Es una factura que no para de crecer. La pagamos todos los consumidores con un contrato de luz. La engordan diversos factores: el precio de la energía, el estado y gestión de la red eléctrica y el grado del temor… a un nuevo apagón. Sin duda, el ‘cero energético’ de abril de 2025 marcó un antes y un después en la gestión de la red eléctrica de nuestro país. La necesidad de operar la red en modo reforzado ante posibles riesgos de nuevos problemas hizo que el coste que los consumidores deben asumir aumente y lo haga de modo muy considerable.
Los llamados ‘servicios de ajuste’ que aseguran el correcto funcionamiento del sistema eléctrico se han disparado en los últimos años. Solo hasta este mes de agosto, en España han alcanzado los 3.600 millones de euros. En los ocho primeros meses del año esta partida se incrementó un 34% respecto al mismo periodo del año anterior. A falta aún de cuatro meses para el final del ejercicio, el coste ya está a apenas 200 millones de euros del total que se pagó el pasado año 2024. Todo apunta a que en los cuatro meses restantes el importe final se incremente de modo muy considerable.
Los 3.600 millones que los españoles pagaron en sus facturas corresponden en su mayor parte al pago por restricciones técnicas, que supusieron -hasta el 31 de agosto pasado- 3.100 millones de euros, según REE. A ellos se suman 236 millones más por reserva de regulación secundaria y otros 286 millones por los Servicios de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD).
Modo reforzado y el impacto del precio del gas
En España, desde el apagón del 28 de abril de 2025, la gestión del sistema que hace Red Eléctrica ha apostado por el llamado ‘modo reforzado’, que apuesta en mayor medida por los ciclos combinados de gas para asegurar la estabilidad en el sistema. Este verano, energías como la eólica han reducido de modo importante su aportación al mix de generación de energía y el gas ha actuado para compensar. Sin embargo, el incremento del precio del gas por la crisis de Irán ha disparado los costes. El MWh ha pasado de 32 euros antes del inicio del conflicto en el Golfo a 82 euros actualmente.
Esta necesidad de blindar la red ante posibles nuevos problemas también se ha traducido en un refuerzo del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) que prestan algunas industrias electrointensivas y por las que son remuneradas. La disponibilidad a ajustar y reducir su consumo a demanda del operador del sistema, REE, es otra de las partidas de los servicios de ajuste que se ha incrementado sobremanera en los últimos años. REE ha pasado de dotarse de una capacidad de ‘reserva’ disponible por ‘desconexión’ de la industria de 497 MW en 2023 a más que triplicar esa disponibilidad remunerada hasta los 1.775 MW en la actualidad. De este modo, el SRAD ha pasado de costar 90 millones de euros a los consumidores a rondar los 430 millones al cierre de este año. Solo hasta el mes de agosto la ‘factura’ por este concepto ha alcanzado los 286 millones de euros.
“Se tiene mucho miedo a otro apagón. Por eso se quema mucho más gas, se recurre a los ciclos combinados mucho más y si tenemos el gas a 83 euros y el año pasado estaba en 35… Y emitir más CO2 también tiene un precio. Todo eso hay que pagarlo”, asegura el experto en energía, Roberto Cavero. Advierte de que si la situación no se reconduce y el gas continúa en la espiral ahora iniciada, “en invierno vamos a tener un problema”: “Los que tengan calefacción de gas tendrán un problema por el precio disparado. Los que tengan un contrato con precio fijo, quizá no tanto, pero el resto…”.
Hogares, tarifas y Red Eléctrica
Actualmente en España existen, según datos de la CNMC, 29,5 millones de contratos domésticos de electricidad. La mayoría, algo más del 60% -18,5 millones de hogares- lo tienen con precio fijo. Cerca de un 30% cuenta con tarifa regulada PVPC -8,5 millones de hogares- y el resto cuenta con tarifas indexadas.
Desde REE aseguran que los servicios de ajuste no deben ser concebidos como un “sobrecoste” sino como “uno de los componentes del coste de la energía”, como lo son los costes de solución de restricciones técnicas, la regulación secundaria o el sistema de respuesta activa de la demanda. Subrayan que no se trata de un ingreso para el operador del sistema y que en su caso los ingresos representan el 0,28% del total de la factura eléctrica en nuestro país, “que asciende a 25.000 millones en estos ocho meses”.
El importante incremento de coste se justifica, según el operador, en la energía que habría sido necesaria este año para resolver las restricciones técnicas y que habría aumentado un 33% respecto al año pasado “como resultado de la transformación significativa del sistema eléctrico”, explica REE. Aumenta la energía y lo hace además a un mayor precio, un 43% más cara que el año pasado. Los operadores ofertaron la energía a un coste medio por MWh de 194,85 euros, frente a los 68,53 euros que de media se pagó el MWh el año pasado.
REE asegura que el mayor uso de energía para resolver restricciones técnicas aumenta por el cambio profundo que registra el sistema eléctrico “marcado por un despliegue renovable y de autoconsumo muy significativo”, en especial en algunas zonas de la red eléctrica: “Esta evolución ha introducido nuevos retos técnicos para el funcionamiento del sistema, pero también ha contribuido de forma decisiva a descarbonizar el sistema eléctrico y reducir el precio de la energía para los consumidores”.
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