El Gobierno calcula que en dos meses podrá reubicar a los menores de Ceuta en la Península si el PP persiste en su "boicot"

La preocupación, el desasosiego, es innegable. En el conjunto del Gobierno. Hallar una salida a Ceuta es complejo, la ciudad está desbordada, la primera respuesta fue muy tardía y el "boicot" del PP y la presión de Europa están haciendo que todo se haga muy cuesta arriba. Y, entretanto, el reloj electoral va acelerándose. En el ala socialista y en Sumar son conscientes de que la crisis se alargará durante meses, con el riesgo de que la tensión aumente todavía más en la ciudad. Por eso el Ejecutivo reitera que está poniendo toda la carne en el asador para que los ceutíes recobren la normalidad lo antes posible, pero para lograrlo, "para que Ceuta no sea un CETI [Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes], los migrantes tienen que salir de la calle e ir a los recursos, realizar los expedientes y poder ser devueltos", según verbalizaba este martes el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, designado por el Consejo de Ministros del 25 de agosto como mando único.

Esa vuelta a la "normalidad" también implica atender a los menores. Son ya 2.048 los filiados, aunque el propio Gobierno estima que aún quedan entre 700 y 1.000 deambulando por la ciudad. La prioridad es promover su reagrupación familiar en los casos en los que sea posible —aunque la experiencia con Marruecos en la crisis migratoria de 2021 es mala: no respondió ninguna de las 600 solicitudes—, y si no se buscará su derivación a la Península para desahogar una ciudad autónoma totalmente saturada. El Ejecutivo calcula que, si el PP no echa una mano, si mantiene su "boicot" y sus comunidades no se remangan, entonces habrá que trasladar a los chavales aplicando la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que se aprobó en abril de 2025.

Es decir, que si los gobiernos autonómicos mantienen su rechazo a asumir el cuidado de niños y niñas solos, se les forzará a acogerlos. La previsión es que puedan estar reubicados en unos dos meses. No es la solución más rápida que ha puesto el Ministerio de Juventud e Infancia sobre la mesa —el departamento de Sira Rego ha planteado que la atención recaiga en ONG, con la tutela en manos de Ceuta, o bien acuerdos bilaterales entre la ciudad y las CCAA—, pero por ahora esas alternativas parecen intransitables por la negativa de los populares.

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sorprendió que Torres precisara que solo se habían iniciado los expedientes de 10 menores. Pero esa demora tiene varios motivos. El primero es que el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor este verano, exige que los chavales migrantes que viajan solos, en las entrevistas individuales necesarias para montar su expediente, cuenten de manera obligatoria con representación jurídica. Y ahí se produjo la "controversia" con Ceuta. La pugna competencial con el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas. Lo reconoció el mando único en la comparecencia posterior a la reunión del Gabinete. Al final, el Gobierno central decidió resolver el choque poniendo los fondos, habilitando dos millones de euros, y "ya dirá la Justicia de quién es la competencia". Este pasado lunes se firmó el convenio para que el Colegio de Abogados de Ceuta "esté presente en las entrevistas de los menores". "Nos hubiese gustado que hubiese sido bastante antes y ahora lo que esperamos es que esos expedientes puedan estar terminados cuanto antes —admitió el ministro—. ¿Para qué? Para proceder a lo que llevamos diciendo desde el primer día, que es que puedan ser reagrupados con sus familias en Marruecos".

Juventud e Infancia espera que ahora que ya está suscrito el convenio la apertura y tramitación de los expedientes individualizados coja velocidad de crucero. La expectativa es que en los próximos días se vaya avanzando rápidamente, y se determine cuántos pueden ser reagrupados con sus familias —algunos chavales sí han manifestado esa voluntad, otros quieren quedarse y estudiar aquí—, cuántos pueden permanecer en Ceuta y cuántos han de ser trasladados a otras comunidades.

