¿La IA va a sustituir a los funcionarios? La OEP incrementa un 40% la contratación de especialistas en digitalizacion

Ninguno de los tres sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CCOO, CSIF y UGT— ha dado su visto bueno a la Oferta de Empleo Público (OEP) aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Desde CCOO y UGT consideraron "insuficientes" las 27.232 plazas ofrecidas por el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital que dirige Óscar López. "Impedirán solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa", añadieron desde CSIF.

Lo cierto es que las OEP de los últimos años se han producido en paralelo a dos retos estructurales: plantillas tensionadas en departamentos clave y una mayor presión sobre los servicios públicos tras la llegada de casi cuatro millones de inmigrantes desde la pandemia. Además, a ello se ha sumado este año otro desafío: la reducción de la jornada laboral en la Administración General del Estado desde las 37,5 hasta las 35 horas semanales, una medida que equivale a la pérdida de unos 17.500 empleos a tiempo completo.

Con este telón de fondo, los sindicatos advertían de que este año se necesitaba reforzar el sector público para que los ciudadanos no perdiesen la calidad de los servicios. Sin embargo, desde el propio Ministerio de Función Pública se dejó entrever que el margen fiscal para incrementar el número de empleados públicos, en línea con las exigencias sindicales, era limitado. La mejor prueba fue la negociación del acuerdo salarial de los funcionarios para el periodo 2025-2028, en el que el departamento de Óscar López trasladó que no existía capacidad presupuestaria para mejorar su oferta retributiva. De hecho, el pacto se cerró sin que los funcionarios recuperasen el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Función Pública apuesta por la digitalización

Así, con las plantillas tensionadas, el escaso margen presupuestario y la presión de mantener la calidad de los servicios públicos, el Gobierno ha encontrado la solución en la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la Administración Pública.

El ministro Óscar López defendió este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la OEP de 2026 buscaba algo más que cubrir vacantes: pretendía transformar la Administración. "Con esta oferta pública de empleo nos planteamos dar un salto trascendental", señaló, fijando como objetivo "digitalizar al menos otro 25% de los servicios que presta la Administración", a fin de "mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos".

Según explicó, "este es el objetivo real de esta digitalización de la función pública": aprovechar "todas las nuevas herramientas que permiten la digitalización y la inteligencia artificial". Para ello, la OEP incluye más de 1.700 plazas vinculadas a tecnologías de la información y comunicación (TIC), un 40% más que en la convocatoria anterior.

Además, el ministro de Función Pública destacó que "por primera vez en la historia" se crearán plazas de "especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato". Y a ello se suma que se van a "incrementar un 200% las plazas para el cuerpo superior de sistemas y tecnología de la información".

¿La IA destruirá empleo?

Pese a la apuesta por la transformación digital, López quiso lanzar un mensaje político frente al temor de que la automatización destruya empleo: "Vamos a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público. Por lo tanto, vamos a transformar empleos y no a destruir empleos".

La advertencia no es menor. El informe de febrero de 2024, elaborado por Randstad Research en colaboración con el COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación), estimaba que el comercio, la Administración pública y la hostelería iban a ser los sectores con mayor destrucción de empleo por la Inteligencia Artificial. En concreto, calcularon una destrucción bruta de cerca de dos millones de empleos en España entre 2023 y 2033, frente a la creación de 1,61 millones de nuevas ocupaciones, lo que dejaría una pérdida neta de alrededor de 400.000 puestos de trabajo.

Y a este informe se suma el análisis más reciente de Funcas, que eleva la horquilla y estima que la IA podría destruir entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en la próxima década. Sin embargo, se trata de una destrucción bruta y, en el escenario más optimista, la pérdida neta se reduciría a unos 100.000 empleos, mientras que en el más pesimista podría alcanzar los 1,9 millones de empleos. Además, en línea con el informe de Randstad Research, advierten que esta destrucción de empleo se concentrará en los grupos con mayor exposición, es decir, "los empleados administrativos y los técnicos de nivel medio".

Eso no significa, sin embargo, que todos esos puestos desaparezcan de golpe. Como explica Funcas, "la realidad será una combinación de reducción de plantillas en renovaciones de contratos, menor contratación de sustituciones y reorganización de funciones dentro de puestos que permanecen", más que despidos masivos inmediatos.

Ante este escenario, Funcas defiende que la clave estará en la formación y la recualificación: "La prioridad debería ser el diseño de políticas activas de empleo específicamente orientadas a los grupos ocupacionales con mayor exposición al riesgo de sustitución (...), combinando programas intensivos de reskilling con incentivos a la contratación en nuevas ocupaciones vinculadas a la IA".

Precisamente, una receta que coincide con la estrategia anunciada por el Gobierno. Óscar López adelantó que introducirían "en todos los cursos selectivos que realiza la Administración, formación específica obligatoria en digitalización e inteligencia artificial aplicada a la Administración Pública".