Movimientos millonarios, 27 empresas y 57 cuentas bancarias: así es la arquitectura financiera que Calama atribuye a Zapatero y su socio

Una red de al menos 27 sociedades mercantiles, 57 cuentas bancarias y más de cinco millones de euros moviéndose entre empresas sin una lógica económica aparente. Según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, esta es la arquitectura financiera que habría servido para canalizar los fondos de la presunta trama de influencias que sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como "beneficiario principal" y a su amigo, el empresario Julio Martínez, como "gestor y canalizador" de la operativa. Todo ello en el marco del denominado 'caso Plus Ultra', en el que el magistrado investiga si esta estructura societaria fue utilizada para introducir y redistribuir fondos, ocultar su origen y destino y justificar pagos mediante contratos de asesoría presuntamente ficticios.

La causa tiene su origen en el rescate público de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra en 2021, donde Zapatero figura como investigado desde mediados de mayo por presuntos delitos de blanqueo y tráfico de influencias. Según apuntó el instructor en una resolución previa, existen "indicios racionales de criminalidad" de que el expresidente del Gobierno lideraba una trama de influencias que habría favorecido la concesión de esta ayuda a la aerolínea.

El último auto dictado por el instructor, al que ha tenido acceso El Independiente, incorpora un análisis patrimonial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que reconstruye el funcionamiento del entramado. Los investigadores describen a Julio Martínez como la "persona de confianza" de Zapatero, "interlocutor directo con los clientes" y "gestor funcional de la red", encargado de articular la operativa a través de las sociedades que controlaba. A partir del examen de los movimientos bancarios, las empresas vinculadas y la documentación intervenida, la Policía trata ahora de reconstruir el recorrido del dinero, identificar el origen de los fondos y determinar cómo se distribuían entre los distintos investigados.

"El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica", recoge la resolución del instructor.

Más de cinco millones de clientes

Para determinar el dinero real que ingresó en la organización, la investigación diferencia entre los fondos que entraron desde el exterior y los posteriores traspasos internos. Si se excluyen estas transferencias internas para evitar duplicidades contables —puesto que el dinero se movía de forma cruzada entre las cuentas de los implicados—, el volumen total de fondos netos introducidos desde empresas externas al entramado asciende a más de 5,2 millones de euros que recibieron Zapatero, sus hijas (Laura y Alba Rodríguez Espinosa), su secretaria (María Gertrudis Alcázar) y las empresas de su socio, Julio Martínez.

El principal receptor de los fondos externos fue Zapatero, que recibió de forma directa 2,6 millones de euros de las entidades ajenas a la trama detalladas en la tabla. Por su parte, la sociedad Whathefav S.L —la agencia administrada por sus hijas —, captó directamente de clientes externos 745.000 euros.

Segunda fase: la redistribución del dinero

No obstante, la UDEF describe que, una vez que el dinero de los clientes ingresaba en el entramado, se activaba una segunda fase de distribución interna a través de la consultora Análisis Relevante S.L. Esta empresa, controlada por Martínez, funcionaba como el canalizador de los fondos hacia el expresidente y su familia. Y aunque la dirigía Martínez, el propio 'Julito' ha declarado ante el juez que esta empresa era, en realidad, el "vehículo" a través del cual Zapatero desarrollaba su actividad profesional.

Según su versión, aunque el expresidente nunca figuró formalmente como socio o administrador de la mercantil, era quien "la lideraba" y decidía "todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes". También afirmó que fue él quien consiguió los cuatro únicos clientes que tuvo la consultora hasta 2025, entre ellos la aerolínea Plus Ultra.

Sea como fuere, Análisis Relevante transfirió internamente otros 491.000 euros a las cuentas de Zapatero y más de 242.000 euros a Whathefav. Y a estos movimientos se sumaron los traspasos de otras dos firmas de Julio Martínez a la empresa de las hijas del exmandatario: 21.000 euros desde Agropecuaria Lucena S.L. y 18.100 euros desde Pickashop S.L.

Además, el propio Julio Martínez declaró ante el juez que estuvo pagando mensualmente 3.000 euros a Whathefav hasta 2025, pese a que también admitió que las hijas de Zapatero cobraron sin haber realizado trabajos efectivos para su consultora desde 2022. Así, desde las cuentas de Whathefav S.L. se terminaron desviando otros 247.000 euros a la cuenta personal de Laura Rodríguez Espinosa y 200.000 euros a la de Alba Rodríguez Espinosa, donde también figuraba el expresidente como autorizado en ambas.

