Las decisiones y "omisiones" del delegado del Gobierno en Ceuta, camino de la Audiencia Nacional

La jueza María Tardón quiere reconstruir la cadena de avisos que precedió a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Y, sobre todo, esclarecer qué ocurrió después de que esa información llegara a las autoridades. La magistrada escuchará a final de mes los testimonios del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas; al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local, y ha reclamado a distintos organismos policiales y militares todas las alertas, informes de riesgo, comunicaciones y órdenes operativas que pudieran haberse emitido entre el 20 de julio y el 7 de agosto. El objetivo es poner fecha y destinatario a cada aviso y determinar qué medidas se adoptaron después.

Las nuevas diligencias, acordadas este miércoles, amplían la reconstrucción de lo ocurrido antes, durante y después de la llegada masiva de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Y, en ese contexto, Tardón incorpora también a su causa la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Las "decisiones" y posibles "omisiones" a las que alude la Fiscalía de Ceuta en el escrito que presentó el pasado 9 de septiembre para pedir que las diligencias abiertas contra el delegado se remitieran a la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público sostiene en ese escrito —al que ha accedido El Independiente— que los hechos investigados están conectados con el conjunto de circunstancias que rodearon la entrada y que, para esclarecerlos, debe analizarse la conducta de Pérez Triano, su intervención y su eventual responsabilidad en las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación y la "eventual omisión de medidas" que hubieran podido ser necesarias para prevenir la avalancha y sus consecuencias.

Por el momento, Pérez Triano no está formalmente investigado ni la jueza le ha citado a declarar. En la causa previa sobre su actuación que se abrió en Ceuta, la querella de Hazte Oír ponía sobre la mesa que el delegado del Gobierno podría haber incurrido en posibles delitos de prevaricación omisiva, denegación de auxilio y homicidio o lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión. La Fiscalía consideró que esos hechos no podían analizarse de forma aislada del resto de la investigación y pidió que las diligencias pasaran a la Audiencia Nacional, una petición que la jueza de la ciudad autónoma acabó acordando este miércoles.

Tardón intenta esclarecer qué sabía Pérez Prieto

Justamente, una de las líneas que se intentan reconstruir desde la Audiencia es qué sabía la Delegación del Gobierno antes de que se produjeran las entradas. Tal y como se puede comprobar en los documentos desclasificados por Moncloa, el 29 de julio, un agente del CNI en Ceuta trasladó por mensajería a la Delegación que en redes sociales circulaba un llamamiento para intentar entrar en la ciudad por la valla y por mar al día siguiente. Esa misma noche se produjo además una conversación telefónica de once minutos entre el agente del servicio de inteligencia y Gonzalo Sanz, entonces jefe de Gabinete de Pérez Triano.

Después de que el Gobierno desclasificara los mensajes, Pérez Triano sostuvo que no había recibido ninguna alerta ni informe y que se trataba de una conversación entre un agente del CNI y su jefe de gabinete. Sanz, sin embargo, afirmó al presentar su dimisión que la información escrita transmitida por el CNI fue comunicada por él mismo al delegado ese mismo día, y que también le informó de la llamada telefónica de once minutos. Su declaración como testigo del próximo 1 de octubre permitirá a la jueza Tardón aclarar estas contradicciones.

Imágenes satelitales, análisis biométricos y una nueva pieza secreta

En este sentido, la instructora ha acordado este jueves una gran batería de diligencias, y ha pedido al delegado del Gobierno y a más de una docena de organismos que entreguen todas las alertas, informes, correos electrónicos y documentación relacionada con el riesgo de una llegada masiva entre el 20 de julio y el 7 de agosto. En un minucioso auto, al que tuvo acceso este medio, Tardón reclama que toda esta información permita identificar a los destinatarios de cada una de las alertas, así como "la fecha y hora de recepción" y las "medidas adoptadas en respuesta a las mismas", además de pedir al Estado Mayo de la Defensa (EMAD) las imágenes que pudieran existir de la zona fronteriza y encargar a la Policía Judicial que determine quiénes estaban detrás de la movilización difundida en redes sociales.

La investigación incluye además una pieza secreta para identificar, a través de requerimientos a las grandes plataformas tecnológicas, los perfiles que pudieron difundir o coordinar el llamamiento; un análisis biométrico de los agentes marroquíes identificados en un informe del CENIF y un informe económico de UDEF y UCO sobre la posible financiación de la movilización. Todo ello forma parte de la estrategia de Tardón para reconstruir no sólo cómo se produjo la entrada, sino también qué información existía antes de ella, cómo se preparó la respuesta española y qué circunstancias rodearon los fallecimientos y lesiones registrados durante los acontecimientos.