Las rebajas fiscales generales del escudo anticrisis, que Bruselas pide focalizar, restan 2.100 millones a la recaudación

Este martes el Consejo de Ministros aprobará la tercera prórroga del escudo anticrisis para hacer frente al shock energético derivado del estallido del conflicto en Oriente Medio, que está disparando los precios. Por el momento, se desconoce qué medidas se ampliarán y cuáles desaparecerán, ya que el Ejecutivo no ha avanzado nada. Sin embargo, corren peligro las rebajas fiscales generales aplicadas a los carburantes, es decir, las medidas que han reducido a todos los españoles la carga fiscal sobre los combustibles (desde la reducción del IVA del 21% al 10%, hasta los descuentos sobre el impuesto especial de hidrocarburos, que llegaron a alcanzar los 20 céntimos por litro para el diésel y los 15 céntimos para la gasolina).

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda trasladadas a El Independiente, estas rebajas generales han supuesto alrededor de 2.100 millones de euros menos de recaudación para las arcas públicas. Aunque la cifra apenas equivale al 1% de la recaudación tributaria total registrada por la Agencia Tributaria a lo largo de los primeros siete meses del año, representa el 20% del coste total del escudo anticrisis (unos 10.000 millones).

En este sentido, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en 2026 y el margen fiscal comprometido con Bruselas complican la prórroga de unas medidas cuyo diseño ha sido cuestionado por distintos organismos, tanto a nivel nacional como internacional, al considerar que las ayudas generalizadas son menos eficientes que aquellas dirigidas específicamente a los hogares y sectores más vulnerables.

Medidas "temporales, focalizadas y eficientes"

La propia Comisión Europea ha reclamado que las medidas de apoyo frente a la crisis energética sean "temporales, focalizadas y eficientes", de forma que se dirijan a quienes más protección necesitan y que no impliquen un coste fiscal innecesario.

Un criterio que comparten el FMI (Fondo Monetario Internacional), la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que también han recomendado sustituir las ayudas generales por apoyos dirigidos a los hogares y sectores más vulnerables, a raíz de la experiencia de 2022, cuando la invasión rusa en Ucrania disparó los costes energéticos europeos.

De hecho, el propio Banco de España concluyó en su informe anual que, en 2022, la bonificación general del Gobierno a los carburantes generó un ahorro fiscal proporcionalmente mayor entre los hogares de rentas altas (3.700 millones) que entre los de rentas bajas (2.100 millones). Además, calculó que una transferencia de 860 euros dirigida a las familias más vulnerables habría permitido alcanzar niveles de protección similares con un menor coste presupuestario.

Pese a estas enseñanzas del pasado, el Gobierno decidió volver a reducir de forma generalizada los impuestos energéticos para hacer frente a la inflación derivada de la guerra en Irán, lo que ha abierto un agujero de recaudación de 2.100 millones (por su lado, las rebajas fiscales focalizadas a transportistas, sector primario y la industria electrointensiva han tenido un impacto presupuestario menor: de unos 800 millones).

El margen presupuestario, en el centro del debate

La cuestión es que el coste de las nuevas medidas que se aprobarán este martes ha estado presente en las reuniones mantenidas por el Gobierno con los agentes económicos durante las últimas semanas. Según fuentes presentes en estos encuentros, desde Hacienda se ha trasladado que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado limitaba el margen disponible para adoptar nuevas medidas y prorrogar las actuales.

Y a ello se suman las advertencias lanzadas por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Su presidenta, Inés Olóndriz, advirtió la semana pasada que el margen fiscal comprometido con Bruselas se había reducido hasta ser "prácticamente nulo" en 2026. Y ello pese a la activación de las cláusulas de escape que permiten a los Estados acomodar el aumento del gasto vinculado a la defensa y a las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de precios sin que compute en la regla de gasto europea.

A pesar de ello, la AIReF anticipa que España se desviará de la regla de gasto en 2027 y 2028, lo que deja al próximo Gobierno, que saldrá de las elecciones generales previstas para 2027, sin margen fiscal para responder a nuevos imprevistos si quiere cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas y evitar que le abra un expediente de déficit excesivo.

El Gobierno mantiene en secreto qué medidas aprobará

Este escenario ayuda a explicar la cautela con la que el Ejecutivo está abordando la tercera prórroga del escudo anticrisis. El Gobierno lleva semanas reuniéndose con los agentes sociales y con los sectores más afectados por el conflicto para conocer la evolución de sus costes y estudiar qué medidas pueden mantenerse, pero las fuentes presentes en estos encuentros consultadas por El Independiente aseguran que el Ejecutivo no les ha trasladado qué medidas tiene previsto prorrogar, cuáles retirará o si estudia introducir nuevos mecanismos de apoyo. Por tanto, habrá que esperar al Consejo de Ministros de este martes para averiguar qué medidas tiene previsto aprobar finalmente el Gobierno en el nuevo decreto.