Boucetta Mohamed Barka murió el 27 de noviembre de 2002 en prisión. A sus 35 años de edad, dos semanas antes había ingresado preso en el sistema carcelario marroquí, con una condena de ocho meses. En ese breve tiempo, el prisionero saharaui se había quejado en numerosas veces a sus familiares de que estaba siendo objeto de torturas y malos tratos a manos de los guardias de la cárcel. Cuando la familia recibió su cuerpo, Boucetta presentaba evidentes signos de haber sido torturado antes de su muerte.
El prisionero se encontraba preso en El Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en el centro conocido como la 'Cárcel Negra'. Un infierno para los cientos de saharauis que pasaron por sus celdas durante casi cincuenta años. Incluidas voces tan importantes dentro del movimiento pro derechos humanos como la de Aminetu Haidar, la activista apodada 'Ghandi saharaui' que a finales de 2009 protagonizó una huelga de hambre de 32 días en el aeropuerto de Lanzarote.
Durante años la Cárcel Negra fue el principal símbolo de la represión del régimen alauí en el Sáhara Occidental ocupado. Las imágenes que algunos de los reclusos lograron capturar desde el interior de las instalaciones mostraron al mundo el deplorable estado en el que las autoridades marroquíes los mantenían. Aunque originalmente el centro tenía capacidad para albergar a 200 personas, un estudio de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) el año en que Boucetta murió dentro de sus instalaciones calculó que había 554 presos recluidos.
Los prisioneros se veían obligados a apiñarse en las pocas habitaciones disponibles, que podían albergar a decenas de personas en espacios de unos pocos metros cuadrados. En algunas de las fotografías que los presos consiguieron filtrar desde dentro de la prisión, algunas de las personas allí retenidas presentaban aparentes signos de violencia. Marruecos busca ahora borrar este legado. Según ha podido confirmar Équipe Media, la agencia de noticias que opera en los territorios saharauis ocupados, las autoridades del régimen alauí han demolido las instalaciones, en cuyos muros se escondía el sufrimiento de los prisioneros saharauis.
Lo que Marruecos quiere ocultar
Un informe comisionado por el Consejo General de Abogacía Española, en el marco de una misión de observación en varios juicios que se desarrollaron contra presos políticos saharauis hace veinte años, recogía el testimonio de un prisionero en la Cárcel Negra: "Apenas puede hablar, presenta un estado de salud muy deteriorado,
camina con mucha dificultad y presenta heridas sangrantes en su pie, que según refiere
son consecuencia de las torturas sufridas".
La Cárcel Negra, ubicada en el corazón de la que otrora fue la capital del Sáhara Español, servía como un recordatorio constante de los terribles abusos cometidos en su interior contra la población saharaui. En 2023 las autoridades marroquíes inauguraron un nuevo centro de detención en El Aaiún, iniciando así un proceso para hacer desaparecer el recuerdo vivo de sus crímenes. El antiguo penal dejó de funcionar el año pasado y los prisioneros fueron trasladados a las nuevas instalaciones al norte de la ciudad.

Desde hace unos días, no queda rastro de la cárcel negra. Salvo unos pocos escombros, no existe vestigio que arroje ninguna pista sobre las violaciones de derechos humanos que sucedían entre sus muros. El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA) ha denunciado lo que considera "un ataque directo a la memoria colectiva del pueblo saharaui". La demolición de la Cárcel Negra -aseguran- se enmarca dentro de una campaña más amplia del régimen alauí contra los monumentos históricos, culturales y simbólicos del pueblo saharaui. Con esta política, Marruecos pretende suprimir las pruebas físicas de su historia de violencia contra el pueblo al que mantiene bajo una ocupación ilegal desde hace cincuenta años.
Años de abusos convertidos en escombros
La historia de la Cárcel Negra se remonta más atrás de la ocupación marroquí. Durante la época colonial española también fue un centro de detención, en donde se produjeron numerosos casos de desaparición forzada "cuyo destino sigue siendo desconocido hasta el día de hoy", según detalla CODESA. Entre ellos se encuentra Mohamed Sidi Brahim Basir, padre del nacionalismo saharaui, del que se perdió el rastro tras ser detenido por las autoridades franquistas.
Cuando Marruecos se hizo con el control del territorio en 1976, después de que los españoles abandonasen el Sáhara Occidental, la prisión quedó bajo su control. Durante todo este tiempo, la impunidad ha seguido estando a la orden del día en la Cárcel Negra. Por el asesinato de Boucetta Mohamed Barka fueron condenados sus tres compañeros de celda, mientras que los funcionarios marroquíes del centro fueron absueltos de cualquier cargo. No sirvieron de nada los testimonios de sus familiares, que detallaron los malos tratos que había recibido el joven saharaui a manos de los guardas antes de su muerte. El régimen alauí logró esconder lo que allí había sucedido.

Ahora intenta proseguir en este encubrimiento, eliminando de una vez por todas el "testimonio vivo de las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura sistemática" contra aquellos que defienden la autodeterminación y la independencia saharaui. "La destrucción de los lugares de memoria no borra la verdad, sino que, por el contrario, resalta la importancia vital de preservarla, documentarla y salvaguardarla", ha resaltado CODESA en su comunicado, en el que ha subrayado el derecho inherente a la memoria de las víctimas y las generaciones venideras.
Las violaciones de derechos humanos continúan
El reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental documenta 170 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos durante 2025 en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Presentado el 18 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, la cifra supone un aumento del 70% respecto al año anterior, la más alta desde que el grupo comenzó su trabajo.
Una de cada cuatro de las vulneraciones recogidas en el informe se produjeron en el contexto del sistema de prisiones marroquíes. Así, aunque la Cárcel Negra haya desaparecido, las violaciones de derechos contra los prisioneros saharauis continúan en el resto de centros del régimen alauí. "Las condiciones de hacinamiento, las humillaciones y el trato degradante con una fuerte carga racista, así como vulneraciones de derechos fundamentales -entre ellas la privación injustificada de visitas familiares, las duras condiciones materiales de detención y la aplicación de
procedimientos injustificados- convierten la experiencia carcelaria en un espacio de castigo intensificado", detalla el documento.
En los últimas meses, varios prisioneros saharauis han iniciado huelgas de hambre desde las cárceles marroquíes. La mayoría son del conocido como 'Grupo de Gdeim Izik', detenidos tras el brutal desmantelamiento del campamento pacífico organizado a las afueras de El Aaiún a finales de 2010. El caso es el de Mohamed Lamine Haddi, que adoptó esta medida de protesta el 24 de junio para condenar los malos tratos y las amenazas que sufre por parte de los funcionarios de la prisión de Tiflet 2, al este de Rabat.
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