Las cifras de Ascó y Cofrentes que desbaratan el 'apagón nuclear' del Gobierno tras el 'salvavidas' a Almaraz

España vivió esta semana el quinto parón eléctrico de la industria en cosa de un mes. El operador del sistema -Red Eléctrica- ha pedido de nuevo a grandes consumidores que detengan su producción para estabilizar la red. El Servicio de Respuesta Activa de la Demanda es un mecanismo previsto, al que la compañía que preside la exministra socialista Beatriz Corredor ha tenido que volver a recurrir por quinta vez en 35 días.

Con las causas del gran apagón todavía coleando, el Gobierno ha aprovechado el mes de agosto para aprobar la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030. Y aunque el departamento que dirige Sara Aagesen insiste en que esta decisión no implica un 'efecto dominó' sobre el calendario de cierre previsto para el resto de centrales del parque nuclear español, todas las miradas se dirigen ya al futuro de Ascó (Cataluña) y Cofrentes (Valencia), cuyo cierre está previsto para 2030.

Son dos de las cinco nucleares en explotación con siete reactores en funcionamiento. También están Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). En conjunto, todas producen un 20% de la electricidad nacional. Pero las cifras de producción eléctrica de Ascó y Cofrentes en sus respectivas Comunidades Autónomas son incluso mayores. No en vano, la segunda es la que tiene mayor potencia eléctrica instalada dentro del parque nuclear español.

Para Ascó y Vandellós, la patronal catalana Foment del Treball ya pide su continuidad. Entre los tres reactores cubrieron el 50,6% de la energía que se consume en Cataluña y generaron el 58,8% de toda la electricidad producida dentro del territorio catalán en 2025. Y la situación de la implantación de renovables en dicha región acusa un notable retraso frente a otras zonas de España.

Por su parte, Cofrentes alcanzó el año pasado una producción eléctrica buta de 7.434,26 millones de kWh, que representan el 2,9% de la producción eléctrica peninsular y alrededor del 48% de la energía producida en la Comunidad Valenciana.

Las elecciones de 2027

Con unas elecciones generales a la vista, la pelota quedará en el tejado del próximo Ejecutivo que se forme. El PP de Alberto Núñez-Feijóo parece inclinarse por la prórroga. Pero si los socialistas se mantienen en Moncloa, los datos ponen contra las cuerdas el calendario de clausuras. Mucho más, en el actual contexto geopolítico mundial.

El Gobierno dice que está todo preparado y que no hay problema en que coincida el desmantelamiento en el tiempo de cuatro reactores. Y cree que para entonces habrá suficiente energía renovable instalada como para suplir a la tecnología nuclear. Pero los defensores de esta última recuerdan que es una de las que, junto al gas, puede aportar más estabilidad al sistema frente a los vaivenes que otras fuentes.

Los expertos creen también la pérdida de generación nuclear puede exponer al sistema eléctrico a riesgos en el suministro. Algo que, como se ha visto con el sistema reforzado con el que se opera tras el apagón, obliga a aumentar la producción de electricidad con ciclos combinados, lo que aumenta las emisiones del mix eléctrico y el precio del mercado eléctrico.

Frustración de los ecologistas

Las propias organizaciones ecologistas han criticado la decisión del Gobierno de prorrogar el funcionamiento de la central extremeña. Y también consideran difícil que un eventual Ejecutivo socialista pueda cumplir el calendario diseñado y que va en contra de lo que ocurre en otros países.

Para Greenpeace, la extensión de la vida útil de Almaraz es "un error histórico que demuestra que en este país sigue mandando el mismo oligopolio energético de siempre". Para Ecologistas en Acción, la prórroga "es una traición y un fraude a la ciudadanía, que asumirá mayores costes a medio y largo plazo mientras se retrasa una transformación energética que resulta inaplazable".

Serán, en todo caso, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa y Naturgy) las que tengan que solicitar su prórroga. Ahora bien, la patronal que defiende los intereses del sector ya apunta a la necesidad de que el Gobierno modifique ciertos aspectos. Especialmente, el de la fiscalidad. Aunque para la prórroga de Almaraz han renunciado a la rebaja impositiva, no parecen querer seguir el mismo camino en los próximos hitos.

Los costes fiscales suponen alrededor del 75% de los costes variables de las centrales españolas. Algo que se ha disparado, denuncian, en más de un 70% durante el último lustro. "Resulta imprescindible revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación", dijeron a través de Foro Nuclear. La advertencia está hecha.