Desde que el pasado domingo Ali Lmrabet fuese detenido por las autoridades marroquíes a su llegada a Tánger, los ojos de la opinión pública se han posado sobre el reino alauí. Y, aunque el periodista crítico fue liberado a los tres días, las autoridades de su país mantienen abierta una investigación en su contra. Su arresto ha actuado como un claro recordatorio de la constante persecución hacia los disidentes en Marruecos.

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Antiguos dirigentes políticos, líderes del Movimiento Popular del Rif, activistas saharauis o un millar de los jóvenes que participaron en las protestas de la Generación Z. La represión contra las voces críticas se extiende por todos los sectores de la sociedad. El 16 de julio, un día después de la puesta en libertad de Lmrabet, la Asociación Marroquí de Apoyo a los Presos Políticos (Himam) denunció la pena de cinco meses de prisión contra el activista Hassan Daoudi por "expresar sus opiniones públicas en línea".

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También en el caso de Lmrabet las autoridades marroquíes han dejado claro el carácter político de su arresto. El Fiscal del Rey en el Tribunal Penal de Casablanca explicó que el periodista fue detenido por publicar contenidos digitales "que contienen  comentarios difamatorios e insultantes contra personas e instituciones, y ofensivos hacia organismos regidos por la ley".

"La más mínima crítica o alusión es calificada por la policía y los tribunales como insulto, calumnia, alteración del orden público y sedición", explica a El Independiente Fouad Abdelmoumni, quien fue director de la oficina marroquí de Transparencia Internacional. Conocedor en primera persona de la represión contra la libertades públicas en Marruecos, en la actualidad es coordinador del grupo Himam.

Una falsa apariencia de moderación

Abdelmoumni habla desde fuera de Marruecos, en Suiza. Hace 18 meses abandonó su país, tras recibir una condena a seis meses de prisión por "difundir información falsa". Nada nuevo para él. Como veterano en la defensa de los derechos humanos, en otoño de 2019 fue contactado por el organismo que denunció los hackeos mediante el programa Pegasus.

El activista detalla cómo el régimen marroquí ha ido perfeccionando sus estrategias de represión durante los últimos años. Tras un aparente proceso de apertura que siguió a las protestas de la Primavera árabe en el país vecino, el Gobierno renegó de las concesiones que había prometido cuando la calma regresó a las calles. "Ante las crecientes frustraciones sociales y sin la voluntad de cambiar las condiciones políticas y económicas que perpetúan esta situación, al régimen solo le queda la represión como herramienta para gestionar la disidencia", asegura.

El asesinato moral de las voces críticas es llevado a cabo por una prensa y un poder judicial que aplican fielmente las directrices de la policía política

Sin embargo, las autoridades alauís son conscientes de que la represión indiscriminada es "contraproducente". Así, han sofisticado un sistema de persecución de las libertades, basado en una falsa moderación. Por una parte, han centrado su objetivo en individuos con mayor capacidad para "informar, proponer acciones y programas, e iniciar acercamientos entre diferentes corrientes", y no tanto en colectivos.

A esto se añade una sensación de "magnanimidad" por los indultos del rey Mohamed VI, los innumerables aplazamientos de juicios y sentencias relativamente, continúa el coordinador de Himam. De este manera, Marruecos puede presentarse como un país mucho más tolerante hacia la disidencia que otros regímenes más hostiles.

El "asesinato moral" como herramienta

La organización Human Rights Watch ha investigado las tácticas desplegadas por las autoridades marroquíes para amordazar a los disidentes más molestos para el régimen. El manual represivo incluye campañas de difamación y "asesinato moral", juicios injustos, intimidación de testigos e incluso violencia física y ataques dirigidos a miembros de la familia.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Omar Radi, Soulaiman Raissouni y Taoufik Bouachrine, tres reporteros de investigación críticos con el poder en Marruecos. Estos periodistas permanecieron durante varios años en prisión, condenados por supuestos delitos de acoso y agresión sexual tras una serie de procesos judiciales defectuosos. Finalmente, un indulto del rey Mohamed VI los puso en libertad en julio de 2024.

