La cúpula de la Guardia Civil se fía más de la prensa que de la UCO: usó la "presunción de veracidad" para abrir informaciones reservadas

Los informes de la UCO ratificados por los agentes en la Audiencia Nacional y las declaraciones como investigados de la directora de la Guardia Civil y del DAO, han dejado al descubierto una de las decisiones más llamativas adoptadas por la cúpula durante la apertura de las sucesivas informaciones reservadas contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). La dirección general justificó la apertura de uno de esos expedientes internos otorgando expresamente una "presunción de veracidad" a una noticia publicada en un medio de comunicación nacional, un argumento que contrasta con la prudencia mantenida públicamente por el Ministerio del Interior respecto a los propios informes elaborados por la Policía Judicial.

En el ámbito judicial, los atestados e informes de la UCO constituyen la base sobre la que jueces y fiscales adoptan decisiones tan relevantes como registros, detenciones o aperturas de juicio oral. Sin embargo, la documentación analizada en el procedimiento refleja que, para abrir una investigación disciplinaria contra integrantes de esa misma unidad, la dirección general consideró suficiente una información periodística y el hecho de que ésta no hubiera sido desmentida oficialmente. Aunque ahora bien, con los informes señalando directamente a Mercedes González y a Manuel Llamas, desde Interior no se ha tomado ninguna medida al respecto.

La decisión de abrir ese expediente quedó plasmada en la Información Reservada 1/25 de Estado Mayor, abierta formalmente el 1 de septiembre de 2025 por orden de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de firmar digitalmente la resolución dos días antes, un domingo 30 de agosto. Cabe destacar que en su declaración como investigada, González explicó que esta información en realidad la redactó el propio DAO y que ella solamente la firmó.

Una noticia como punto de partida

El origen del expediente fue una información publicada el 21 de julio de 2025 por El Mundo bajo el título "Tensión en la UCO por la constante intromisión del peón de Marlaska". En ella se recogía el supuesto malestar existente entre los investigadores por las reiteradas peticiones de información que, según el diario, habría realizado el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, sobre investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y que permanecían bajo secreto.

A partir de esa publicación, la dirección general acordó abrir una información reservada para determinar si miembros de la UCO habían filtrado información a la prensa, pudiendo incurrir en infracciones disciplinarias graves previstas en la Ley Orgánica 12/2007 de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Lo llamativo del expediente no es únicamente la apertura de la investigación, sino el razonamiento utilizado para justificarla.

La "presunción de veracidad"

Según consta en la resolución incorporada al procedimiento judicial, la dirección general sostuvo que existían "varios indicios" de que la información publicada procedía de integrantes de la Guardia Civil o, concretamente, de la UCO. El primero de esos indicios era, literalmente, "la presunción de veracidad que ampara a una información periodística de interés general, salvo prueba en contrario que la desmienta". La resolución fundamentaba esa afirmación en que la noticia había sido publicada por un diario de ámbito nacional, con una larga trayectoria, y firmada por una periodista especializada en información de Interior.

El segundo argumento empleado resultó igualmente significativo. Según la dirección general, tampoco constaba que la UCO hubiera desmentido la información "ni públicamente ni por los cauces internos del Cuerpo", lo que se consideró otro elemento para sostener la apertura de la investigación. Cabe destacar que la UCO, al igual que otras instituciones como Casa Real o CNI, no salen a desmentir o corroborar las informaciones publicadas en prensa.

Una carga de la prueba invertida

Precisamente ese razonamiento fue uno de los aspectos que posteriormente quedó cuestionado durante la instrucción judicial. De acuerdo con la documentación que forma parte de la causa, la dirección general terminó exigiendo implícitamente que fuera la propia UCO quien desmintiera una información publicada por un tercero para evitar que prosperara un expediente disciplinario. La consecuencia práctica era invertir la carga de la prueba sobre los propios investigadores, que podían llegar a enfrentarse a posibles infracciones relacionadas con la vulneración del secreto profesional o con el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

Sin embargo, según ha podido saber El Independiente, durante su declaración como testigo ante el magistrado instructor, el general jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Alfonso López Malo, rechazó esa interpretación. El mando explicó que la Policía Judicial no acostumbra a responder públicamente a informaciones periodísticas relativas a investigaciones o al funcionamiento interno de sus unidades, precisamente por razones de neutralidad institucional y de protección de las investigaciones.

El expediente acabó archivado

La propia evolución de la información reservada terminó debilitando la tesis inicial de la dirección general. El general instructor encargado del expediente propuso finalmente el archivo de las actuaciones el 3 de octubre de 2025 después de concluir que la noticia utilizaba referencias genéricas -"fuentes conocedoras del conflicto", "un alto mando" o "fuentes de toda solvencia"- sin atribuir expresamente la información a integrantes de la UCO. El instructor llegó a diferenciar esas referencias de otras menciones mucho más concretas incluidas en la misma publicación respecto al Grupo de Acción Rápida (GAR), donde sí aparecía identificada de forma expresa la unidad afectada.

Los documentos incorporados al procedimiento también reflejan una circunstancia que varios de los mandos que han declarado ante el juez consideran especialmente llamativa. Mientras desde el Ministerio del Interior y la dirección general se insistía públicamente en relativizar el contenido de los informes de la UCO en las investigaciones que afectaban al entorno del Ejecutivo, recordando que los atestados policiales debían ser posteriormente valorados por los tribunales, internamente se otorgó valor suficiente a una noticia periodística para activar una investigación disciplinaria de gran alcance.

Un organigrama con los agentes

Como consecuencia de esa información reservada, la Jefatura de Policía Judicial llegó a recibir requerimientos para facilitar un organigrama nominativo con la identidad y el número profesional (TIP) de los oficiales destinados en la UCO que participaban en investigaciones especialmente sensibles. En cambio, según la documentación incorporada a la causa, la investigación interna no abrió ninguna línea de averiguación sobre el contenido principal de la noticia: las supuestas injerencias del DAO en investigaciones judiciales declaradas secretas.

Toda la actividad instructora quedó centrada en determinar si miembros de la UCO habían trasladado a terceros el supuesto malestar existente dentro de la unidad por esas actuaciones. Esa diferencia de criterio fue precisamente una de las cuestiones que varios mandos de la Guardia Civil pusieron de relieve durante sus comparecencias judiciales. Tanto el general Alfonso López Malo como quien entonces era jefe de la UCO, el general Rafael Yuste, calificaron ante el magistrado instructor la sucesión de informaciones reservadas abiertas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 como una situación "excepcional" y "no habitual" dentro del funcionamiento ordinario del cuerpo.