidir con tiempo qué va a producir electricidad las noches sin viento cuando esos reactores se apaguen.

Todo termina en la cocina de una casa cualquiera en enero. En la decisión de encender o no la calefacción, en la de poner el aire acondicionado cuando el piso alcanza en agosto temperaturas que ya no son solo incómodas, en una factura que no distingue entre tecnologías ni entre convicciones. Una transición que convierta la comodidad elemental en un privilegio perderá el apoyo de la gente antes de llegar a ninguna parte, y lo perderá con razón.

Almaraz seguirá abierta hasta 2030, y es una buena noticia para Extremadura y una decisión sensata para el sistema eléctrico. Lo que no es, por mucho que se publique en agosto y con el tono de quien corrige una errata, es una excepción sin pasado. Es la lápida de un dogma que Teresa Ribera dejó en pie y que sus sucesores han enterrado sin pedir disculpas.

Alemania aprendió la lección después de apagar sus reactores y ahora echa cuentas de cuánto carbón y cuánto gas necesitará para sostener el edificio. España está aún a tiempo de no repetirla. Sumar protesta desde sus despachos ministeriales y el Campo Arañuelo respira. El calendario ha cambiado y nadie reconoce haberlo cambiado. Esa escena, más que cualquier discurso sobre la transición ecológica, explica con qué frivolidad se ha gobernado la energía en España.