Tardón vuelve a apoyarse en el CENIF para investigar la entrada masiva de Ceuta y sus posibles vínculos con Marruecos

La jueza María Tardón vuelve a recurrir al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para avanzar en la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. En su último auto, fechado el 16 de septiembre, la instructora encarga nuevas diligencias destinadas a reconstruir quién organizó y coordinó la movilización, cómo se propagó a través de las redes sociales y qué relación existió entre los dinamizadores digitales, los organizadores sobre el terreno y las posibles estructuras de planificación. Una investigación que incorpora además nuevas pesquisas sobre lo ocurrido al otro lado de la frontera, en la zona marroquí de Fnideq-Castillejos.

La decisión de Tardón llega después de que en su anterior resolución, de 7 de septiembre, la jueza asumiera las conclusiones del informe elaborado por el CENIF sobre el desarrollo de la entrada masiva. Aquel informe llevó a la instructora a descartar que lo sucedido fuera un episodio espontáneo y a describir un proceso con un "antes, un durante y un después", con una movilización precedida por una intensa actividad en redes sociales y diferentes perfiles de participantes según avanzaban las oleadas de entrada. Estas conclusiones fueron duramente rechazadas por el ministro Fernando Grande-Marlaska.

La organización digital

Ahora, Tardón quiere profundizar precisamente en esa estructura. Ordena al CENIF que complete su informe sobre la "organización digital de la entrada masiva a Ceuta" y que aporte la relación completa de números de teléfono detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, así como los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas. También reclama datos sobre geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital.

El objetivo es ir más allá de identificar los perfiles que difundieron los llamamientos. La jueza quiere cruzar esos datos para determinar quién estaba detrás de los números y cuentas, dónde se encontraban, qué relaciones existían entre ellos, con quién se comunicaban y si formaban parte de estructuras de coordinación. El propio auto plantea que, una vez obtenida esa información, deberán realizarse nuevas diligencias para determinar la titularidad de los perfiles y las posibles conexiones entre los diferentes usuarios.

La relevancia que Tardón concede al CENIF se entiende mejor a la luz de su auto del 7 de septiembre. En aquella resolución, la instructora destacó que el informe policial había identificado números que participaban simultáneamente en varios grupos y perfiles que actuaban como dinamizadores y amplificadores de los mensajes. El 90,8% de los números identificados en los grupos monitorizados tenían prefijo marroquí, aunque el informe advertía de que no había sido posible identificar en las bases de datos españolas a sus titulares.

Cinco niveles

La jueza estableció entonces una estructura de al menos cinco niveles. El primero correspondía a las personas que cruzaron la frontera; el segundo, a los dinamizadores de los mensajes en redes; el tercero, a quienes organizaban el flujo de personas sobre el terreno; el cuarto, a quienes habrían intervenido en la planificación; y el quinto, a quienes se encargaban de la dirección del proceso. En los niveles tres y cuatro, el auto describía elementos que, según el análisis policial, apuntaban a una coordinación previa, mientras que el quinto quedaba todavía por identificar.

Es precisamente en esos niveles superiores donde aparece con más fuerza la dimensión marroquí de la investigación. Tardón recogió que, según el informe del CENIF, parte de los autores materiales todavía no identificados "parecen operar desde el territorio de Marruecos o en vinculación con él". También señaló que entre los sujetos activos observados sobre el terreno figuraban miembros uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes y otros "Agentes Dinamizadores sobre el Terreno", no uniformados, a los que el informe había detectado en algunos casos impartiendo instrucciones a los primeros.

El auto de septiembre va incluso más allá al describir lo observado en la playa de Fnideq y sus alrededores. La instructora considera acreditada, a partir del material gráfico incorporado al informe, una "gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" y comparte la calificación del comportamiento de algunos agentes marroquíes como "guiado activo". Según la resolución, las imágenes muestran a uniformados realizando indicaciones a las personas que trataban de cruzar, señalándoles por dónde superar los obstáculos y dirigiendo sus movimientos hacia la zona de acceso a Ceuta.

Los agentes uniformados marroquíes

Es sobre ese punto sobre el que ahora se amplía la investigación. Tardón ordena identificar a los agentes uniformados que aparecen en las imágenes y reconstruir la cadena de mando operativa en Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio. También reclama al Estado Mayor de la Defensa todas las imágenes satelitales disponibles entre el 20 de julio y el 7 de agosto de la playa de Fnideq y de la zona de El Tarajal.

Además, la jueza pide a HI IBERIA que determine si durante ese periodo recibió solicitudes para obtener imágenes por satélite de la zona fronteriza y, en caso afirmativo, quién las realizó. La diligencia abarca un área de hasta 5.000 metros dentro del territorio marroquí y 1.000 metros en territorio español. Es decir, la instructora no da por acreditado que alguien encargara esas imágenes: ordena averiguar si ocurrió y, de ser así, quién las solicitó.

La investigación también vuelve sobre lo sucedido después de la entrada. Tardón encarga al CENIF que actualice su informe sobre los traslados irregulares de inmigrantes desde Ceuta hacia la Península y que identifique embarcaciones, propietarios, patrones, financiadores, rutas y beneficiarios, además de las viviendas, garajes o locales utilizados para alojar, ocultar o trasladar a los recién llegados.

Los beneficios económicos

Y, en paralelo, UDEF y UCO deberán elaborar conjuntamente un informe económico para determinar si existió financiación de la movilización y analizar movimientos patrimoniales y económicos, incluidos posibles sistemas informales de transferencia de dinero, contratación de transportes colectivos y otras operaciones logísticas. La jueza vincula esta diligencia a la propia dimensión de la movilización, estimada por el CENIF entre 75.000 y 85.000 personas.

Tardón no da por cerrada ninguna de las hipótesis. El auto del 7 de septiembre deja expresamente abierta la identificación de los responsables de los niveles superiores de la estructura y señala que la investigación debe profundizar en quién pudo integrarse en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, descarta que las organizaciones criminales dedicadas habitualmente al tráfico de inmigrantes fueran las autoras directas de una movilización de esas dimensiones, aunque sí contempla que pudieran haberse aprovechado posteriormente de la situación para obtener beneficios.