El informe que no veremos

Hay un documento que quizá nunca conozcamos. Puede que no existiera. Puede que fuese una nota breve, una advertencia verbal, uno de esos papeles que pasan por tres despachos y acaban convertidos en una frase sin dueño, hay riesgo, conviene vigilar. Lo que Ceuta obliga a preguntar no es qué decía, sino si llegó a existir y qué hicieron quienes pudieron leerlo.

El ministro del Interior sostiene que no hubo informe, aviso ni comunicación. La Cadena SER publicó lo contrario, que el CNI trasladó varios avisos en las semanas previas y que se desoyeron porque la frontera estaba, en palabras de las fuentes citadas, infradotada. El propio Interior admite haber comunicado a Migraciones, ocho días antes, que el CETI podía alcanzar una situación crítica. Las asociaciones de la Guardia Civil llevaban semanas pidiendo refuerzos. Y las convocatorias circulaban por grupos de Facebook al alcance de cualquiera con un teléfono. Puede que nadie calculara la dimensión. Que nadie viera venir el movimiento es mucho más difícil de sostener.

A partir de ahí solo caben dos explicaciones. Si los servicios de información no lo detectaron, fallaron en lo más elemental de su oficio. Si lo detectaron y avisaron, alguien leyó el riesgo y decidió que no hacía falta reforzar la frontera. Eso ya no es un fallo de inteligencia sino una decisión política, y de las decisiones políticas se conoce siempre el resultado y casi nunca el autor.

El Gobierno responderá que ningún informe anunciaba decenas de miles de entradas a una hora determinada y por un lugar preciso. Ese argumento exige a la inteligencia la exactitud que solo tiene el forense, y en Ceuta el forense lleva días trabajando. Los informes no sirven para acertar. Sirven para decidir cuando faltan datos y sobra incertidumbre.

Si lo detectaron y avisaron, alguien leyó el riesgo y decidió que no hacía falta reforzar la frontera. Eso ya no es un fallo de inteligencia sino una decisión política, y de las decisiones políticas se conoce siempre el resultado y casi nunca el autor"

¿Qué pudo aconsejar la pasividad? Tal vez se confió en que Marruecos cerraría el paso, como lo ha cerrado y abierto tantas veces según lo que necesitaba obtener. Tal vez se quiso evitar un despliegue que dañara la relación con Rabat, o que obligara a mirar de frente lo que España lleva medio siglo procurando no mirar, que la seguridad de Ceuta depende de un país que no reconoce la soberanía española sobre Ceuta. Son hipótesis. Por eso hacen falta explicaciones y no filtraciones.

Cabe también una posibilidad menos novelesca y mucho más frecuente. Que nadie diera una orden. Que la alerta se fuera diluyendo entre ministerios, vacaciones y competencias hasta dejar de ser responsabilidad de una persona concreta. Es lo que suele ocurrir en agosto, y la burocracia sabe producir decisiones que no tienen autor.

Lo ocurrido ha dejado además a la vista algo que se prefería no enseñar. Italia restableció controles en sus conexiones aéreas y marítimas con España. Veintidós de los veintisiete gobiernos de la Unión firmaron una carta declarándose dispuestos a hacer lo mismo. La primera ministra danesa llegó a sugerir que se estudiara suspender la cooperación Schengen con España. Madrid respondió con controles a los viajeros procedentes de Italia y un ultimátum. En una semana, la frontera exterior de la Unión dejó de ser cosa de todos para convertirse en un problema español, y el espacio de libre circulación se deshizo por dentro con la misma facilidad con que se había deshecho por fuera. España quedó señalada y Europa quedó retratada, y ninguna de las dos está ya en condiciones de explicarle a la otra por qué su frontera común la administra un tercero.

Y hay una fecha. Desde hace días circulan llamamientos a repetir la entrada el 15 de agosto, por los mismos canales que nadie reconoce haber leído en julio. Frente a ellos, el Estado ha instalado en el espigón del Tarajal una barrera neumática de quinientos metros que sobresale setenta centímetros del agua. Si el día 15 vuelve a ocurrir, no habrá informe que buscar ni ministro que pueda decir que nadie lo advirtió, porque el aviso está publicado en los periódicos.

Empieza a ser un método. Ocurre el desastre, el Estado aparece cuando ya ha ocurrido, las cifras se corrigen durante días, las advertencias previas se conocen por la prensa cuando ya no sirven para nada y la responsabilidad se diluye entre administraciones hasta que no queda nadie a quien preguntar. Después vienen las comparecencias.

No se pide que el CNI revele agentes ni fuentes. Se pide saber cuándo conoció el Gobierno el riesgo, quién lo evaluó y por qué no actuó. Los secretos oficiales están para proteger operaciones, no para que una responsabilidad se quede sin nombre. El informe que no veremos puede incluso que no exista. La decisión de no reforzar la frontera sí existió, la tomó alguien, y ese alguien tiene nombre.