La demolición del traje institucional

No recuerdo cuándo empecé a fijarme en eso, en el modo en que un gobernante deja de hablar de la ley y empieza a hablar contra ella. No es un giro brusco. Es algo que se instala en los detalles: un adjetivo de más, una queja demasiado insistente, el hábito de sospechar de cualquiera que no diga lo que se espera que diga. Uno lo oye y, al principio, no le da importancia. Después se da cuenta de que ya va siendo costumbre.

El origen es una declaración. El 16 de abril de 2025, el juez Juan Carlos Peinado citó a Félix Bolaños como testigo, en su propio despacho de la Moncloa, dentro de la causa contra Begoña Gómez. Pidió coche oficial para entrar. Pidió una tarima para situarse por encima del ministro. Interrumpió el interrogatorio para que Bolaños saliera a consultar un dato que había dicho desconocer. El ministro presentó queja ante el CGPJ. Año y medio de diligencias después, el Consejo ha archivado esa queja, y Bolaños ha recurrido la decisión acusando al órgano de corporativismo.

Lo que me llama la atención no es que el ministro discrepe. Es que el recurso llega con el veredicto puesto de antemano. Si el Consejo rectifica, habrá cedido a la presión del Gobierno; si confirma el archivo, quedará demostrado lo que Bolaños ya sostenía: que protege a los suyos. Da igual lo que resuelva. La salida estaba construida antes de que se presentara el recurso, y construirla así tiene un precio: deja al adversario sin argumento posible.

Miré quién había votado el archivo. No salió de un bloque cerrado. Entre quienes lo respaldaron figura Carlos Hugo Preciado, vocal a propuesta de Sumar, el socio que sostiene al propio Gobierno de Bolaños. Llamar corporativismo a una decisión que cruza esa frontera ideológica no es un atajo retórico. Es prescindir de un dato que desmiente la acusación en el momento de formularla.

Un ministro de Justicia no litiga como si fuera parte ofendida. Bolaños llama corporativismo a un archivo que votó también el vocal de Sumar

Y aquí la cosa deja de parecer un exabrupto. Bolaños encadena ya varias salidas de tono de este tipo, y empieza a costar recordar que el cargo que ocupa es el de Justicia. No hablo de un portavoz de partido con licencia para decir lo que le venga en gana en una tertulia. El Ministerio de Justicia exige otra cosa: contención, respeto a las formas, la certeza de que quien lo ejerce entiende que la judicatura no trabaja para el Ejecutivo.
En San Bernardo se ve lo contrario. Cada vez que una resolución incomoda a la Moncloa, aparece la insinuación: sesgo, connivencia, resistencia corporativa de los togados. Es un gesto que se repite y que cruza una línea fina, la que separa criticar una decisión de descalificar de antemano a quien la toma.
Un ministro de Justicia no litiga como si fuera parte ofendida. Bolaños llama corporativismo a un archivo que votó también el vocal de Sumar.