La cúpula de la SEPI nombrada por María Jesús Montero, imputada en el 'caso Leire'

La investigación del 'caso Leire' ha terminado por salpicar a buena parte de la actual dirección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding público dependiente del Ministerio de Hacienda. Tal y como informó El Independiente, entre los investigados figura su presidenta, Belén Gualda, junto a otros cinco altos cargos de la entidad que gestionó algunos de los expedientes que ahora analiza la Audiencia Nacional.

El juez Santiago Pedraz acordó este lunes una batería de 25 nuevas imputaciones previamente solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. En sus manos se encuentra la investigación de las presuntas gestiones desplegadas ante la SEPI por parte del grupo integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Según sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este grupo habría aprovechado sus contactos dentro del organismo para intermediar en expedientes públicos a cambio de contraprestaciones económicas.

Gualda aterrizó en la presidencia de la SEPI en marzo de 2021, con la entonces vicepresidenta primera María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda, del que depende el holding público. De hecho, el nombramiento del presidente de la SEPI es competencia del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio, y se formaliza mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Montero dirigió esta cartera de forma ininterrumpida entre 2018 y 2026, periodo en el que se produjeron tanto la concesión de los rescates empresariales durante la pandemia como buena parte de las actuaciones que ahora investiga la Audiencia Nacional. La SEPI fue, durante esos años, el principal instrumento del Estado para canalizar ayudas a empresas estratégicas, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) creado, precisamente, en el contexto de la crisis sanitaria.

Antes de Gualda, la presidencia del organismo estuvo en manos de Bartolomé Lora, nombrado por el Consejo de Ministros en octubre de 2019 tras el cese de Vicente Fernández, entonces investigado en la causa de Aznalcóllar. Lora desempeñó un papel clave en la fase inicial de los rescates industriales, incluida la autorización del rescate de Air Europa, formalizado en noviembre de 2020 por un importe de 475 millones de euros en dos tramos para la aerolínea de la familia Hidalgo.

Lora actuó en ese período como presidente en funciones del organismo, en un escenario de transición en la cúpula de la SEPI. Cabe recordar que actualmente se encuentra investigado en la causa abierta por el rescate de Air Europa y deberá declarar ante el juez este viernes.

Un 'topo' en la SEPI para filtrar expedientes

Pero la investigación no alcanza únicamente a la presidenta del organismo. Entre los 25 nuevos investigados figuran también el director del FASEE, Julián Mateos-Aparicio; el director corporativo de la SEPI, Miguel Ángel Santiago Mesa; los altos cargos Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; y el exdirector de Participadas III Miguel Ángel Figueroa, que dimitió hace dos semanas como interventor general de la Junta de Andalucía tras conocerse su vinculación con la causa.

Este último ocupa un papel especialmente relevante en la investigación. En una de las libretas intervenidas por la Guardia Civil a Leire Díez durante el registro de la sede del PSOE en Ferraz aparecía una anotación manuscrita sobre Figueroa: "Va a ser nuestros ojos en la SEPI". La UCO sostiene que el entonces alto cargo mantenía una comunicación "fluida" con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y le facilitaba información interna sobre algunos de los expedientes más sensibles tramitados por el organismo, especialmente el rescate de Tubos Reunidos, aprobado en julio de 2021 por 112,8 millones de euros.

De hecho, tal y como avanzó este periódico, el juez Pedraz también ha autorizado a la Guardia Civil a clonar y analizar el contenido del teléfono de Figueroa, al considerar que las comunicaciones almacenadas en el dispositivo pueden resultar determinantes para reconstruir el funcionamiento de la presunta trama y el flujo de información que habría salido de la SEPI hacia el grupo integrado por Díez, Fernández y Alonso.