Los recortes a la ayuda humanitaria ahogan a los campamentos de refugiados saharauis

Durante cincuenta años, los campamentos de refugiados saharauis han resistido contra viento y marea en medio del desierto argelino. El devenir de la geopolítica internacional ha ido alejando el foco de la atención pública sobre su situación: abandonados a su suerte por España tras su descolonización inconclusa del Sáhara Occidental. Ahora, un nuevo revés político que nada tiene que ver con ellos pone en riesgo su futuro. 

Desde que miles de saharauis cruzaron el desierto en 1975 huyendo de la ocupación marroquí y se instalaron en la vecina Tinduf, sus vidas han estado enfocadas a sobrevivir en la hamada argelina. Bajo unas condiciones extremas, el 90% de la población de los campamentos depende de la ayuda humanitaria. Por ello, el recorte generalizado en los programas de asistencia ha supuesto un duro golpe para los refugiados saharauis. 

El pasado año, las agencias de la ONU y las organizaciones internacionales proporcionaron 58 millones de dólares en ayudas para la población saharaui en Tinduf. Sin embargo, se habrían necesitado 104 millones para cubrir las necesidades en los campos. Una situación “crítica” denunciada por el director de la Media Luna Roja Saharaui (MLRS), Yahya Bohobeini. 

En la sede de la organización en Rabuni, la capital administrativa de los campamentos, el stock de emergencia de alimentos que guardaban en sus almacenes se ha agotado. Ya no quedan lentejas ni aceite. Las reservas de harina dan para dos meses, pero el cargamento tiene que llegar de los puertos argelinos. 

Una lucha por conseguir bienes básicos 

Cuando Donald Trump resolvió cerrar la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), provocó una crisis de financiación en la ONU, que dependía en un 40% de la financiación norteamericana. Una decisión que ha tenido un impacto inmediato entre la población dependiente de esas ayudas, como es el caso de los saharauis. 

La MLRS reparte una canasta básica de dieciséis kilos de comida al mes para la población saharaui en riesgo de inseguridad alimentaria en los campamentos. Esto se traduce en 133.672 beneficiarios. En los últimos meses, estas personas han visto cómo el estado de la comida que reciben ha empeorado. Bohobeini admite que se ven obligados a decantarse por proveedores con precios más bajos, pero de peor calidad.

Ante la reducción en un 30% de las aportaciones del Programa Mundial de Alimentos a la canasta, la Media Luna ha tenido que agotar su stock de seguridad para completar esa cesta básica de la que dependen miles de saharauis. Esto ha provocado a su vez un retraso en los repartos mensuales de comida ya que, sin las reservas, dependen de los alimentos que llegan de fuera. “En mi último viaje a Argelia conseguí convencer a la Media Luna Roja Argelina para que nos donase 20 toneladas de aceite para tener la ración de este mes”, asegura su director. 

Aumentan los costes, pero no la financiación 

A la reducción de la ayuda que llega a los campamentos se suma un aumento generalizado de los precios, especialmente pronunciado a raíz de la pandemia. Antes del covid, una tonelada de la canasta básica costaba 492 dólares. Ahora, 782. 

Una subida que se siente en productos básicos como la levadura, que se encuentra por encima de los seis dólares por kilo, y de una calidad “muy baja”. Un kilo de carne de camello cuesta más de once dólares. “Han aumentado los costes pero no la financiación”, sintetiza Bohobeini, que subraya el impacto directo que esta situación tiene en la población de los campamentos. El año pasado, se detectó una subida “grandísima” de la prevalencia de la anemia y la desnutrición entre los saharauis que viven en Tinduf. 

Además, los propios tejidos de apoyo de los refugiados se han visto afectados por factores externos. Muchos de los habitantes de los campamentos reciben ayuda de sus familiares que viven en los territorios saharauis liberados. Sin embargo, la reanudación de la guerra con Marruecos en 2020 impide ahora que estas personas entren en Tinduf para llevar ayuda a sus seres queridos. 

ACNUR, una de las agencias más afectadas

La Escuela de Enfermería Ahmed Abdel-Fatah recibió el 2 de mayo una noticia terrible: los fondos anuales que percibe de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ya se han agotado. Situada en medio del desierto, el mantenimiento de sus maltrechas instalaciones, los salarios de sus profesores y el material de sus alumnas dependen en su totalidad de esta financiación. 

El 50% del presupuesto que ACNUR destinaba a sus proyectos en los campamentos saharauis provenía de la financiación de EEUU. De esta manera, mientras que el presupuesto de la agencia para los refugiados de Tinduf era de 9,4 millones de dólares en 2024, el año pasado fue de 5,6 millones. Y este año no hay presupuesto. 

Un recorte que se está sintiendo especialmente en el ámbito sanitario. El director de cooperación del Ministerio de Salud Pública saharaui, Alien Abdullah, señala que ACNUR es, junto con la oficina humanitaria de la Unión Europea, el principal financiador de los programas de salud en los campamentos. 

Desde el ministerio, no saben qué va a pasar con la Escuela de Enfermería. En unas pocas semanas terminará el curso escolar y las alumnas se irán a sus casas hasta septiembre. Sin embargo, de no encontrar una nueva vía que cubra su presupuesto anual de 20.000 euros, el centro no podrá reabrir sus puertas. 

La solución para que la escuela siga en funcionamiento podría estar en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a la que ACNUR ha pedido una subvención. “España debería encargarse”, subraya Abdullah, que asegura que el organismo español ha cortado las relaciones directas con su ministerio, con el que se comunica a través de intermediarios. 

Ver Galería

El pueblo saharaui sigue resistiendo

El caso de esta escuela de enfermería refleja muy bien el espíritu de resistencia de los saharauis. “No hemos dejado de trabajar y seguimos trabajando”, subraya el director del centro, Bassiri Mustafa. Entre las paredes desconchadas que llevan a los dormitorios de las alumnas, deja claro la voluntad del centenar de estudiantes que acuden al centro por continuar formación: “Vienen caminando si hace falta”. 

Las jóvenes son conscientes de la difícil situación que atraviesa el centro. Agrupadas en la entrada mientras regresan de pasar el fin de semana con sus familias, conversan y ríen en pequeños grupos. “Ellas se van a entregar a esta causa a cambio de nada”, comenta Mustafa. 

Ya han sorteado otros baches políticos, como la crisis financiera o la pandemia. “El pueblo saharaui vive aquí desde hace cincuenta años”, manifiesta mientras señala a las dunas que rodean la escuela, refiriéndose a su capacidad para anteponerse a las adversidades. Ahora, deben hacer frente a la falta de batas para el laboratorio y encontrar una forma de pagar el sueldo de los quince docentes que imparten clase en la escuela (dos de ellos cubanos). 

Mientras pasea por las aulas y los laboratorios donde las estudiantes aprenden todo lo necesario para poder ejercer en las urgencias de los hospitales saharauis, queda clara su determinación a que la escuela siga adelante. Pero, aunque llegue la subvención de la AECID este año, su supervivencia no está garantizada. 

Los campamentos precisan de 178 millones de dólares para cubrir las necesidades de este año y el que viene, según las estimaciones de la MLRS. Queda por saber si los recibirán.