Bolaños incumple el plazo de Europa para reformar la ley de trata de personas: de la prostitución a la gestación subrogada

España tenía hasta el pasado 15 de julio para adaptar su legislación a la nueva normativa europea contra la trata de seres humanos. El plazo ya ha vencido y la reforma continúa pendiente. La propia Fiscalía General del Estado (FGE) advierte en su Memoria de 2025 de que la Directiva (UE) 2024/1712 todavía no ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español y señala que el texto de la futura Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos ni siquiera se ha aprobado por el Consejo de Ministros como anteproyecto.

La adaptación de la normativa europea afecta a cuestiones que van desde las formas tradicionales de explotación sexual y laboral hasta las nuevas modalidades vinculadas al entorno digital. La Fiscalía considera imprescindible modificar el artículo 177 bis del Código Penal para incorporar nuevas finalidades de explotación, como la maternidad subrogada y la adopción ilegal, y para perseguir con mayor intensidad la utilización de internet y las redes sociales para explotar a las víctimas.

La Directiva 2024/1712, aprobada el 13 de junio de 2024, establece nuevas previsiones que deben incorporarse al derecho interno. Entre ellas figura un agravante cuando el autor haya facilitado o difundido, mediante tecnologías de la información y la comunicación, imágenes, vídeos o materiales similares de carácter sexual que impliquen a la víctima.

El traslado de la víctima no es necesario para que haya trata

Pero la Fiscalía reclama ir incluso más allá. En la Memoria, la Unidad de Trata de Personas y Extranjería sostiene que la reforma debería aprovecharse para adaptar el delito a una realidad en la que el traslado físico de la víctima ya no siempre resulta necesario para producir una situación de explotación y aislamiento.

"No resulta necesario el traslado físico de la víctima en estos supuestos", sostiene la Unidad, que plantea incluir la utilización de las tecnologías como una acción típica del delito de trata, ya que considera que una persona que está siendo víctima de trata, puede serlo también vía internet. No es necesario que haya un desplazamiento para que se considere el delito.

La Fiscalía explica que, aunque la Directiva ya contempla el uso de las tecnologías en distintas fases de la actividad criminal —como la captación y explotación de víctimas, la organización de su transporte y alojamiento, la publicidad en línea, el contacto con clientes potenciales, el control de las víctimas o la comunicación entre los autores—, el Código Penal español sigue concibiendo la trata, al menos en buena medida, como un delito de "movimiento".

La propuesta pretende adaptar esa concepción a una realidad en la que se pueda captar a una persona y explotarla sin salir de su entorno físico. La Unidad considera que, especialmente entre los más jóvenes, el espacio virtual constituye un ámbito habitual de relación y que una víctima puede llegar a sentirse "tan aislada delante de un ordenador en su propia habitación como si hubiera sido trasladada materialmente a otro lugar geográfico", explica el texto.

1.246 potenciales víctimas

La advertencia de la Fiscalía llega mientras las investigaciones por trata siguen afectando a un número elevado de víctimas. Durante 2025, las diligencias de seguimiento de la Unidad contabilizaron 1.246 potenciales víctimas, de las que 875 fueron identificadas y otras 371 estaban en situación de grave riesgo. La cifra supone un incremento del 57,9% respecto a 2024, cuando se detectaron 789 víctimas. La Fiscalía advierte de que se trata de cifras provisionales porque las investigaciones continúan abiertas y se actualizan constantemente.

El número de investigaciones, sin embargo, presenta un crecimiento más moderado. En 2025 se registraron 165 diligencias de seguimiento, frente a las 150 del año anterior. La Unidad aprecia una tendencia a la estabilización de las investigaciones por trata durante los últimos cuatro años, pero advierte de que el fenómeno criminal puede crecer mediante la capacidad de los autores de alcanzar a un mayor número de víctimas "utilizando las tecnologías de la comunicación".

La explotación sexual sigue siendo la principal modalidad. Supone el 73% de las investigaciones, frente al 13,9% de la trata laboral. En 2025 se identificaron 442 víctimas de trata sexual y otras 362 se encontraban en situación de grave riesgo. De las 804 víctimas de trata sexual contabilizadas por la Unidad, 797 eran mujeres mayores de edad, cuatro mujeres menores, dos mujeres transexuales y un hombre. La Fiscalía subraya que prácticamente la totalidad de las víctimas de esta modalidad siguen siendo mujeres.

Redes sociales y páginas de anuncios

La memoria refleja hasta qué punto internet forma ya parte de los mecanismos empleados por los tratantes. Durante 2025 constó la captación por internet en 18 diligencias de seguimiento, mientras que en otros 15 casos se produjo una captación mixta, combinando las redes sociales o plataformas digitales con otras formas de contacto. En 24 investigaciones la captación fue directa y en otros 40 intervinieron familiares, amigos o terceros.

Las redes sociales y las páginas web de anuncios también aparecen vinculadas a la explotación. La Fiscalía explica que internet se utiliza frecuentemente para anunciar los servicios de las mujeres mediante imágenes de contenido sexual. Ese mismo material puede convertirse después en una herramienta de presión y amenaza sobre las víctimas. La nueva directiva obliga a incorporar esta realidad a la respuesta penal. La Fiscalía señala expresamente que debe introducirse como agravante la difusión o facilitación de la difusión de imágenes, vídeos o material similar de carácter sexual relacionado con la víctima.

Además, propone que la utilización de las tecnologías pueda constituir una acción típica del delito de trata cuando no exista traslado físico. El objetivo es evitar que la definición del delito quede limitada a los supuestos en los que existe captación para el traslado, traslado o recepción posterior.

Gestación subrogada y adopción ilegal

La reforma que reclama la Fiscalía no se limita al ámbito digital. La Directiva europea obliga también a incluir entre las formas de explotación la maternidad subrogada y la adopción ilegal. La Unidad de Trata de Personas y Extranjería ha trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y al Ministerio de Igualdad la conveniencia de aprovechar la modificación normativa para introducir, además, un delito autónomo de explotación para la gestación subrogada.

Según la Fiscalía, esta tipificación permitiría evitar problemas interpretativos derivados de la ausencia de una regulación clara de figuras como los trabajos forzosos, la servidumbre o la esclavitud. La Unidad considera que una regulación autónoma permitiría sancionar determinadas conductas de explotación incluso cuando no concurriesen los elementos de captación, traslado o recepción propios del delito de trata.

La Memoria recuerda que estas carencias afectan también a la trata laboral. En 2025 fueron identificadas 384 víctimas de explotación laboral, mayoritariamente hombres. La Fiscalía señala que están aflorando casos en el sector agrícola con un número "elevadísimo" de víctimas y reclama una regulación más clara de los delitos finales de esclavitud, trabajos forzosos y servidumbre.

Una reforma pendiente desde el 15 de julio

La Unidad insiste así en reformas legislativas que ya había planteado en memorias anteriores y que, según recoge el documento, "ninguna de las cuales ha sido abordada aún". Entre ellas incluye la regulación de los delitos finales de explotación y los delitos relativos a la prostitución.

Respecto a esta última cuestión, la Fiscalía plantea un modelo abolicionista, "al estilo del seguido por el Derecho francés", que fundamentalmente penalice cualquier forma de lucro obtenido mediante la prostitución ajena. Todo ello queda ahora pendiente de una reforma cuyo plazo de transposición europea expiró el 15 de julio de 2026.