Un año sin noticias del comandante Carlos Brenes: "Da miedo pensar hasta dónde vamos a llegar en Nicaragua"

La vida de Thelma se detuvo hace un año. El 14 de agosto de 2025, la policía nicaragüense se llevó a su padre, Carlos Ramón Brenes. A pesar de su pasado guerrillero, el militar retirado se convirtió hace tiempo en un enemigo de Daniel Ortega por sus críticas hacia el régimen que preside con mano dura desde hace años. Junto a él se llevaron a Salvadora del Socorro Martínez, su esposa. Desde ese día, el silencio ha sido absoluto: no hay llamadas, no hay visitas, ni siquiera una fe de vida “Absolutamente nada”, lamenta su hija. 

No era el primer encontronazo de Brenes con las autoridades nicaragüenses. En 2018, ya fue detenido, sometido a un juicio, acusado de terrorismo y condenado a más de 30 años de prisión, aunque fue puesto en libertad por una “amnistía general”. Sin embargo, en esta ocasión, no se han presentado cargos públicos contra el coronel. Bajo la excusa de un “interrogatorio”, el matrimonio fue sustraído arbitrariamente de su casa. 

Poco importa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya solicitado medidas de protección “urgentes”. De hecho, fue el organismo el que informó en abril del dictamen contra Brenes: una condena de 15 años por un delito de “traición a la patria”. Su hija ha explicado a El Independiente que los presos políticos están siendo condenados dentro de las prisiones mediante "juicios virtuales" que no figuran en el sistema judicial en línea. 

A la angustia acumulada durante todo este tiempo, se suma ahora el último movimiento de Daniel Ortega por mantenerse en el poder. El presidente nicaragüense anunció hace un mes que no volvería a permitir la celebración de elecciones. “Para las familias de los presos es una situación incluso más compleja porque es más difícil pensar en una fecha en la que podamos volver a ver a nuestros familiares”, lamenta Thelma. 

Desde la distancia, expresa su preocupación por el devenir político en su país: “Es tan descarado el nivel autocrático de Ortega, que da miedo pensar hasta donde vamos a llegar en Nicaragua”. 

La sombra de la muerte bajo custodia

Oficialmente, las organizaciones de derechos humanos cifran en 48 las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua, y en 22 los desaparecidos en el país. Sin embargo, Thelma advierte que estas cifras representan solo la punta del iceberg. Y es que el miedo que el régimen de Ortega ha inoculado en la población es tan profundo que muchas familias prefieren callar.

“La gente tiene miedo de reportar que su familiar está preso porque si le dicen a los medios que alguien está considerado como desaparecido, la policía llega a sus casas de las familias a decir que dejen de buscarlos”, relata Thelma. El nivel de intimidación es tal que hasta los que logran salir de prisión bajo el régimen de "casa por cárcel" lo hacen bajo la condición de guardar silencio, bajo la amenaza explícita de volver a ser encarcelados. La mordaza estatal impide que los testimonios directos confirmen la identidad de quienes aún permanecen en las celdas.

Aun así, la familia del coronel Brenes ha podido saber que se encuentra recluido en la prisión ‘La Modelo’, en Managua. A pesar del secretismo, los antecedentes de su anterior arresto, que él mismo narró a Thelma, arrojan una idea de sus condiciones en la cárcel. En aquel entonces, el septuagenario pasó meses en celdas de máxima seguridad y aislamiento, con apenas una pequeña rendija para el aire y salidas al exterior de unos pocos minutos a la semana. "Estuvo cuatro meses sin luz eléctrica en su celda", recuerda su hija. Además, a pesar de que la familia entregaba puntualmente los medicamentos que su padre necesitaba, las autoridades penitenciarias nunca le suministraron el tratamiento completo.

Carlos Brenes tiene 71 años. Padece de diabetes, hipertensión y graves problemas en la columna. Su esposa, Salvadora, acaba de cumplir los 69 en prisión. Tenía programada una cirugía para la semana siguiente a su detención, pero Thelma duda que su madrastra se haya sometida a la intervención. La casi segura falta de atención médica dentro de la prisión agrava la desesperación de la familia. 

En los últimos años, al menos nueve presos políticos han muerto bajo la custodia del Estado nicaragüense. El caso más reciente es el de Brooklyn Rivera, un líder indígena de 73 años que, tras pasar dos años incomunicado, fue mostrado en un hospital en estado de coma e intubado antes de fallecer el pasado 30 de mayo. "No se murieron, los dejaron morir; los mataron", denuncia Thelma, explicando que el régimen utiliza la denegación de auxilio médico y el aislamiento psicológico prolongado como un método pasivo de ejecución. Cuando ocurre un deceso, las familias reciben ataúdes sellados y se las obliga a realizar "entierros exprés", prohibiendo cualquier autopsia independiente o investigación sobre las causas reales de la muerte.

La resistencia desde la denuncia internacional

A pesar de que el régimen nicaragüense ignora sistemáticamente las medidas de protección emitidas por organismos internacionales, las familias no detienen su labor. “Estamos usando todos los mecanismos posibles, como los de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a seguir tocando todas las puertas posibles”, subraya Thelma sobre la labor de presión a Daniel Ortega de ella y otros familiares. Para ella, la vía jurídica debe complementarse con una campaña constante de denuncia pública para evitar que el mundo olvide lo que ocurre en las cárceles de Nicaragua.

"Si no esperara volver a verlos, no estaría luchando por ellos todos los días", concluye. Su demanda, compartida por cientos de familias, trasciende la liberación de sus seres queridos: es la exigencia de justicia y el anhelo de ver, en un futuro cercano, el retorno de una Nicaragua verdaderamente democrática.

Aun así, la deriva autocrática de su país continúa. Para Thelma, el reciente anuncio de que Ortega no convocará más elecciones es el reflejo del pánico que tiene el mandatario a enfrentarse a unos comicios limpios y transparentes, especialmente ante la falta de apoyo popular que tienen sus hijos, a quienes ha intentado preparar como sucesores. A pesar de la gravedad de la situación, Thelma percibe cierta apatía internacional en comparación con crisis como la de Venezuela, en parte porque Nicaragua no posee recursos estratégicos como el petróleo. No obstante, advierte que la violencia y la delincuencia estatal terminarán afectando inevitablemente a toda la región.

“Desde 2018, el 10% de la población nicaragüense ha emigrado hacia países como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y Guatemala”, enfatiza. Y, lejos de contenerse dentro de sus fronteras, el aparato represivo de Ortega ha comenzado a perseguir a opositores en el exilio en países vecinos como Costa Rica y Honduras, convirtiendo la crisis interna en un factor de desestabilización para toda Centroamérica.