Marlaska deberá decidir este martes en el Senado quién miente, la UCO o la directora de la Guardia Civil

Fernando Grande-Marlaska llega este martes a las 16.00 horas a la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado atrapado entre dos versiones incompatibles sobre la mayor crisis interna que ha atravesado la Guardia Civil en los últimos años. El ministro del Interior tendrá que responder por el choque abierto entre la cúpula política del Instituto Armado y los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), una batalla que ya no se libra únicamente en los despachos de Guzmán el Bueno, sino también en la Audiencia Nacional.

La comparecencia de Marlaska se produce después de que antiguos responsables de la UCO declarasen ante el juez Santiago Pedraz y pusieran sobre la mesa una versión que contradice algunos de los argumentos defendidos por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y por la actual cadena de mando operativa encabezada por el teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO).

El ministro tendrá que fijar posición ante una pregunta incómoda: si da por buena la versión de la dirección política del cuerpo o si concede mayor credibilidad a unos mandos policiales que han declarado bajo juramento y que forman parte del ministerio que él mismo dirige.

Las reuniones entre Mercedes González y Leire Díez

Uno de los principales puntos de conflicto está en las reuniones mantenidas entre Mercedes González y Leire Díez, la exmilitante socialista investigada por sus contactos con empresarios y cargos vinculados al entorno del ‘caso Koldo’. La directora general compareció el pasado 16 de junio ante la Comisión de Interior del Senado y admitió haber tenido contacto con Díez, aunque el propio ministro e Interior habían negado "tajantemente" dichos encuentros apenas unos días antes.

Durante su declaración en el senado defendió que actuó con transparencia y aseguró que había informado a los responsables de la UCO de esos encuentros. Esa versión fue cuestionada días después en sede judicial. El 26 de junio, los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, antiguos responsables de la UCO y de la Jefatura de Policía Judicial, declararon ante el juez Pedraz y aseguraron que Mercedes González nunca les comunicó esas reuniones con Leire Díez.

El choque entre ambas versiones sitúa a Marlaska ante una contradicción difícil de resolver políticamente ya que una de las dos partes no estaría contando la misma realidad sobre una cuestión relevante para la investigación.

Un "control absoluto" sobre Mercedes

Los informes internos de la propia UCO incorporados al procedimiento reflejan que los agentes habían detectado una relación más estrecha entre ambas de la trasladada públicamente por la directora general. En una nota de despacho fechada el 5 de mayo de 2025, la unidad recogía que Leire Díez presumía de tener "un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su Directora General".

Los investigadores documentaron al menos tres encuentros presenciales entre ambas: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

La documentación policial también recoge que, tras una conversación mantenida en mayo de 2025, Leire Díez trasladó a su entorno que se había apostado "una comida con Mercedes" a que las filtraciones sobre el entorno de Koldo García procedían de la UCO. Poco después, los agentes detectaron que en el chat de WhatsApp entre ambas se activaron los mensajes temporales, configurados para desaparecer transcurridas 24 horas.

El frente del DAO: la orden de "ponerse de perfil"

El segundo gran asunto al que deberá responder Marlaska afecta directamente al máximo responsable operativo de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas. Los antiguos mandos de la UCO han relatado ante el juez Pedraz episodios en los que, según su versión, recibieron indicaciones para reducir su iniciativa en investigaciones con impacto político.

Uno de los episodios señalados se produjo en julio de 2024, tras la elaboración de un informe sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según el testimonio del general Rafael Yuste, en una reunión en la que participaron responsables de la Guardia Civil se cuestionó el contenido del documento, al que se calificó de "prospectivo y malintencionado".

Cuatro días después, según declararon varios mandos, el DAO acudió a las dependencias de la UCO para reunirse con responsables de Policía Judicial y con investigadores vinculados a la Operación Cajirón. Los testimonios incorporados a la causa apuntan a que en ese encuentro se trasladó a los agentes que, en procedimientos con componente político, debían evitar actuar de forma proactiva y "ponerse de perfil", dejando la iniciativa en manos de la autoridad judicial.

La desconfianza hacia el DAO quedó reflejada también en documentación intervenida al comandante Rubén Villalba, donde aparece una anotación manuscrita con la expresión "no fiar DAO". Además, la investigación recoge una comunicación posterior en la que el propio Llamas trasladaba al jefe de la Policía Judicial que tenía "claro que la filtración no sale de UCO", y aún así no se cerraron las informaciones reservadas. Esa afirmación abre otra de las preguntas que previsiblemente llegarán este martes al ministro: por qué continuaron activas investigaciones internas contra la unidad si la propia cadena de mando descartaba que los agentes fueran responsables de las filtraciones.

Las informaciones reservadas contra la UCO

Otro de los elementos que estará encima de la mesa del Senado son las informaciones reservadas abiertas dentro de la Guardia Civil contra miembros de la UCO. La dirección del cuerpo y el Ministerio del Interior han defendido que estos procedimientos forman parte de los mecanismos habituales de control interno para investigar posibles filtraciones a medios de comunicación.

Sin embargo, los investigadores consideran que la acumulación de expedientes y el momento en que se produjeron generaron una presión extraordinaria sobre la unidad encargada de investigar algunos de los asuntos más sensibles para el Ejecutivo.

La información reservada abierta en septiembre de 2025 es uno de los episodios más controvertidos. En ese procedimiento se reclamó información detallada sobre los agentes que participaban en investigaciones relacionadas con personas del entorno del Gobierno: Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán. Los mandos de la UCO consideran que esa petición suponía una identificación extraordinaria de los investigadores que estaban trabajando en causas especialmente sensibles.

La ofensiva contra la UCO y el objetivo Balas

Las conversaciones intervenidas a Leire Díez y su entorno constituyen otro de los elementos centrales de la investigación. Según los informes policiales, la trama buscaba obtener información comprometida sobre miembros de la Guardia Civil y, especialmente, sobre integrantes de la UCO.

Uno de los nombres que aparece de forma recurrente es el del teniente coronel Antonio Balas. En una de las conversaciones recogidas por los investigadores, Leire Díez afirmó: "No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas".

También aparece la intención de desacreditar a la unidad mediante el relato de una supuesta "UCO patriótica". Los investigadores sostienen que esa estrategia buscaba erosionar la credibilidad pública de la unidad y reducir su capacidad de actuación. En ese contexto aparece otra frase atribuida a Jacobo Teijelo, abogado relacionado con la trama, sobre el objetivo de la campaña: "Todo el prestigio de la UCO se les va a tomar por culo".

Marlaska, ante la decisión política más difícil

Con todos estos elementos, la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en el Senado llega en un momento especialmente delicado para Interior. El ministro tendrá que responder por una crisis que enfrenta a dos estructuras esenciales de la Guardia Civil: la dirección política del cuerpo y la unidad operativa que durante años ha liderado algunas de las principales investigaciones contra la corrupción.

Respaldar la versión de Mercedes González y Manuel Llamas implica asumir que los antiguos responsables de la UCO han ofrecido ante un juez una versión equivocada de los hechos. Dar por válidos sus testimonios supone admitir que dentro de la cúpula del Instituto Armado se produjeron actuaciones que los investigadores interpretan como una presión sobre una unidad clave.