El DAO reconoce que sólo ha abierto seis informaciones reservadas desde que está en el puesto, la mitad contra la UCO, pero sigue defendiendo que es algo "normal"

La utilización de las informaciones reservadas dentro de la Guardia Civil se ha convertido en uno de los principales ejes de la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre la presunta campaña de presión contra la Unidad Central Operativa (UCO). El juez trata de esclarecer si estos expedientes internos respondieron a un uso ordinario de las facultades de control de la Guardia Civil o si, por el contrario, fueron empleados para ejercer presión sobre los investigadores que dirigían algunas de las principales causas de corrupción que afectaban al entorno del Gobierno.

Según ha podido saber El Independiente, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, mantuvo durante ante el magistrado Santiago Pedraz que la apertura de informaciones reservadas constituye una actuación "normal" dentro del funcionamiento del cuerpo y que no supone, por sí misma, una medida disciplinaria contra los agentes afectados. Sin embargo, esa explicación contrasta con un dato que él mismo aportó en el Senado: desde que asumió el cargo en diciembre de 2023 únicamente ha ordenado abrir seis informaciones reservadas y tres de ellas, la mitad, afectaron directamente a la UCO.

Ese dato ha cobrado especial relevancia en la investigación judicial, ya que las acusaciones sostienen que la concentración de la mitad de estos expedientes sobre una única unidad evidencia el carácter excepcional de unas actuaciones que coincidieron con las investigaciones más sensibles sobre presuntos casos de corrupción.

Seis informaciones y la mitad a la UCO

Según las fuentes consultadas por este periódico, Manuel Llamas ha defendido tanto en sede judicial como parlamentaria que las informaciones reservadas forman parte de los mecanismos ordinarios de control interno de la Guardia Civil y que su apertura responde únicamente a la necesidad de comprobar posibles irregularidades antes de adoptar cualquier decisión. Esa fue también la explicación que ofreció durante su comparecencia en la Comisión del Senado. Preguntado por el número de expedientes abiertos desde su llegada al cargo, respondió: "Desde mi mandato, el 23 de diciembre del 23 hasta el día de la fecha he mandado a instruir seis. Sí, seis". Según detalló, cuatro fueron acordadas durante 2025 y ninguna en lo que va de 2026.

Sin embargo, el propio balance evidencia una circunstancia que ahora examina la Audiencia Nacional: tres de esos seis expedientes tuvieron como destinataria a la UCO. Es decir, la mitad de todas las informaciones reservadas impulsadas por el DAO durante su mandato recayeron sobre la unidad que investigaba procedimientos como el caso Koldo, la causa de los hidrocarburos, el procedimiento sobre David Sánchez o las diligencias relativas a Begoña Gómez.

Una medida excepcional

La explicación de Llamas contrasta con la ofrecida por varios de los máximos responsables de la Guardia Civil que ya han declarado ante el juez como testigos. Cabe recordar que las personas que declaran como testigo lo hacen siempre teniendo que contar la verdad, mientras que los investigados pueden mentir en sus respuestas, por lo que los altos mandos que declararon podrían incurrir en un delito si no hubieran dicho lo que consideran real.

Tanto el jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Alfonso López Malo, como el entonces jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, coincidieron en señalar que la apertura de informaciones reservadas sobre una misma unidad con esa frecuencia no responde al funcionamiento habitual del cuerpo. Ambos explicaron durante sus declaraciones que, a lo largo de sus respectivas trayectorias profesionales, nunca habían conocido una sucesión de expedientes de estas características dirigidos contra una misma unidad y describieron estas actuaciones como medidas excepcionales dentro de la organización. Es precisamente esa diferencia entre la versión del DAO y la de los responsables de la Policía Judicial y la UCO uno de los elementos que ahora deberá valorar el magistrado instructor.

