La carrera por ser el primero: los investigados de Plus Ultra compiten por colaborar con el juez

Ninguno de los principales investigados del 'caso Plus Ultra' había movido ficha durante meses. Hasta este lunes. En cuestión de un par de horas, la Audiencia Nacional recibió cuatro escritos firmados por las defensas del empresario Julio Martínez Martínez, la propia aerolínea Plus Ultra, su presidente, Julio Martínez Solá, y su CEO, Roberto Roselli. Todos perseguían un mismo objetivo: empezar a colaborar con la investigación que el juez José Luis Calama dirige desde marzo.

Según explican a El Independiente fuentes cercanas a la defensa de Julio Martínez, la decisión de presentar ese escrito se tomó durante el fin de semana. El empresario era consciente de que el resto de investigados también podían estar preparando escritos similares y decidió mover ficha. El objetivo era anticipar su versión de los hechos antes de declarar como investigado y hacerlo antes de que el resto comenzara a colaborar con la Justicia, con la vista puesta en una eventual atenuante.

Los cuatro escritos llegaron al juzgado en apenas unas horas, aunque las distintas fuentes consultadas discrepan sobre el orden de registro. Tal y como ha podido comprobar este periódico, el documento de Plus Ultra aparece firmado por su abogado a las 9.36 horas; el de Julio Martínez, a las 12.39; el del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Solá, a las 13.38; y el del consejero delegado, Roberto Roselli, a las 14.00. Algunas de las citadas fuentes sostienen que el escrito de 'Julito' habría sido el primero en entrar en el juzgado, mientras que otras aseguran que los relativos a la aerolínea pudieron presentarse antes y que el desfase habría sido por el tiempo necesario para incorporar la documentación anexa. El escrito de Martínez Martínez tiene seis páginas. El de Roselli, por ejemplo, cuenta con unas 60, a las que habría que sumar otro centenar de páginas de anexos, según ha consultado este medio.

Más allá de esa discusión, las cuatro defensas evidencian un cambio de estrategia. Cabe recordar que tanto Martínez Solá como Roselli y 'Julito' fueron detenidos el 11 de diciembre de 2025 por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Tras varios meses de diligencias, el órgano madrileño se inhibió en favor de la Audiencia Nacional y el procedimiento terminó en manos del juez Calama el 3 de marzo. Hasta este lunes no se habían presentado escritos en los que ofrecieran en estos términos su versión sobre las gestiones que rodearon el rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la aerolínea en marzo de 2021.

El peso de colaborar primero

Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente explican que el Código Penal no concede un beneficio automático a quien decide colaborar con la investigación. Sin embargo, sí contempla la posibilidad de apreciar una atenuante cuando esa colaboración resulta útil para el esclarecimiento de los hechos. Fue el caso del comisionista Víctor de Aldama en la sentencia del 'caso mascarillas'. En una causa que todavía permanece en fase de instrucción, el momento en el que se aporta esa información también puede adquirir relevancia. Si un investigado se anticipa y facilita datos novedosos que permiten orientar la investigación o incorporar pruebas relevantes, esa colaboración puede adquirir un mayor peso procesal.

"Si un investigado se anticipa al resto y proporciona datos que orientan la investigación, puede reforzar el carácter decisivo de esa colaboración", resume una de las fuentes consultadas. En cualquier caso, la valoración final, correspondería tanto a la Fiscalía Anticorrupción como, llegado el momento, al tribunal encargado de enjuiciar la causa.

El contenido de los escritos

El escrito presentado por 'Julito' situaba a Zapatero en el centro de la operativa de Análisis Relevante, detallando que a pesar de que el expresidente nunca figuró como socio ni administrador de la consultora, era quien "la lideraba" y "decidía" todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes. También asegura que fue el exdirigente socialista quien captó personalmente a Plus Ultra "por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales", y que era quien "marcaba los pasos a seguir" durante las gestiones para obtener financiación.

Por su parte, los escritos de Roselli y Martínez Solá aportan la contrapartida económica de esa relación. El consejero delegado de Plus Ultra reconoce ante el juez que la aerolínea abonó unos 530.000 euros —el equivalente al 1% de los 53 millones del rescate— al entorno de Julio Martínez, canalizados a través de tres sociedades: Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe. A esa cantidad habría que sumar "pagos en especie" reconocidos a favor de Martínez, entre ellos "numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta 46)", valorados en 69.000 euros a razón de 1.500 euros por billete. Entre facturación y vuelos, la suma alcanza los 527.417 euros, "materialmente" el 1% pactado, aunque reconocen que la regularización completa y más exacta de esa cantidad "quedó frustrada por la operación policial".

Ambos directivos sostienen además que la relación con Martínez no terminó con la concesión del rescate en marzo de 2021, sino que se prolongó durante varios años a través de lo que definen como "intensas labores" del empresario para la compañía en Venezuela. Entre ellas destacan la renegociación con la petrolera estatal PDVSA de una deuda por combustible que llegó a rondar los ocho millones de dólares, aplazada a cinco años y sin intereses gracias a su gestión, lo que habría supuesto un ahorro de más de dos millones de dólares para la aerolínea.

La compañía promete al juez una investigación interna

Por último, la propia aerolínea también ha aprovechado su escrito para trasladar al juez su intención de colaborar en la causa. En el documento, Plus Ultra manifiesta su voluntad de prestar "la máxima colaboración" con la Justicia en todo lo relativo a "personas físicas que se hallaban vinculadas con ella en el momento de los hechos" y anuncia el inicio de una investigación interna "para la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control que hubiera podido hacerlos posibles".

Según ha podido saber El Independiente, esa investigación será desarrollada con el apoyo de un despacho externo especializado. Los trabajos incluirán la revisión de los procedimientos internos de control, los sistemas de aprobación de operaciones y las decisiones adoptadas durante el periodo en el que se produjeron los hechos investigados. La compañía se compromete, además, a remitir al juzgado las conclusiones una vez finalice ese análisis.