La crisis migratoria ocurrida el pasado 30 de julio en Ceuta ha desembocado en un intercambio de acusaciones entre un informe preliminar elaborado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH) —organismo oficial encargado de la protección y promoción de los derechos humanos en el Reino de Marruecos—, y miembros de la Guardia Civil, en relación con la presunta existencia de malos tratos hacia las personas que cruzaron el espigón.
Ante estas afirmaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización mayoritaria del cuerpo, ha rechazado las acusaciones al considerar que las pruebas aportadas carecen de consistencia y ha defendido que el único vídeo en el que un migrante mostraba las lesiones denunciadas había sido modificado con inteligencia artificial, algo que fue reconocido en el propio documento elaborado por el CNDH de Marruecos.
Las acusaciones del CNDH
El informe que ha despertado la respuesta de la asociación del Instituto Armado ha situado las presuntas lesiones sufridas por los migrantes como una de sus principales preocupaciones alegando que se habrían producido vulneraciones significativas del "derecho a la vida y la integridad física, los derechos vinculados a la migración, la protección frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana".
Las acusaciones del CNDH apuntan a responsabilidades compartidas y señalan directamente a las fuerzas de seguridad de ambos países por "incidentes que afectaron la integridad física, atribuidos tanto a autoridades españolas como marroquíes". En el caso específico de la actuación española, el CNDH afirma haber recogido testimonios de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad españolas en momentos en los que no había cámaras y en los que se alude a "heridos, lanzamientos de piedras y daños a la propiedad, así como imágenes de vídeo que indican incidentes de violencia contra personas en las zonas de cruce y retorno".
Además, denuncia la existencia de "ataques de grupos extremistas contra jóvenes y menores que habían cruzado a Ceuta, incluyendo persecuciones, insultos y palizas", así como una "falta de protección frente a ataques racistas y xenófobos en territorio de Ceuta". El organismo critica la gestión de las autoridades locales de la ciudad autónoma, acusándolas de tomar la decisión de no proporcionar asistencia necesaria, ordenando el cierre de establecimientos comerciales, lo que, según dicen, provocó hambre y deshidratación en personas vulnerables, incluidos niños y mujeres.
"Uno de los episodios fronterizos más grabados"
La respuesta de la Asociación Unificada de Guardias Civiles no se ha hecho esperar: la organización policial "rechaza de forma rotunda la acusación de malos tratos y agresiones vertida contra las fuerzas de seguridad españolas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos en su informe".
En este sentido, la asociación sostiene que el documento no aporta un solo parte médico atribuido a un agente español, ninguna identificación de un guardia civil, ninguna denuncia presentada ante un juzgado español y ninguna imagen. Según la AUGC, las acusaciones se sustentan exclusivamente en testimonios recabados de personas que ya habían regresado a Marruecos y recogidos por un organismo dependiente de la Administración marroquí, por lo que, a su juicio, no han podido ser contrastados por una entidad independiente, además de subrayar que los propios autores califican el informe de "no definitivo".
La asociación pretende desmontar el argumento que gira en torno a la idea de que las agresiones se produjeron de forma oculta y cuando no había cámaras al recordar que los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio representaron "uno de los episodios fronterizos más grabados de la historia reciente de Europa: miles de teléfonos móviles, videovigilancia fronteriza, cámaras comerciales y una cobertura informativa internacional que ocupó durante días cada metro del espigón, de las playas y del entorno del CETI". En contraposición a las acusaciones de violencia, aclaran que el material audiovisual que realmente circuló de forma masiva fue muy distinto: defiende que sí se difundieron imágenes pero que estas representaban a guardias civiles metidos en el agua "rescatando personas y niños en brazos".
Un vídeo manipulado con IA
Con lo que respecta al vídeo presentado por uno de los usuarios que denunciaba las supuestas lesiones infligidas por las autoridades españolas, fuentes policiales indican que el propio informe marroquí admite que el único caso concreto que detalla se difundió con un vídeo manipulado por inteligencia artificial. Además, rebate la acusación sobre el desabastecimiento provocado en Ceuta: el informe marroquí sostenía que las autoridades locales ordenaron el cierre de los comercios pero la asociación aclara que esta decisión respondió a una recomendación de la Confederación de Empresarios de la ciudad.
Con todo esto, el documento refleja las diferencias entre la versión del organismo marroquí de derechos humanos y la de los representantes de la Guardia Civil, que defienden que su actuación fue transparente y ajustada a criterios humanitarios, al tiempo que consideran que el informe carece de pruebas objetivas.
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