El 60% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social por la regularización trabajaban en la economía sumergida

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno cerró su plazo con un volumen de 1.174.974 solicitudes. Ante esta avalancha de peticiones, el Ministerio de Seguridad Social ha pedido cautela a la hora de interpretar estas cifras, recordando que cientos de miles de solicitudes todavía siguen en proceso de tramitación y que, por tanto, es pronto para evaluar su impacto sobre el mercado laboral. Sin embargo, los últimos datos disponibles —correspondientes a julio— permiten ilustrar cómo avanza el proceso en una primera aproximación.

Según ha informado la Seguridad Social en una nota de prensa: "El número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 262.475" a 30 de julio. Concretamente, casi 214.000 personas contratadas como asalariadas, 12.700 que se han registrado para desarrollar una actividad como autónomos, 21.700 cotizantes que se encuadran en el Sistema Especial Agrario y otras 14.000 personas en el Sistema Especial de Empleo de Hogar.

No obstante, el Ministerio también ha explicado que el sistema había absorbido a 159.097 trabajadores que hasta ahora permanecían en la economía sumergida. Es decir, el 60,6% de los 262.475 extranjeros que se han afiliado a la Seguridad Social gracias a esta medida procedían de la actividad informal.

Más del 40% de todo el crecimiento del empleo en el último año

Asimismo, esta inyección de ocupación ha resultado determinante para el crecimiento del mercado laboral español en el último ejercicio. Entre julio de 2025 y julio de 2026, la afiliación media en España se ha incrementado en 642.562 ocupados, alcanzando un nuevo máximo histórico de más de 22,5 millones de afiliados.

Y al contrastar ambas magnitudes, se observa que los 262.475 trabajadores incorporados a través de la regularización extraordinaria representan el 40,8% de todo el empleo neto generado en el país durante los últimos doce meses. De ellos, los 159.097 trabajadores que han aflorado de la economía sumergida equivalen al 24,8% de todo el incremento de la afiliación registrado en ese periodo.

1.300 millones extra para la Seguridad Social este año

No obstante, pese a este significativo avance del empleo extranjero, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que su contribución al sistema de la Seguridad Social tendrá un efecto "prácticamente nulo". Según su Estudio sobre la regla de gasto de las pensiones, la regularización extraordinaria de inmigrantes aportará apenas 0,07 puntos del PIB en cotizaciones durante su primer año de aplicación, lo que equivale a unos 1.300 millones de euros.

Aunque el organismo supervisor prevé que esta cifra aumente de forma progresiva durante los primeros ejercicios hasta alcanzar un máximo de contribución del 0,11% del PIB en 2030 —unos 2.300 millones de euros—, el impacto a largo plazo (hasta 2050) se diluirá hasta representar un promedio de apenas el 0,03% del PIB, unos 530 millones de euros anuales.

La AIReF explica que este limitado impacto financiero se debe a que la medida funciona principalmente como un adelanto de unos cuatro años de las cotizaciones de personas que, tarde o temprano, habrían obtenido su regularización por la vía ordinaria. Además, el organismo señala que las bases de cotización de estos trabajadores se situarán en unos 8.600 euros de media el primer año y se estabilizarán en 14.000 euros a partir del segundo, lo que refleja que se trata de empleos precarios, con alta rotación, jornadas parciales y bajos salarios, lo que limita su capacidad de aportación al sistema.

El reto de la sostenibilidad

Y se trata de un mal dato para las cuentas públicas. A pesar del incremento de las cotizaciones que generará la regularización, los ingresos adicionales que aportará al sistema quedan lejos del volumen de recursos necesario para afrontar el crecimiento del gasto en pensiones. La AIReF estima que el gasto total destinado a las pensiones superará por primera vez los 200.000 millones de euros en 2026.

En este escenario, los 1.300 millones de euros de cotizaciones adicionales previstos para el primer año de la regularización representan una parte limitada frente a las necesidades financieras del sistema. Además, el organismo supervisor calcula que el gasto total en pensiones aumentará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050, lo que aproximadamente equivale a 58.000 millones de euros adicionales tomando como referencia el tamaño actual de la economía.

Un incremento del gasto que pone de manifiesto el límite de los mayores ingresos previstos en la reforma de pensiones impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, no lograrán compensar por sí solos. De ahí que la AIReF estime que las transferencias del Estado a la Seguridad Social tendrán que aumentar del 2% del PIB actual al 4,7% en 2050. Una dependencia financiera creciente que obligará al Gobierno a tomar decisiones: recortar recursos de otras partidas presupuestarias, emitir más deuda pública o volver a reformar el sistema de pensiones.