"Los juicios políticos se disfrazan de procesos por delitos comunes, y gran parte del asesinato moral de las voces críticas es llevado a cabo por una prensa y un poder judicial que aplican fielmente las directrices de la policía política", denuncia Abdelmoumni. Bajo su punto de vista, esta estrategia permite al régimen "seguir siendo aceptable", a la vez que logra generar "el terror necesario" entre la población para sofocar cualquier capacidad de protesta.

Disidentes convertidos en criminales al uso

En lugar de enfrentar juicios políticos claros, que convierten a los disidentes en héroes a ojos de la opinión pública, en la actualidad son acusados de delitos como robo, violación o traición. Este fue también el caso del exministro de Derechos Humanos, Mohamed Ziane, detenido en noviembre de 2022 tras pedir la abdicación del rey Mohamed VI en una entrevista con este periódico.

Desde entonces, permanece en prisión acusado de once cargos, incluidos "difamación y desacato a funcionarios públicos, adulterio y agresión sexual". A sus 84 años de edad, el expolítico -de madre española- es conocido como "el preso más viejo del mundo". Su hijo Ali explica a El Independiente que la caída en desgracia del exministro se produjo por su apoyo a los líderes del Movimiento Popular del Rif.

La libertad de expresión, la más atacada

La reciente detención de Ali Lmrabet ha puesto de manifiesto la persecución que sufren los periodistas críticos en Marruecos. Abdelmoumni subraya que los medios independientes de información general prácticamente han desaparecido en su país. Los medios públicos emplean a dos tercios de los profesionales de la información marroquíes y la asociación de periodistas y su consejo deontológico "se han convertido en extensiones de la policía política", denuncia.

Aun así, las voces independientes con el régimen alauí han encontrado en internet un espacio desde donde lanzar sus críticas. Es el caso de Lmrabet, que fijó su residencia en España en 2005, cuando el Gobierno marroquí le prohibió ejercer el periodismo en el país vecino. El periodista es muy activo en la redes sociales, donde denuncia la corrupción de las altas esferas del poder en Marruecos.

Las sentencias de encarcelamiento siguen proliferando contra los periodistas"

Sin embargo, el entorno virtual tampoco escapa a los "ataques" contra la libertad de expresión, denuncia el coordinador de Himam. Según detalla, los ataques a la reputación de los periodistas y las manipulaciones tecnológicas destinadas a "espiarlos, desorientarlos, silenciarlos, y expulsarlos de la red" están a la orden del día.

Y aunque el código de prensa ya no contempla penas de prisión, las autoridades se valen del ya mencionado recurso de procesarlos bajo el derecho penal común. Así, "las sentencias de encarcelamiento siguen proliferando contra los periodistas", alerta Abdelmoumni. En lo que respecta a Lmrabet, todavía se desconoce si el periodista será condenado a prisión cuando finalice la investigación en su contra. Por el momento, tiene previsto regresar a España en los próximos días.

La respuesta exterior

La detención de Lmrabet ha tenido una fuerte repercusión fuera de Marruecos. Sin embargo, el coordinador de Himam no cree que el resto del mundo haya descubierto la represión dentro del régimen alauí a raíz de su caso. "No se está cerrando los ojos ante la situación de Marruecos por desconocimiento, sino por una cobardía cínica", denuncia el activista.

Y mira directamente a los gobiernos de Francia y España que, bajo su punto de vista, "optaron por hacer la vista gorda ante los fallos y abusos del régimen cuando decidieron ganarse el favor de la monarquía marroquí". Aun así, cree que el arresto de Lmrabet puede provocar una "fuerte reacción" en nuestros países, ya que el periodista tiene también nacionalidad francesa y reside desde hace veinte años en España.

En el caso de España, esta presión puede llegar por el próximo Mundial de Fútbol, que organizaremos en 2030 junto a Marruecos y Portugal. "Cabe esperar que se vea confrontada por voces cada vez más insistentes que exijan el retorno a una mayor ética en las relaciones de vecindad", pronostica el activista.