La directora de la Agencia Tributaria abandona su cargo sin resolver la falta de personal en la lucha contra el fraude

La directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, ha solicitado dejar el cargo al frente del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La noticia, adelantada por ABC, se ha producido este miércoles y, tras conocerse, el Partido Popular en el Senado ha relacionado la petición de relevo que Fernández ha hecho tras cuatro años al frente de la Agencia Tributaria con el anuncio de que será citada en la comisión de investigación sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el próximo 13 de julio. Concretamente, según los populares, la directora deja el cargo para no responder a la pregunta de por qué Hacienda no se persona en la investigación judicial sobre las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Por su parte, las fuentes de la Agencia Tributaria con las que ha contactado El Independiente han señalado que Fernández "pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de la renta, que acabó este martes". Además, han indicado que el cambio se produce "en un momento en que se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del Plan Estratégico 2024-2027 que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente de la Agencia Tributaria". Sin embargo, la salida de Fernández Doctor se enmarca un año antes de que concluya la vigencia del Plan y con parte de sus medidas aún sin culminar. De hecho, hace menos de un mes los funcionarios de la Agencia Tributaria convocaron una huelga al considerar incumplidos algunos de los compromisos clave del Plan, especialmente la falta de plantilla para combatir el fraude.

Incumplimiento del objetivo del refuerzo de la plantilla

Dentro del Plan Estratégico se contemplan nueve "elementos clave". Entre ellos figuran la "optimización del modelo organizativo acompañado del incremento necesario del número de personas destinadas en la Agencia Tributaria" y, ante la "complejidad de las actuaciones defraudadoras, se exige la maximización de la eficacia y la eficiencia en la lucha contra estas modalidades de fraude utilizando las nuevas herramientas que se encuentren a disposición de la Agencia Tributaria".

El propio documento reconocía que "los objetivos estratégicos de la Agencia Tributaria se definen en función del número de efectivos del que deberá disponer para poder alcanzarlos" y sostenía que era "preciso potenciar un crecimiento del número de plantilla de la Agencia Tributaria" como "única fórmula" para compensar las jubilaciones y dotar al organismo de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Para ello, la Agencia proyectaba pasar desde los 27.294 empleados públicos con los que contaba a cierre de 2023 hasta los 29.376 trabajadores en 2027.

Sin embargo, las organizaciones sindicales sostienen que este incremento no se ha materializado. Según los últimos datos del sindicato CSIF, la plantilla apenas alcanza actualmente los 27.898 efectivos, una cifra todavía alejada del objetivo fijado por la propia Agencia Tributaria para el final del periodo de vigencia del Plan. Además, la responsable de Comunicación de UGT Servicios Públicos, Montse Haro, asegura a este periódico que la Oferta de Empleo Público aprobada este año "no modifica esta situación" y advierte de que, si el objetivo sigue siendo alcanzar las cifras previstas en el Plan Estratégico antes de 2027, "sería necesario convocar una oferta extraordinaria de empleo", una posibilidad sobre la que, asegura que, "hasta ahora no ha existido ninguna voluntad por parte de la Administración".

Huelga de junio en la Agencia Tributaria

De hecho, las tensiones internas en la Agencia Tributaria se han ido intensificando durante los últimos meses. El conflicto desembocó en un calendario de movilizaciones convocado por CSIF que comenzó el 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, continuó los días 13 y 29 de mayo con paros parciales y culminó el pasado 8 de junio con una huelga de 24 horas.

Entre sus principales reivindicaciones destacaban la necesidad de reforzar la plantilla, una demanda que el sindicato justificaba por la sobrecarga de trabajo del personal, el incumplimiento del plan estratégico y por el impacto que tiene la falta de efectivos en la lucha contra el fraude fiscal. En este sentido, el sindicato advertía de que "diversos estudios de la OCDE apuntan a que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude".