Vox encuentra en sus gobiernos con el PP la alternativa para poder volver a recurrir las leyes de Sánchez ante el TC

Durante toda la legislatura anterior, desde la irrupción nacional de Vox en el ciclo de generales de 2019, el recurso de inconstitucionalidad de las distintas leyes del Gobierno de coalición, entre PSOE y Unidas Podemos, ante el Tribunal Constitucional (TC), se convirtió en una de las principales bazas de oposición del partido de Santiago Abascal, con figuras ahora purgadas y fuera del partido, como el diputado, concejal y también abogado Javier Ortega Smith como uno de los principales combatientes, al tener el control sobre el área judicial de la formación. Sin embargo, el desplome electoral de las generales de 2023, dejó a Vox sin esa capacidad, ya que la legislación solo concede esa potestad a las formaciones con 50 o más escaños.

Desde entonces, Vox, muy combativo tradicionalmente en los tribunales desde sus inicios, en términos generales, ha priorizado recursos y querellas en otras estancias como el Tribunal Supremo, en la sala de lo penal y lo contencioso, ante la Audiencia Nacional y en juzgados de instrucción ordinarios, sobre todo en este ciclo de investigaciones sobre corrupción que rodea presuntamente al PSOE y donde Vox, entre otros, ha ejercido el papel de acusación popular. Durante estos años sin esa capacidad de recursos de inconstitucionalidad, el partido sí ha interpuesto recursos de amparo por ejemplo contra la ley de amnistía. Pero ahora, a su vuelta a Ejecutivos de coalición con el PP, tienen a su disposición cuatro escenarios –cinco si se mira a la Comunidad Valenciana, donde Juanfran Pérez Llorca depende de ellos para seguir teniendo mayoría, y ya ha aceptado cuestiones como la 'prioridad nacional' para sacar adelante sus presupuestos–. Son Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Tras su salida generalizada de alguno de esos Ejecutivos en la etapa anterior por choques en acogidas de menores migrantes no acompañados hace exactamente dos años, Vox no participó en los recursos de inconstitucionalidad planteados por el PP desde todas sus comunidades autónomas contra esa ley de amnistía. Ahora, cuando el foco del debate para la derecha está en la denominada 'ley de nietos', la figura del recurso ante el TC vuelve a estar en la diana de los de Abascal. Aunque necesariamente previa mediación con el PP.

Esta semana Vox abrió la puerta a hacerlo, aunque de momento solo se está estudiando el asunto. Por ahora solo "se han pedido informes jurídicos". Aunque no es la prioridad, porque ya Vox recurrió todo el conjunto de la ley en 2023, incluida esa norma de 'nietos' incluida en la disposición octava así como la instrucción de noviembre de 2022 emitida por el Ministerio de Justicia que amplía el rango de quienes se pueden beneficiar, más allá de exiliados de la guerra civil o de los primeros años de la dictadura. Esa instrucción sería el objeto de recurso, en todo caso, dado que es la que consideran que desvirtúan el fin inicial pasando de unos miles de personas que podrían acogerse, a más de 2,5 millones.

Aunque la decisión última depende de los distintos presidentes del PP, la estabilidad de estos Ejecutivos autonómicos está en manos de Vox. Un rechazo a dar la batalla a Sánchez con todos los medios, algo pactado en cuestiones como la inmigración o la penalización económica de "leyes ideológicas", en referencia a normas climáticas como el Pacto Verde en relación al sector primario o el industrial. En todo caso, el asunto, si bien populares y ultraconservadores difieren en el enfoque último –el PP cree que el Gobierno quiere aprovechar todos los resquicios para allanar un mejor resultado de generales, mientras Vox afirma que el PSOE quiere manipular el censo para aplicar un fraude electoral–, les alinea respecto al interés, especialmente porque ambas partes ven irregularidades, "falta de transparencia" y "opacidad".

Insistir en esa vía tendría lugar si fracasan los primeros pasos dados por la organización. Vox no descarta presionar al PP para utilizar esa herramienta si los informes jurídicos son alentadores y si no surten efectos asuntos como la reclamación ya efectuada de nulidad de oficio de esa instrucción a la Secretaría de Estado de Justicia o si el Tribunal Supremo no insta, tras un recurso contencioso-administrativo, a la Junta Electoral Central a intervenir y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades por esta vía hasta que se definan los criterios clave, como el acotamiento de la norma a quien iba destinado en un primer momento. Se pide, entre otros, que se pare el voto por correo CERA. En paralelo se viene denunciando ante la Comisión Europea el asunto, se asegura que tendrá impacto europeo en los servicios y en las fronteras, dado que el pasaporte español abre a paso dentro de la Unión.

El PP aborda el asunto con menos prisas

En Vox, a la espera de esos informes jurídicos, ven razonamiento suficiente para no renunciar a esa vía, dado que ven una modificación soterrada de la ley, una reinterpretación completa de lo aprobado en el Congreso dentro de la ley de Memoria, y, por ende, una invasión de competencias del legislativo y en última instancia una "alteración del censo CERA" que repercutiría según la formación directamente en los resultados de las generales, con impacto autonómico-provincial en esos comicios y en sucesivos autonómicos. No hay urgencia hasta ver los movimientos del Gobierno y del Supremo. Pero el PP por ahora no está en esas.

Génova ha activado su propia ofensiva exigiendo formalmente también a la Secretaría de Estado de Justicia la nulidad de oficio de la instrucción de noviembre de 2022, al considerar que incurre en una extralimitación que altera las garantías del censo CERA e incentiva un uso electoralista del proceso. No obstante, la estrategia del PP difiere del impulso inmediato de Vox hacia el TC: los populares priorizan agotar primero los plazos del cauce administrativo y, en caso de no obtener respuesta o recibir un rechazo del Ejecutivo, elevar el asunto a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo, reservando la vía constitucional autonómica como un paso posterior y técnicamente más complejo, al tiempo que equilibran su presión judicial con el interés de sus propias estructuras territoriales por mantener presencia entre los votantes del exterior. Van de forma más pausada que los de Abascal.

El último paso que analiza el PP es si la 'ley de nietos' debe dar pie a que el voto exterior, el CERA se ejerza en una circunscripción número 53, como una provincia al margen como tienen otros países den entorno como Italia.

Ofensivas al estado de alarma o a la ley de eutanasia

Entre 2019 y 2023, Vox impulsó una intensa ofensiva ante el TC con recursos de gran repercusión ideológica e institucional, siendo su mayor hito la anulación parcial de los estados de alarma por la pandemia del coronavirus tras estimarse su recurso contra el confinamiento total y el control parlamentario. A esta victoria se sumaron impugnaciones de gran calado político contra pilares legislativos del Gobierno de coalición como la Ley de Eutanasia, la Ley Celaá (LOMLOE), la reforma del CGPJ, la ley del «solo sí es sí», la rebaja de los delitos de sedición y malversación, o la propia Ley de Memoria Democrática de 2023. Se consolidó así una estrategia de confrontación jurídica que aspira recuperar tras las próximas generales con estimaciones de más de 60 diputados en las encuestas.