En realidad, recuerdan fuentes del ministerio de Rego, las autonomías podían haber empezado a cooperar ya, porque "si las CCAA de acogida están de acuerdo, el triaje se puede hacer en ellas y no desde Ceuta". Pero el Gobierno se queja tanto de las trabas de Vivas como de la falta de colaboración de los gobiernos del PP.

Son cuatro los mecanismos que Juventud e Infancia plantea para desahogar la ciudad autónoma. El que cree más ágil y operativo es el de traslado a la Península a través de entidades sociales: la tutela la retendría Ceuta, pero esta pagaría a ONG, con la ayuda de los fondos del Estado, la atención a los niños acogidos. Es la primera fórmula que ofreció el Gobierno, pensada para sacar del enclave a 500 niñas, pero Vivas "se niega a firmar", aunque desde el lado del presidente autonómico señalan que no han recibido papeles. Lo niegan en el Ejecutivo central: "Es de una deslealtad imperdonable".

Segunda vía, también rápida: los acuerdos bilaterales, como el alcanzado entre Ceuta y Navarra —territorio dirigido por la socialista María Chivite—, que ha permitido la derivación de cinco niñas. Tercera, más lenta, la del acogimiento familiar. Y la cuarta y última es la que habilita al Estado a forzar el traslado de menores a las autonomías en virtud de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que el Congreso convalidó el 10 de abril de 2025 y que al Gobierno de Sánchez le costó tanto sacar adelante. Esa modificación fue apoyada por Canarias, comunidad presidida por Coalición Canaria (aunque en coalición con el PP) y también por Ceuta y Melilla, ambas lideradas por presidentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Este cuarto camino es el que, hoy por hoy, parece más factible dada la oposición del PP. De ahí que en el Ejecutivo ya calculen que en un par de meses pueden ser reubicados los niños y adolescentes que ahora ahogan la ciudad y que no están bien protegidos. "En privado, Ceuta nos dice que saquemos a los menores de allí a la fuerza, que no quieren enfrentarse a sus compañeros del PP", apuntan fuentes gubernamentales.

Rego convocará una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que presentará a las CCAA todos los detalles técnicos de los traslados, con los convenios tipo y la arquitectura jurídica. El ministerio quiere comprobar qué territorios se acogen al plan voluntario de acogida y, si no es así, se activará la vía forzosa del real decreto ley de 2025.

La "prioridad" son los perfiles de los niños más pequeños que han manifestado su voluntad de querer retornar a Marruecos y facilitar, por tanto, ese reagrupamiento —la tramitación de los expedientes irá dejando claro cuántos pueden acabar volviendo a sus casas—, como también son prioritarios los refugiados o las niñas que hayan sufrido violencia sexual o puedan ser víctimas de ella.

El proceso, complejo, "va para largo", reconocen en el Ejecutivo. "Pero está el dinero, están los mecanismos jurídicos, las plazas. Es que Ceuta nos ha negado sitios para realojar a los niños que ya estábamos preparando. Es verdad que por parte del Gobierno las cosas se podían haber hecho mejor, es bueno reconocer errores. Pero nosotros llevamos trabajando en esto tres años. Hemos sido leales y hemos cumplido nuestra parte", se defienden en el Ejecutivo, donde acusan al PP de buscar "hacer caja electoral" con los más indefensos, con los niños.

En el Gobierno ya advierten de que la exigencia de los populares de que los niños sean devueltos ya, y todos ellos, será más que difícil de cumplir. Primero, porque el procedimiento es muy garantista con ellos, incluso bajo la cobertura del PEMA, cuyo reglamento ni PSOE ni Sumar apoyaron en Bruselas. Y dos, porque Marruecos, hasta ahora, "no se ha puesto a favor de obra con los menores", así que "cero confianza" en su promesa de colaboración, reiterada en varias ocasiones. "Hasta antes de esta oleada había 600 expedientes pendientes de la crisis de 202