Un millón de inmigrantes se suman al estado del bienestar: ¿hay sitio para todos?

Finalizado el plazo para solicitar la regularización extraordinaria, se abre una nueva etapa en el proceso que busca apartar de la marginalidad a más de un millón de personas. A partir de este momento, los inmigrantes que vean aprobadas sus solicitudes pasarán a formar parte del sistema español, que se nutrirá de sus aportaciones a la seguridad social. Pero estas personas también tienen que tener un acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que se han registrado 1.174.978 solicitudes de regularización, el doble de las estimaciones iniciales del Gobierno. Aunque no sea el primer proceso de este tipo en nuestro país, gestionar tal volumen de solicitudes es un reto para la administración. "Esta tramitación ha cogido por sorpresa a varias entidades que colaboran en este proceso y el Estado se ha visto un poco desbordado ante la cantidad de personas que se han acogido", explica a El Independiente Roméo Gbaguidi, investigador asociado del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM).

La secretaria de Inmigración de CCOO de Cataluña, Liliana Reyes, señala que, lejos del discurso utilitarista de que "la inmigración contribuye", se trata de personas que deben tener derecho a los servicios públicos de España, como atención médica, educación para sus hijos o el acceso a una vivienda.

La sanidad y la educación, ¿foco de tensiones?

El investigador del IEAM cree que el acceso de estas personas a la educación y la sanidad públicas no va a suponer un desafío especialmente significativo para el Estado. Según las datos del Gobierno, el 87% de los solicitantes se encuentra en edad laboral. "Muchos de ellos realmente quieren una cobertura jurídica que les permita seguir trabajando de forma legal en el país", apunta Gbaguidi.

Son un millón de personas más jóvenes y más sanas de media que la población española

LAURA AGÚNDEZ, INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE SALUD GLOBAL DE BARCELONA

En el caso de los menores de edad, la escolarización es obligatoria en España, independientemente de si los padres se encuentran en situación regular o irregular en nuestro territorio. Por lo tanto, no debería haber una mayor demanda de plazas en los centros educativos de las regiones con más peticiones.

Lo mismo sucede con la sanidad, de acuerdo a Gbaguidi: "Siempre se ha reclamado más plantilla de todo el personal sanitario, el hecho de que un millón de personas hayan solicitado su regularización no supone de antemano que vaya a haber mayores complicaciones extra". Una postura compartida por la investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona Laura Agúndez, autora del informe La Atención Sanitaria y Sociosanitaria a las Personas Migrantes en España.

"Son un millón de personas más jóvenes y más sanas de media que la población española", resalta la experta. Y apunto a un estudio reciente elaborado por el Ministerio de Sanidad que refleja el efecto del "inmigrante sano": los extranjeros que llegan a España son gente que viene principalmente a trabajar, más sana y más joven.

Ir más allá de los "parches"

A pesar de todo esto, Agúndez considera que la administración debería tener en cuenta la necesidad de una "adaptación cultural" de la atención sanitaria. Este tipo de iniciativas se llevan desarrollando desde hace años con la población gitana, pero ahora deberían extenderse al resto de personas, según la investigadora. Cree que junto a la regularización extraordinaria, se deberían destinar esfuerzos en esta dirección, para prevenir una atención sanitaria ineficiente que acabe generando más gastos para el Estado.

Cuando la gente obtenga la residencia legal, aparte de la sanidad o la educación que pueden verse afectadas, harán trámites en la administración

JAVIER CRUZ, PORTAVOZ DE INTERIOR DE CSIF

Bajo su punto de vista, la regularización es una "buena noticia" a nivel de salud pública, porque esas personas pasarán a formar parte del sistema de prevención, pero no deja de ser un "parche". Pone el ejemplo de la supuesta sanidad universal, que presenta importantes variaciones en las coberturas sanitarias entre comunidades. Así, la regularización sirve para que los inmigrantes dejen de encontrar estas dificultades. Pero si el Gobierno no pone una solución efectiva a los problemas del sistema, los que lleguen después se enfrentarán a las mismas barreras que ahora salvan los beneficiados en este proceso.

En general, habrá que esperar un tiempo para saber si la incorporación de este millón de personas al sistema traerá consecuencias negativas a la prestación de servicios básicos, si éstos no se refuerzan. Con todo, hay problemas más urgentes. "Habrá que ver qué impacto tiene sobre determinadas provincias o núcleos poblacionales, porque cuando la gente obtenga la residencia legal, aparte de la sanidad o la educación que pueden verse afectadas, harán trámites en la administración", señala desde el sindicato CSIF Javier Cruz.

Un sistema al límite

El portavoz de Interior del sindicato denuncia una administración "tensionada" por la falta de recursos y personal. Carencias que se hacen más evidentes que nunca con la regularización: tan solo cincuenta funcionarios de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo deberán tramitar el millón de solicitudes presentadas.

Si no se ponen los recursos suficientes tendremos otra vez un cuello de botella que terminará en una bolsa de personas por regularizar

LILIANA REYES, SECRETARIA DE INMIGRACIÓN DE CCOO CATALUÑA

Una vez presentadas las solicitudes, éstas se convertirán en expedientes. Los empleados de extranjería tendrán que verificar que la documentación aportada es correcta y comprobar si se cumplen los requisitos para acceder a la regularización. Todo ello en tres meses. Una vez aprobada, los beneficiados tendrán que recibir una tarjeta de identidad de extranjero (TIE), que se tramitan desde la Policía. Desde el Sindicato Unificado de Policía ya han advertido de que el proceso "va a multiplicar la presión sobre un sistema que ya funcionaba al límite de su capacidad".

Esta situación coincide con los meses de verano, cuando se produce el boom para tramitar documentos, asegura Cruz. Mucha gente aprovecha las vacaciones para realizar gestiones pendientes. Según el representante de CSIF, ya se han agotado las citas para pedir las TIE en catorce provincias. "Conforme vayan pasando miles y miles de expedientes para llegar a que se les pidan las tarjetas, está claro que la situación va a ser un colapso", alerta. Un colapso que afectará a la prestación del resto de servicios.

En Cataluña, la comunidad que más solicitudes ha recibido, también preocupa la falta de medios para hacer frente a la siguiente fase del proceso. Desde CCOO llevan tiempo alertando de la falta de recursos tecnológicos y de plantilla, ante lo que piden "cambios estructurales". "Si no se ponen los recursos suficientes tendremos otra vez un cuello de botella que terminará en una bolsa de personas por regularizar y que tienen meses esperando por un trámite, una resolución o una tarjeta", denuncia Liliana Reyes.

Los pasos tras la regularización

El portavoz de CSIF lamenta lo que considera una "falta de planificación". Cruz asegura que los políticos hacen leyes "y no se dan cuenta de que esas normas después tienen una traslación al ciudadano a través de la administración", que debe tener recursos para poder llevar a cabo dichas actuaciones. Y aunque los funcionarios terminen sacando adelante esos trámites: "Si una cosa tiene que estar en tres meses y dentro de un año tenemos a una persona todavía con el proceso de regularización intentando sacar su tarjeta de identificación extranjera, diremos 'Qué pena, ¿no?'".

Reyes explica que la administración tendrá que dar otros servicios a los inmigrantes regularizados, más allá de la tramitación de su residencia legal en nuestro país. A la hora de la contratación, se muestra preocupada por la inscripción al Servicio de Ocupación de de Cataluña. Desde el sindicato están exigiendo también "recursos suficientes para atender la demanda de servicios de todas estas personas alrededor de los programas de inserción, formación y orientación laboral", añade.

Más allá de los posibles desafíos en el acceso a servicios básicos, la población que entra ahora en el sistema tendrá que enfrentarse al reto de encontrar oportunidades de empleo digno. Roméo Gbaguidi recuerda la situación de "gran vulnerabilidad" de estas personas, por lo que duda de que algunos de los beneficiados mejoren sus condiciones vitales simplemente a través de la regularización. "Tienen que participar mucho más activamente en todos los aspectos que les podrán dar oportunidad u ocasión de desarrollarse ellos mismos en la sociedad en la que se encuentran", puntualiza.