La directora de la Guardia Civil admite que ellos no organizan las vacaciones de la UCO y desmonta la coartada de la reunión para "ponerse de perfil"

Las reuniones mantenidas en julio de 2024 entre la cúpula de la Guardia Civil y los máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) continúan ocupando un lugar central en la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En esa conversación, según mantienen tanto los mandos de la unidad como los informes de la misma, se les pidió que no fueran "proactivos" y que se "pusieran de perfil" en la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez. Uno de los argumentos utilizados para restar trascendencia a aquellos encuentros fue que respondían a cuestiones de carácter organizativo, entre ellas la planificación de las vacaciones y la distribución de efectivos durante el verano.

Sin embargo, esa explicación ha quedado cuestionada por la propia directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional, y según ha podido saber El Independiente, reconoció que la dirección general no interviene en la organización de los turnos de vacaciones de la UCO. "No, por supuesto que no", afirmó González. Una afirmación que choca con la tesis utilizada por el DAO Manuel Llamas que declaró en sede judicial que aquellas reuniones eran simples encuentros de gestión interna, con el "objetivo exclusivo" de organizar las vacaciones.

Las reuniones de julio de 2024

La controversia gira en torno a los encuentros celebrados los días 12 y 16 de julio de 2024 entre el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos; el Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas; y mandos de la Jefatura de Policía Judicial y de la UCO. Según las declaraciones incorporadas al procedimiento judicial, aquellas reuniones coincidieron con la elaboración de un informe de la UCO dentro de la investigación que seguía el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.

Desde un primer momento, la explicación ofrecida para justificar esos encuentros fue que respondían a necesidades ordinarias de funcionamiento de la unidad durante el periodo estival, relacionadas con la planificación de las vacaciones y la disponibilidad de efectivos para evitar retrasos en las investigaciones. No obstante, el contenido de las declaraciones prestadas bajo juramento por varios mandos de la UCO dibuja un escenario muy distinto.

"Dejar a personal sin vacaciones"

Dos altos mandos de la UCO relataron ante el magistrado instructor que la reunión del 12 de julio estuvo marcada por el contenido del informe que preparaban sobre la causa de Badajoz y no por cuestiones relacionadas con la organización del servicio. Según sus versiones, Leonardo Marcos reprochó a los investigadores que el oficio mediante el que se solicitaba autorización judicial para intervenir correos electrónicos era "totalmente prospectivo y malintencionado" y llegó a afirmar que la credibilidad tanto de la Guardia Civil como de la propia UCO estaba "por los suelos".

Los testimonios coinciden en señalar que el entonces director general fijó como objetivo que el análisis de los correos electrónicos estuviera terminado apenas una semana después, el 19 de julio, con la indicación de que debía concluirse que "no había nada". Cuando los investigadores advirtieron de que ese plazo era materialmente imposible de cumplir debido al volumen de información que debía analizarse, la respuesta de la superioridad, siempre según esas declaraciones, fue que "si había que dejar a personal de la UCO sin vacaciones, que así se hiciera". Ese extremo resulta especialmente relevante porque sitúa las vacaciones como una consecuencia de la reunión y no como el motivo por el que ésta fue convocada.

La respuesta de Mercedes González

La explicación sobre la supuesta planificación de los turnos quedó aún más debilitada durante la comparecencia de Mercedes González. La actual directora general quiso marcar distancias con los hechos investigados al recordar que ella no ocupaba el cargo cuando se celebraron aquellas reuniones de julio de 2024. Sin embargo, la parte más significativa llegó cuando le preguntaron expresamente por el funcionamiento ordinario de la dirección general y por si ese órgano interviene habitualmente en la organización de los turnos de vacaciones de los investigadores de la UCO. Su contestación fue tajante: "No, por supuesto que no".

Una explicación que pierde fuerza

La declaración adquiere especial importancia porque contradice el argumento utilizado por el DAO para presentar aquellas reuniones como encuentros ordinarios de gestión administrativa. La organización de los turnos de vacaciones corresponde habitualmente a los responsables de cada unidad, que son quienes distribuyen los efectivos disponibles en función de las necesidades del servicio.

La dirección general, por el contrario, ejerce funciones de dirección estratégica y representación institucional, sin intervenir en la elaboración de los cuadrantes diarios de trabajo de unidades operativas como la UCO. Por ello, la afirmación realizada por Mercedes González debilita la tesis de que los encuentros de julio obedecieran simplemente a la planificación del verano.

"Ponerse de perfil"

A esa contradicción se suma otro elemento incorporado a la investigación judicial. Cuatro días después de la primera reunión, el 16 de julio de 2024, el DAO Manuel Llamas acudió personalmente a dependencias de la UCO para mantener otro encuentro con los investigadores del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN).

Según declaró el general jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Alfonso López Malo, durante esa reunión el DAO trasladó a los investigadores que, en aquellos procedimientos que tuvieran una especial repercusión política, la unidad debía "ponerse de perfil" y limitar su actuación a las iniciativas que ordenara expresamente la autoridad judicial, evitando cualquier actuación proactiva.

Esa expresión ha terminado convirtiéndose en uno de los ejes de las diligencias que instruye la Audiencia Nacional y ha sido ratificada por distintos mandos durante sus comparecencias judiciales. La sucesión de reuniones celebradas en julio de 2024, unida a las posteriores informaciones reservadas abiertas contra integrantes de la UCO, forma parte ahora del conjunto de hechos que analiza el magistrado instructor para determinar si existió una estrategia dirigida a condicionar la actuación de la unidad encargada de investigar algunos de los procedimientos judiciales más sensibles para el Gobierno.