La factura del dogma antinuclear

En España hay casi ocho millones de personas que no pueden encender la calefacción en invierno: el 16 % de la población tiritando entre cuatro paredes. En 2019 eran la mitad. Cuatro millones y medio más hacen malabares para no caer en el corte de suministro de la luz o el gas. Viven, en su inmensa mayoría, en pisos levantados antes de 1980, colmenas de ladrillo hueco y carpinterías de aluminio por donde se escapa el sueldo y se cuela el frío.

Esa intemperie doméstica no es una fatalidad climática ni una maldición bíblica. Es el saldo final de decisiones adoptadas a golpe de pancarta y despacho por dirigentes que jamás padecerán sus consecuencias. La frivolidad en política consiste exactamente en eso: en legislar envuelto en ropajes morales sabiendo que la cuenta no la pagará quien firma el decreto, sino quien no tiene dónde guarecerse.

La transición ecológica oficial se ha convertido en un festín de clase alta financiado por los desfavorecidos. Quien dispone de un chalé unifamiliar o un ático en propiedad instala placas solares subvencionadas por el Estado y aparca en su garaje un vehículo eléctrico regado con ayudas públicas. Mientras tanto, la familia que malvive de alquiler en un cuarto sin ascensor de 1970 sostiene el sistema: paga el kilovatio hora íntegro, recargado con impuestos, peajes y los derechos de emisión que dicta el gas. El 84 % de los hogares con rentas bajas confiesa que le resulta imposible acometer la mínima reforma térmica. Para ellos no hay atajos verdes; solo la certeza de que encender un radiador equivale a renunciar a la cesta de la compra.

La transición ecológica oficial se ha convertido en un festín de clase alta financiado por los desfavorecidos

No es una novedad sino una inercia de cuatro décadas. En 1984, el gobierno de Felipe González decretó la moratoria nuclear para contentar la agitación de la época. A las eléctricas se les garantizó una indemnización multimillonaria por paralizar Lemóniz o Valdecaballeros. ¿Quién la abonó? Los usuarios, a través de un recargo fijo en el recibo de la luz que se prolongó durante diecinueve años, hasta finales de 2015. Se esfumaron 5.717 millones de euros de los bolsillos ciudadanos para compensar una energía que jamás llegó a producirse. Lemóniz no alumbró una sola bombilla; es hoy un esqueleto de hormigón batido por el Cantábrico que pagaron religiosamente dos generaciones de españoles.

Alemania recorrió el mismo camino con idéntica ceguera dogmática: liquidó sus centrales para alimentar el relato antinuclear, disparó su dependencia y terminó quemando carbón mientras sus ciudadanos asumían la electricidad más cara y sucia del continente. Cuando el gobernante prescinde de la física y la economía por devoción a sus anteojos ideológicos, la realidad no se dobla; cobra el rescate.

Ahora la historia se repite con el cierre programado de las plantas existentes, como Almaraz, pospuesto deprisa y a regañadientes hasta 2030 ante el vértigo de un apagón y el coste político en vísperas electorales. Una gestión espasmódica, sin plan ni rigor, donde la consigna sustituye al cálculo técnico.

El dogma es un lujo reservado a las élites que no miran la cuenta corriente a final de mes ni revisan el contador con angustia. En la moqueta ministerial no hace frío. En los despachos oficiales el confort térmico viene de serie y los errores de cálculo no restan poder adquisitivo. La impostura se rubrica en el boletín oficial; el castigo, silencioso y diario, lo sufren los mismos de siempre en el recibo de cada mes.