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El caso Shakira destapa los límites de Hacienda en plena era del teletrabajo y los nómadas digitales

La cantante Shakira
La cantante Shakira | Europa Press

La batalla fiscal entre Shakira y Hacienda por más de 60 millones de euros no solo ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores reveses judiciales en lo que va de año para la Agencia Tributaria. Sino que también ha vuelto a poner el foco sobre un fenómeno cada vez más complejo para las administraciones fiscales: cómo acreditar la residencia fiscal en una economía globalizada donde la movilidad internacional, el trabajo deslocalizado y las estructuras transnacionales han obligado a reforzar y sofisticar sus mecanismos de control.

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La Audiencia Nacional tumbó esta semana la reclamación de Hacienda contra la cantante colombiana por el ejercicio fiscal de 2011 —aunque Shakira aceptó anteriormente las condenas por delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a 2012, 2013 y 2014— al concluir que no residió en España el tiempo suficiente como para tributar en el país. Sin embargo, tras conocerse el fallo, la Agencia Tributaria anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo y que no devolvería el dinero hasta que existiera una sentencia firme.

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El caso de Shakira ejemplifica hasta qué punto los criterios tradicionales para determinar dónde tributa una persona han entrado en tensión con una economía donde las grandes fortunas, los trabajadores internacionales y los perfiles con alta movilidad no encajan fácilmente dentro de las fronteras fiscales clásicas. "Estamos viviendo uno de los mayores choques históricos entre la economía global y los sistemas tributarios tradicionales", resume Guillem Domingo Pérez de Leceta, abogado especializado en fiscalidad internacional y profesor asociado en EAE Business School.

Desde su punto de vista, "la realidad económica actual —teletrabajo, nomadismo digital, estructuras internacionales y desplazamientos constantes— hace que muchas situaciones queden en zonas grises donde la carga probatoria adquiere un papel absolutamente central y la Administración tiene dificultades para operar".

Del control tradicional al Big Data tributario

No obstante, durante estos quince años, la Agencia Tributaria también ha endurecido y sofisticado sus mecanismos de control para adaptarse a una economía cada vez más internacionalizada. "Antes, el control estaba mucho más centrado en estructuras societarias tradicionales y patrimonios visibles. Actualmente, el enfoque es más global, tecnológico y basado en intercambio automático de información internacional", explica el abogado especializado en fiscalidad internacional. Según apunta, Hacienda ha desarrollado unidades especializadas en fiscalidad internacional y grandes patrimonios con una orientación cada vez más centrada en detectar "deslocalizaciones artificiales y cambios de residencia considerados ficticios".

Esta transformación también ha venido acompañada de un salto tecnológico sin precedentes. José María Mollinedo, secretario general de Gestha (el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda), destaca que "solo en el último quinquenio se ha explotado la tecnología del big data para analizar bases de datos y aflorar relaciones societarias con participaciones cruzadas de hasta 20 niveles de intermediación". Es decir, cadenas empresariales extremadamente complejas donde una sociedad participa en otra, esta en otra distinta y así sucesivamente hasta los 20 niveles. Un avance de rastreo informatizado que ha mejorado la identificación de quién controla realmente el patrimonio y dónde termina tributando.

Y a ello se suma que este endurecimiento del control fiscal no ha sido únicamente español. Buena parte de los países occidentales también han reforzado sus mecanismos contra la deslocalización artificial de beneficios y la elusión fiscal internacional a raíz de los cambios impulsados por la OCDE, lo que ha permitido un mayor intercambio automático de información tributaria entre países.

Cuando no basta con contar días

Este refuerzo de los mecanismos de control también ha transformado la forma en la que Hacienda investiga actualmente las residencias fiscales de contribuyentes con alta movilidad internacional. Y el caso de Shakira se ha convertido en uno de los ejemplos más mediáticos de esta evolución. En 2011, la cantante se encontraba inmersa en una gira mundial de 120 conciertos en 37 países y, según detalla Mollinedo, España fue el país donde más tiempo permaneció durante aquel ejercicio (163 días), aunque sin superar el umbral clásico de los 183 días de residencia fiscal.

Sin embargo, desde hace veinte años la determinación de la residencia fiscal no depende exclusivamente del número de días de permanencia física. La normativa también permite valorar dónde se sitúa el principal núcleo de intereses económicos y personales del contribuyente. Sobre esta base, mientras la artista defendía que su residencia se encontraba en Bahamas, Hacienda trató de acreditar que existían suficientes vínculos como para situar en España su verdadero centro de intereses.

"El caso de Shakira evidencia la enorme importancia del análisis detallado de los patrones de vida: consumos, desplazamientos, entorno familiar, actividad pública o presencia digital", sostiene el abogado Domingo Pérez de Leceta. Durante la investigación, Hacienda llegó a rastrear viajes, rutinas y establecimientos que frecuentaba la artista —desde peluquerías hasta gimnasios o centros de estética— en un procedimiento que refleja hasta qué punto este tipo de disputas fiscales dependen cada vez más del rastro cotidiano que deja cada contribuyente, actualmente amplificado por la hiperconectividad que caracteriza la era digital.

El coste reputacional de perder casos mediáticos

Así las cosas, aunque la última batalla la ha ganado Shakira, lo que suceda finalmente con los 60 millones todavía dependerá de lo que termine resolviendo el Tribunal Supremo. No obstante, el revés sufrido por la Agencia Tributaria ha reabierto otro frente: el desgaste reputacional que provocan este tipo de procedimientos cuando acaban siendo corregidos por los tribunales.

"Probablemente el impacto más relevante sea reputacional. Cuando hablamos de casos con tanta exposición mediática, una derrota judicial puede trasladar la idea de que Hacienda ha sostenido criterios sin acreditarlos correctamente con las pruebas oportunas", advierte Raquel Jurado, técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. De hecho, añade que este tipo de resoluciones también terminan influyendo sobre el comportamiento de otros contribuyentes: "Cuando los tribunales corrigen o anulan actuaciones de gran repercusión mediática, muchos contribuyentes se sienten más legitimados para recurrir liquidaciones y sanciones, especialmente en ámbitos complejos como el de la residencia fiscal".

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