Dos cargos de Podemos alimentaban a Crónica Libre, el digital pagado por el PSOE que cargaba contra "la UCO patriótica"

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la presunta red articulada en torno a Leire Díez ha destapado un nuevo nexo entre gente del PSOE, responsables de Podemos y el digital Crónica Libre, un medio que, según la Guardia Civil, desempeñó un papel relevante en la estrategia diseñada para desacreditar a la UCO mientras investigaba los principales casos de corrupción que afectaban al entorno del Gobierno.

En 2020, Patricia López, directora de Crónica Libre, creó un grupo de WhatsApp llamado 'La Compañía'. En él se encontraban abogados, policías, otros redactores del medio de López, el fiscal Grinda, y la exdirigente de Podemos Gloria Elizo, y su marido, el el exgerente del equipo legal de Podemos Pablo Manuel Fernández.

Los chats, a los que ha tenido acceso El Independiente desde 2020 hasta 2024, recogen un interés por parte de Gloria Elizo de compartir y alimentar todas las publicaciones que hacía Crónica Libre. Es más, durante esos años, son varias las veces en las que los miembros de este digital envían publicaciones por el grupo esperando que los de Podemos lo compartan en sus redes sociales.

Crónica Libre y Leire Díez

Las conversaciones muestran cómo Elizo compartía con López información sobre procedimientos judiciales especialmente sensibles, como el 'caso Dina' o la pieza Tándem del caso Villarejo, además de trasladarle conversaciones mantenidas en el núcleo de dirección de Podemos. En uno de esos mensajes, fechado el 20 de mayo de 2020, la entonces dirigente del partido escribía: "Y esto lo hablan Pi, IM, Mayoral y Juanma."

La UCO interpreta que las siglas "IM" corresponden a Irene Montero y considera que esas conversaciones evidencian la existencia de un canal directo entre responsables de la formación morada y la directora del medio, que en aquellos años publicaba de forma recurrente informaciones sobre las denominadas "cloacas del Estado" y mantenía una línea editorial especialmente crítica con la Guardia Civil.

La otra cara de Crónica Libre

La investigación dedica buena parte de sus conclusiones a reconstruir quién controlaba realmente el digital. Aunque la sociedad Grupo Crónica Libre S.L. figuraba inicialmente administrada por Patricia Espinar y, posteriormente, por la periodista Patricia López, la Guardia Civil sostiene que la estructura societaria oficial ocultaba un reparto de poder muy distinto. Un contrato privado de cesión de participaciones firmado el mismo día de la constitución de la empresa y la declaración prestada por Patricia Espinar ante los agentes apuntan, según la UCO, a que Leire Díez era socia en la sombra del proyecto.

Espinar declaró que tanto Díez como la periodista Nuria Coronado participaban en las reuniones de socias y tomaban decisiones sobre el funcionamiento del medio pese a no aparecer formalmente en la escritura de constitución. Para los investigadores, ese papel explica la estrecha coordinación que, según el atestado, existió entre Crónica Libre y la estrategia de comunicación desplegada desde el entorno socialista durante algunos de los momentos de mayor presión política para el Ejecutivo para hablar de la "UCO patriótica".

El informe sitúa un punto de inflexión en abril de 2024, tras la publicación de la carta con la que Pedro Sánchez anunció que se tomaba cinco días para reflexionar sobre su continuidad. A partir de entonces, Patricia López trasladó a Leire Díez que disponía de audios e información sobre supuestas maniobras de Manos Limpias y del Partido Popular, mientras el digital intensificaba la publicación de contenidos alineados con el relato del Gobierno.

La campaña de la "UCO patriótica"

Pero la investigación no se limita a reconstruir la estructura del medio. También analiza el papel que desempeñó en la campaña dirigida contra la Unidad Central Operativa. Los chats intervenidos muestran cómo Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo intercambiaban artículos y comentaban la evolución del concepto de la "UCO patriótica", una expresión utilizada para cuestionar la imparcialidad de los investigadores que dirigían las principales causas por corrupción.

En uno de los mensajes incorporados al procedimiento, Teijelo escribía a Díez: "Hoy en Cuatro TV ha habido debate sobre la UCO patriótica... interesante, va calando el concepto." Poco después le remitía un artículo en el que se hablaba de unos supuestos "guardias civiles al servicio del PP", una publicación que ambos comentaban como ejemplo de la estrategia comunicativa que pretendían impulsar.

Según la Guardia Civil, el objetivo era erosionar la credibilidad de la UCO y, especialmente, de mandos como el teniente coronel Antonio Balas, responsable de algunas de las investigaciones más sensibles que afectaban al entorno socialista. Esa estrategia aparece reflejada también en varias reuniones grabadas por la propia UCO, en las que algunos de los investigados llegaron a plantear que desacreditar la actuación policial podía provocar la nulidad de distintos procedimientos judiciales. "Si el procedimiento se cae, caen en cascada probablemente varios procedimientos... el prestigio de la UCO se les va a ir a tomar por culo", afirmaba uno de los participantes.

Los pagos del PSOE

El informe también dedica un apartado a la financiación de Crónica Libre. La UCO sostiene que el PSOE sufragó parte de la actividad del digital mediante contratos publicitarios vinculados a la campaña electoral de Salvador Illa en Cataluña. Los investigadores sitúan esa operación en una factura emitida el 27 de mayo de 2024 por importe de 18.125,50 euros, tramitada a través de la agencia IKI Group Communications.

La Guardia Civil considera especialmente relevante una conversación telefónica interceptada en marzo de 2026 en la que uno de los responsables del medio reconocía que los banners contratados desaparecieron inmediatamente después de las elecciones.

—¿Esa campaña dónde está?

—La quitamos tal cual pasaron las elecciones.

—¡Joder, pagan bien los banners!

—Estaban bien pagados.

Para los investigadores, esa conversación refuerza la tesis de que la contratación publicitaria sirvió para financiar un medio que, además de recibir fondos procedentes del PSOE, desempeñó un papel activo en la estrategia para desacreditar a la Unidad Central Operativa.