El juez del Supremo Leopoldo Puente frenó a Interior en su intento de abrir una información reservada al jefe de la UCO

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente frenó la apertura de una información reservada impulsada desde la cúpula de la Guardia Civil contra el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO). esta información se quería abrir por unas supuestas filtraciones relacionadas con mensajes privados de Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos. La investigación interna, que había sido ordenada por el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, quedó archivada después de que el instructor acudiera al alto tribunal para informar al juez y éste advirtiera de las consecuencias que podría tener continuar con las actuaciones.

Este episodio será uno de los asuntos centrales de la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Quien acudirá este martes ante la Comisión de Interior del Senado. La responsable del Instituto Armado tendrá que responder por su relación con Leire Díez. Además deberá explicar si conocía los encuentros que la exmilitante socialista mantuvo con mandos de la Guardia Civil. Todos ellos en el marco de las pesquisas que apuntan a una supuesta estrategia para desacreditar a la UCO.

"Desacreditar a la GC"

La comparecencia la solicitaron varios grupos parlamentarios, entre ellos el Partido Popular, después de que trascendieran las reuniones de Díez con miembros del Instituto Armado. Entre ellos el comandante Rubén Villalba y el ex capitán de la UCO, Sánchez Yepes. Los grupos de la oposición reclamarán explicaciones sobre el conocimiento que tenía la directora general de esos contactos, sobre el contenido de sus encuentros con Leire Díez y sobre las actuaciones internas que se pusieron en marcha en relación con la unidad investigadora.

La documentación incorporada a las actuaciones de la Guardia Civil en un informe realizado por la UCO y al que ha tenido acceso El Independiente, sitúa el origen de la crisis en un periodo de apenas 14 días. Entre finales de abril y mediados de mayo de 2025. En este periodo se sucedieron varias comunicaciones internas sobre una supuesta campaña contra la UCO, una investigación reservada sobre la propia unidad y finalmente la intervención judicial que terminó paralizándola.

Las alertas internas sobre Leire Díez y la UCO

El primer movimiento se produjo el 29 de abril de 2025. Ese día, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota de despacho en la que alertaba sobre las actuaciones de Leire Díez. Según ese documento, la exmilitante socialista instaba a investigados a "atacar procesalmente la instrucción" de la UCO y a "personalizar acusaciones injuriosas" contra los agentes que participaban en las investigaciones.

La nota recogía además que las personas implicadas hacían referencia a que detrás de esa estrategia se encontraba el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, señalaba que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tenía conocimiento de esos movimientos.

Una semana después, el 5 de mayo, el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO elaboró otra nota de despacho. En ella informaba sobre la actividad de descrédito contra la unidad. Además, señalaba que Leire Díez "presume de tener un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su Directora General, así como de ciertas figuras de Fiscalía".

Una campaña de desprestigio

La información fue trasladada dentro de la cadena de mando. El 6 de mayo, el jefe de la UCO remitió la nota al jefe de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ). Este por su parte informó al DAO, Manuel Llamas, de la existencia de una "campaña de desprestigio hacia la UCO".

Dos días después, en una reunión de despacho, el DAO comunicó al jefe de la JPJ que Mercedes González ya conocía los hechos. Según la documentación, la directora general habría tenido conocimiento del asunto a través de la nota elaborada por la Jefatura de Información. Lo reseñable es que, ante estas notas internas que señalaban que Leire podría estar actuando en contra de la UCO y de varios de sus agentes, la directora no decretó ninguna medida al respecto.

Los chats de Mercedes con Leire

El 9 de mayo se produjo uno de los episodios que posteriormente adquiriría relevancia. Después de una información publicada sobre Koldo García, la abogada Leticia de la Hoz escribió a Leire Díez cuestionando la actuación de la UCO. "Lo fuerte es que la UCO sea quien denuncie, filtre, sea juez y parte... todo a la vez". Leire respondió: "Se lo acabo de pasar [a Mercedes González]". Después añadió: "Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO".

Al día siguiente, el 10 de mayo, el diario El Mundo publicó mensajes privados de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. La publicación desencadenó una serie de movimientos internos en la Guardia Civil.

Según la documentación incorporada al expediente, el 11 de mayo, a las 09.16 horas, Mercedes González activó el borrado automático de mensajes en el chat que mantenía con Leire Díez, fijando una cadencia de eliminación de 24 horas.

Ese mismo día, entre las 11.30 y las 12.00 horas, el DAO mantuvo una reunión con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), Antonio Cortés Ruiz. Esta reunión tuvo lugar en la cafetería de la Dirección General de la Guardia Civil. Durante ese encuentro le comunicó su intención de abrir una información reservada para investigar el origen de las filtraciones y le preguntó si aceptaría asumir la instrucción.

Una investigación interna que señalaba a la UCO

La orden de apertura de la investigación interna quedó formalizada el 12 de mayo a las 09.37 horas. El documento justificaba la apertura de la información reservada para esclarecer la filtración de mensajes privados del presidente del Gobierno que "a priori, pudieran haber sido obtenidos en el marco de investigaciones judicializadas desarrolladas por la Unidad Central Operativa". Sin embargo, esa hipótesis chocaba con un elemento técnico, ya que en ese momento la UCO no había intervenido ningún dispositivo de Ábalos, según explica la unidad. La intervención de esos dispositivos se produciría posteriormente, el 10 de junio de 2025.

Cuando el jefe de la JAES recibió la orden de incoación, trasladó la situación al jefe de la Jefatura de Policía Judicial. Según la documentación de la UCO, éste le indicó que era imposible que la filtración procediera de la UCO, ya que los archivos más recientes del dispositivo relacionado con la investigación correspondían a octubre de 2021, mientras que los mensajes publicados eran posteriores, de 2023.

El 14 de mayo, el jefe de la JPJ comunicó por WhatsApp al jefe de la UCO que el DAO "tiene claro que la filtración no sale de UCO". Pese a ello, la información reservada continuó su tramitación administrativa. El jefe de la UCO declaró posteriormente que el instructor de la investigación interna le trasladó que el DAO "estaba recibiendo muchas presiones políticas". El instructor también manifestó su intención de poner los hechos en conocimiento de los órganos judiciales.

La intervención de Leopoldo Puente

El desenlace llegó durante la semana del 19 de mayo. El jefe de la JAES acudió al Tribunal Supremo para informar al magistrado Leopoldo Puente de la existencia de la información reservada y de la intención de continuar con las actuaciones. Puente en aquel momento era el magistrado encargado del 'caso Koldo'.

Según la documentación incorporada al procedimiento, el magistrado le manifestó que no autorizaba la apertura formal de la investigación y advirtió de que, si se continuaba adelante, podría abrir diligencias penales contra el instructor y contra el DAO que había ordenado la actuación.

Tras trasladar esa advertencia al DAO, se acordó el cierre de la investigación interna. Finalmente, el 26 de mayo de 2025, el jefe de la JAES firmó el archivo definitivo de la información reservada "sin haberse practicado ninguna actuación en el marco de la misma".

La UCO señala que se abrieron tres informaciones reservadas, todas quedando en nada, tal y como adelantó El Independiente en diciembre de este año. Fuentes cercanas a los investigadores explicaron que creían que esta apertura de expedientes era una forma de "amedrentar" a los agentes, de tal forma que cediesen en su trabajo.