La UDEF y la UCO trabajarán juntos para rastrear quién financió la entrada masiva de Ceuta

La jueza María Tardón ha dado un nuevo paso en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio y ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboren un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización, según recoge el auto. La magistrada considera esta diligencia de "particular relevancia" y reclama a ambas unidades especializadas que analicen el rastro económico de una operación que, según recoge el auto, movilizó a entre 75.000 y 85.000 personas.

El objetivo es determinar si existieron recursos económicos y materiales destinados a hacer posible la movilización y, en ese caso, identificar las operaciones vinculadas a su organización. Para ello, Tardón ordena a UDEF y UCO que estudien "los movimientos económicos relevantes en la zona", los posibles sistemas informales de transferencia de dinero, "incluyendo hawala", la contratación colectiva de transportes y cualquier otra operación relacionada con la logística de la movilización.

La magistrada justifica la necesidad de profundizar en esta vía por la propia dimensión de los acontecimientos. Una movilización "de entre 75.000 y 85.000 personas", sostiene el auto, "difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros". Por eso, el análisis patrimonial pasa a formar parte de las diligencias dirigidas a esclarecer cómo se organizó la entrada y quién pudo encontrarse detrás de ella.

La orden no atribuye todavía la financiación a ninguna persona, grupo u organización. Lo que hace la jueza es encargar a las dos unidades policiales especializadas en investigación económica que determinen si existió ese respaldo financiero y que reconstruyan, a través de movimientos económicos y operaciones logísticas, los recursos que pudieron estar vinculados a la movilización.

Del rastro digital al dinero

La investigación financiera se suma a otras diligencias acordadas por Tardón para tratar de reconstruir la organización de los acontecimientos. La Fiscalía había solicitado varias de estas actuaciones y la magistrada considera que tienen una conexión directa con el objeto de la causa y con las líneas de investigación ya delimitadas. Rechaza que se trate de diligencias "prospectivas ni exploratorias" y sostiene que están dirigidas a comprobar hechos concretos a partir de indicios que ya constan en las actuaciones.

Entre esas líneas de investigación figura precisamente la identificación de quienes pudieron promover, coordinar y organizar la movilización. La jueza reclama informes para determinar la identidad de las personas o grupos con capacidad para planificarla y coordinarla, así como las relaciones entre los distintos niveles de organización.

En paralelo, el CENIF deberá completar un informe sobre la actividad digital relacionada con los acontecimientos. La magistrada pide los números de teléfono de administradores, dinamizadores, difusores y otros participantes relevantes, además de sus identificadores en redes sociales, datos de geolocalización, horarios de conexión y otros elementos que permitan reconstruir la trazabilidad digital.

El auto contempla además la solicitud de información a plataformas como Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google o Apple. A través de estas diligencias se pretende obtener datos sobre cuentas, direcciones IP, dispositivos, teléfonos y correos asociados, historial de conexiones y contenidos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026. Esta parte de la investigación queda incorporada a una pieza tecnológica declarada secreta.

La magistrada también encarga trabajos de identificación biométrica y facial a unidades de la Policía Nacional, Guardia Civil, CENIF, Policía Científica y CNI. Las imágenes deberán compararse con bases de datos policiales, nacionales, de Interpol y Europol para tratar de identificar a personas que participaron en los acontecimientos.

Quién organizó la movilización

La identificación de los responsables de la planificación aparece en el auto como una de las cuestiones centrales. Tardón reclama a Policía, Guardia Civil, CNI y CENIF que determinen qué personas, grupos u organizaciones pudieron tener capacidad para diseñar y coordinar la movilización, quién pudo encontrarse detrás de su planificación y cuáles fueron las relaciones entre los distintos niveles de organización.

La jueza pide expresamente que se analicen los posibles vínculos entre los dinamizadores digitales, los organizadores sobre el terreno y las estructuras superiores. También solicita comparar las características de los acontecimientos de 2026 con las entradas masivas, saltos y avalanchas registradas en Ceuta en 2021 y 2024 para determinar si existen similitudes o posibles conexiones.

También se investigará qué ocurrió después

El auto extiende las pesquisas económicas y logísticas a los movimientos posteriores a la entrada. El CENIF deberá actualizar su informe sobre los traslados irregulares desde Ceuta hacia la Península producidos después de los acontecimientos.

En concreto, tendrá que identificar las embarcaciones utilizadas, sus propietarios y patrones, las personas que las financiaron, las rutas seguidas y los beneficiarios. También deberá investigar las propiedades, garajes y viviendas que pudieron utilizarse para alojamiento, ocultación o tránsito de personas.

La investigación judicial trata así de reconstruir no solo qué ocurrió durante la entrada masiva, sino también las actuaciones previas y posteriores. Tardón reclama documentación sobre alertas, comunicaciones, órdenes, correos electrónicos e instrucciones intercambiadas entre distintos organismos entre el 20 de julio y el 7 de agosto, incluyendo sus destinatarios, fechas y horas y las medidas adoptadas.

Imágenes de vigilancia, grabaciones, vídeos y drones

La jueza pide además que se recopilen imágenes de vigilancia, grabaciones, vídeos, drones y cámaras para elaborar posteriormente un único informe audiovisual que permita reconstruir la cronología de los hechos, identificar a los participantes y determinar sus movimientos e itinerarios.

El auto incorpora asimismo la investigación de las muertes asociadas a los acontecimientos. La magistrada señala que existen 83 fallecimientos relacionados con los hechos y considera que su gravedad, junto con la magnitud de la movilización y los posibles delitos investigados, justifica la adopción de las diligencias acordadas.