El caso de un joven saharaui que recibe tratamiento contra el cáncer en España se cuela en la prestigiosa 'The Lancet'

A mediados de abril, las consecuencias por la situación de apatridia de los saharauis que viven en España volvieron a quedar de manifiesto. Por su condición de apátridas, miles de personas quedaron excluidas de la regularización extraordinaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero las ramificaciones de no tener nacionalidad van más allá de lo meramente administrativo. También tienen un impacto directo en la salud.

Un caluroso día de abril, Brahim, de 15 años, acudió al hospital acompañado de su madre. El joven saharaui vivía en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el desierto argelino. Como otros muchos niños que soportan las penosas condiciones de este entorno, Brahim sufría una anemia crónica. Sin embargo, su madre se preocupó tras detectarle dos pequeños bultos en el cuello. Además, el adolescente había perdido el apetito y la energía.

Al diagnóstico inicial, que achacó las dolencias del joven a una posible infección, le siguieron meses de visitas médicas, que terminarían en un viaje a España. Su caso clínico ha servido para analizar cómo la apatridia afecta de forma directa la salud de los saharauis que viven en los campamentos de refugiados en Argelia. Los resultados del estudio se publican este sábado en la prestigiosa revista médica The Lancet.

El artículo, titulado "Apatridia: un niño con bultos en el cuello y letargo en un campo de refugiados saharauis en Argelia", forma parte de una serie que pone el foco en las cuestiones que afectan a la salud global y busca "ofrecer nuevos enfoques y perspectivas acerca de las fuerzas sociales que impactan sobre la salud en diferentes lugares". Bajo la coordinación de Seth M. Holmes, de la Universidad de Berkeley, ha sido elaborado por un equipo interdisciplinar de profesionales de la salud saharauis, médicos internacionales y científicos sociales.

Cuando la burocracia bloquea la medicina

Dos meses después de la primera visita al médico, a Brahim le aparecieron dolores de cabeza y el tamaño de los bultos aumentó. Pero su caso escapaba al control de su humilde clínica el campo de refugiados, que cuenta con menos equipamiento, personal y herramientas de diagnóstico que la mayoría de las clínicas rurales del norte de África. Por ello, el doctor les recomendó viajar hasta la vecina ciudad de Tinduf, a unos 35 kilómetros. Allí se le realizaron una biopsia y pruebas de tuberculosis.

Los resultados confirmaron el peor escenario: Brahim padecía un cáncer de garganta poco frecuente, un carcinoma nasofaríngeo que había provocado una metástasis en los ganglios linfáticos cervicales. Pero, una vez más, el hospital de Tinduf con los especialistas ni los tratamientos oncológicos necesarios. El joven tendría que volver a viajar para recibir la terapia que necesitaba.

Su madre pensó en una solución. Cuando era niño, Brahim había vivido un tiempo con una familia española como parte de un programa humanitario que permitía que los menores saharauis viajen a nuestro país a recibir tratamientos médicos a los que no podrían acceder de otra manera. Su antigua familia española de acogida en seguida se movilizó para volver a hacerse cargo del joven.

Desde España, solicitaron un visado para que el joven saharaui pudiese tratarse del cáncer en nuestro país, con el compromiso de que la familia de acogida se haría cargo de todos sus gastos médicos, requisito indispensable para pedir este tipo de permisos. Sin embargo, la condición de apátrida de Brahim paralizó el proceso burocrático en el consulado. Al no poseer una nacionalidad reconocida, la obtención del permiso de viaje se demoró un año entero. Ante la urgencia y el temor de que fuera demasiado tarde para salvar su vida, su madre tomó la decisión de trasladarlo a Argel, a 1.700 kilómetros de distancia, dejando a sus otros cuatro hijos al cuidado de su padre.

Las raíces políticas de un problema clínico

"La comunidad internacional debe comprender cómo la salud de los refugiados saharauis se ve perjudicada por la falta de reconocimiento de nuestro pueblo y nuestra patria", manifiesta el médico saharaui Laroussi Mohamed Salem, uno de los autores del artículo y voluntario en los campamentos de Tinduf.