La orden de "ponerse de perfil"

La investigación también analiza diversas reuniones celebradas entre la cúpula de la Guardia Civil y los responsables de la UCO durante el desarrollo de investigaciones con especial repercusión política. Según declararon López Malo y Yuste, tanto el entonces director general, Leonardo Marcos, como el actual DAO les trasladaron la conveniencia de "ponerse de perfil" y evitar una actitud "proactiva" en aquellos procedimientos que afectaban al entorno político.

Entre ellos figuraba la investigación seguida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sobre David Sánchez Pérez-Castejón. Las actuaciones reflejan que Leonardo Marcos llegó a exigir que se acelerara la elaboración de un informe para concluir antes del verano que "no había nada", una petición que obligó a reorganizar el calendario de vacaciones de varios investigadores para poder finalizar el trabajo.

Posteriormente, el 16 de julio de 2024, se celebró una reunión en dependencias de la UCO a la que asistieron el propio Manuel Llamas, Alfonso López Malo, Rafael Vicente Yuste y el jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN), Antonio Balas. Según los testimonios incorporados a la causa, fue en ese encuentro donde el DAO trasladó a los mandos que, en los asuntos con repercusión política, debían "ponerse de perfil" y limitar su actuación a las instrucciones que fueran dictando los jueces.

El expediente de mayo de 2025

Uno de los episodios que centra la investigación tuvo lugar en mayo de 2025, tras la publicación de los mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Según ha podido saber este periódico, Manuel Llamas ordenó abrir una información reservada para investigar el origen de la filtración. El instructor designado fue el general jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES).

Ese mando declaró posteriormente ante el juez que durante la tramitación comentó a responsables de la Policía Judicial y de la UCO que el DAO estaba sometido a "muchas presiones políticas". También explicó que, siguiendo sus instrucciones, acudió a entrevistarse con los magistrados que dirigían las investigaciones afectadas.

Mientras el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no puso reparos siempre que no se interfiriera en el procedimiento, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente advirtió de que podría deducir testimonio si aquella actuación afectaba a una investigación judicializada. Tras esa advertencia, el expediente fue archivado.

La causa recoge además que antes de esa decisión el jefe de la Policía Judicial ya había comunicado al DAO que tenía claro que la filtración no procedía de la UCO, al comprobar que el archivo más reciente del dispositivo analizado era de octubre de 2021, muy anterior a los mensajes publicados.

Los agentes nunca supieron que las investigaciones habían terminado

Otro de los extremos que ha aflorado durante la instrucción afecta a la forma en que se gestionaron esos expedientes. Según diversas fuentes, varios de los agentes de la UCO que fueron objeto de informaciones reservadas nunca recibieron comunicación formal de que aquellas investigaciones internas habían sido archivadas sin consecuencia disciplinaria alguna.

De hecho, algunos de ellos mantuvieron durante meses la convicción de que seguían sometidos a una investigación interna abierta. Esa circunstancia es uno de los elementos que algunas personas cercanas a la Guardia Civil consideran relevante para valorar el posible efecto intimidatorio que pudieron tener estas actuaciones sobre los investigadores.

La nota sobre las "cloacas"

La investigación también analiza la gestión que el DAO hizo de una nota elaborada el 29 de abril de 2025 por la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Según ha podido saber El Independiente, ese documento advertía de una campaña organizada para desacreditar a la UCO, identificaba a Leire Díez como una de las personas que impulsaban esa estrategia y señalaba que, según la información recabada, la directora general tenía conocimiento de la operación.

Pese a ello, Manuel Llamas no trasladó ese documento a los responsables de la UCO. Su existencia no salió a la luz hasta días después, cuando el general Alfonso López Malo acudió a su despacho con otra nota de contenido prácticamente idéntico elaborada por los propios investigadores de la unidad.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que también ha declarado ante la Audiencia Nacional como investigada en la misma causa, ha señalado directamente al DAO como la persona que le pidió que abriera otra de las informaciones reservadas a los agentes de la UCO, tal y como adelantó este periódico.