Así, el caso de Brahim ilustra cómo las decisiones geopolíticas impactan directamente en los cuerpos de las personas. Los saharauis fueron despojados de su territorio en 1975, cuando España se retiró de su antigua colonia y Marruecos invadió el Sáhara Occidental. Aunque nuestro país les había expedido previamente documentos nacionales de identidad, tras la invasión les negó la ciudadanía española.

En la actualidad, los saharauis son oficialmente ciudadanos de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), un gobierno en el exilio que busca poner fin a la ocupación marroquí. Si bien muchas naciones reconocen a la RASD, la mayoría de los países occidentales, incluida España, no lo hacen y consideran inválidos sus pasaportes. A ojos del Estado, sus ciudadanos quedan catalogados como apátridas. Y, de esta manera, encuentran barreras como con la que se topó Brahim.

"Me duele ver a cuántas personas se les niega la atención médica necesaria debido a la invasión, la ocupación y la apatridia… Para apoyar la salud de personas como Brahim, todos los profesionales de la salud y la sociedad en general deben defender a las poblaciones apátridas", asegura el doctor Seth M. Holmes, el coordinador de la serie.

Finalmente, un año después de la solicitud, Brahim obtuvo un visado médico con un documento de viaje emitido por Argelia. Actualmente se encuentra en Madrid recibiendo tratamiento oncológico, con un pronóstico mejorado y la moral alta. No obstante, a su madre se le denegó el visado, lo que ha sumido a la familia en una dolorosa y frustrante separación indefinida.

Más allá de la apatridia

Los saharauis no sufren discriminación sanitaria solo por el mero hecho de ser apátridas. El artículo detalla también cómo la ciudadanía marroquí no garantiza el bienestar de la población que reside en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Según The Lancet, los saharauis sufren "discriminación en los hospitales, incluidas negligencias médica e incluso daños deliberados" en los territorios ocupados.

En este sentido, los investigadores ofrecen una solución que va más allá de la medicina. "La usurpación de los recursos naturales de un pueblo impide el desarrollo infraestructuras sanitarias fuertes y una economía productiva", apunta el estudio. En el caso saharaui, los recursos que Marruecos extrae del Sáhara Occidental podrían financiar el sistema de salud universal que proyecta la RASD.

Y ven en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2024 "un paso crucial" hacia la autodeterminación y el fin de su prolongada apatridia. En concreto, el dictamen del TJUE anuló los acuerdos comerciales de la Comisión con Marruecos por incluir recursos del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Una mirada global a la exclusión sanitaria

El problema de la apatridia no es asunto que se limite exclusivamente a los ciudadanos de la RASD. Guerras, ocupaciones militares y reconfiguraciones geopolíticas hacen que en pleno siglo XXI millones de personas en todo el mundo sigan desprovistas de una nacionalidad. La serie publicada por The Lancet busca analizar el impacto de este tipo de problemas en la salud desde un enfoque interdisciplinar. Así, no se atiende solo a lo puramente biológico, sino que los "problemas que se consideran intratables o difíciles de resolver en la salud pública global" se analizan también desde las ciencias sociales.

Por ello, ofrece otros ejemplos en el mundo "en los que el análisis podría ser útil para la práctica de la medicina y la salud pública". En particular, resalta dos casos que conllevan "graves problemas para la salud" y en los que es posible aplicar el análisis de la apatridia: el escándalo de Windrush de 2018 en el Reino Unido y la revocación del derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes haitianos en la República Dominicana en 2013.

En el caso del Reino Unido, el escándalo se destapó cuando se supo que personas procedentes de las colonias caribeñas de la Commonwealth que llegaron al país entre 1948 y 1973, y que tenían derecho a residir allí, fueron tratadas erróneamente como inmigrantes en situación irregular. Muchas de ellas perdieron el acceso a la atención médica, a sus pensiones, y algunas fueron deportadas o amenazadas con esta posibilidad al ser consideradas apátridas.

Y en República Dominicana, una sentencia del Tribunal Constitucional revocó el derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados, dejando a más de 200.000 haitianos de segunda generación sin ciudadanía. Como consecuencia, esta población evita acudir a los centros de salud por temor a ser deportada.