Las 27 empresas bajo la lupa

Pero el análisis de la UDEF no se limita al patrimonio del expresidente y su entorno familiar. Los investigadores también ponen el foco en las 27 sociedades que Julio Martínez controla de forma directa o indirecta. Y es que los investigadores destacan que todas ellas comparten domicilios sociales, objetos sociales amplios y modificaciones simultáneas en sus órganos de gobierno, lo que consideran indicio de un "control unitario" por parte de 'Julito'.

Uno de los caso destacados por los agentes es el de ASP Rentas S.L., que entre 2020 y 2025 movió 1.984.521 euros en entradas y 1.996.984 euros en salidas por sus cuentas, frente a unos ingresos declarados de apenas 89.540 euros. La UDEF intervino a Martínez un excel en el que se recogen las facturas de un contrato de asesoría firmado entre Análisis Relevante y otra sociedad radicada en Madrid, y todas llevan la anotación "FACTURA ASP RENTAS" aunque esta última no forme parte del contrato.

Zenitram Partners S.L. presenta un patrón similar: más de 1,8 millones de euros en movimientos, la venta de un inmueble por 600.000 euros y la posesión de tres coches de lujo. Sobre esta sociedad, la UDEF ha intervenido un correo remitido desde el "Grupo Nez" al propio Martínez en el que se lee textualmente: "Almudena recomendó eliminar de las declaraciones tras decirle el actuario de la AEAT que estaba seguro de que era una factura falsa".

Zenzap S.L., por su parte, no tiene actividad mercantil declarada, carece de trabajadores y no deposita cuentas en el Registro Mercantil desde 2019. Pese a ello, movió más de 1,7 millones de euros en entradas y 2,1 millones en salidas, y sirvió para inyectar 447.000 euros en otras empresas del entramado, entre ellas Agropecuaria Lucena. Mérida Capital S.L. (804.971 euros en entradas frente a 114.731 euros declarados) y Nez Asesores S.L. —que llegó a conceder un préstamo de 200.000 euros con fondos que la UDEF vincula a un cobro de divisas transfronterizo— completan el catálogo de sociedades cuya actividad bancaria no encaja con su actividad declarada.

Por último, también destaca el caso de Pickashop S.L., cuyo objeto social es el desarrollo de aplicaciones informáticas. Recibió 143.896 euros de otras empresas del grupo pese a que, según recoge el propio auto, "ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web".

Y Affita S.L. y Affita Capital S.L., dedicadas en teoría al alquiler de inmuebles, que canalizaron fondos procedentes de Plus Ultra a través de la sociedad interpuesta Summer Wind, en lo que los investigadores describen como una dinámica "incompatible" con su objeto social declarado.

El circuito se cierra con Caletón Consultores S.L., que entre 2020 y 2025 recibió 1.159.558 euros de Plus Ultra y redistribuyó parte de este dinero hacia otras sociedades del entorno de Martínez, como IoT Domotic Europe —que percibió 60.500 euros— y Voli Analítica.

La investigación sobre el patrimonio

Ante esta compleja arquitectura empresarial y para esclarecer la trazabilidad de las operaciones, el juez Calama ha ordenado recabar información de 57 cuentas bancarias en 13 entidades financieras. La medida afecta a 18 titulares distintos, entre los que se encuentran el expresidente Zapatero, su mujer, sus hijas, su secretaria, Gertrudis Alcázar; su socio 'Julito' y 13 de las sociedades vinculadas a él.

Precisamente, a principios de este julio la Agencia Tributaria comunicó al juez Calama que había abierto una inspección fiscal sobre el IRPF de 'Julito' y el IVA de 11 empresas vinculadas al entramado "instrumental" que este habría utilizado para "canalizar y encubrir" la supuesta red de influencias de Zapatero.

En concreto, se investiga a Agropecuaria Lucena, ASP Rentas, Zenitram Partners, Zenzap, Afitta, Idella Consulenza Strategica, Mérida Capital, Rentalia 2002, Voli Analítica, Nez y Pickashop. La inspección comprende el Impuesto sobre Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA desde el segundo trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2025. El instructor dio luz verde este jueves a continuarlas pese a que Hacienda quería paralizarlas.

Por otra parte, las pesquisas acordadas por el instructor esta semana se extienden también al patrimonio de algunos de los investigados. En el caso de Gertrudis, aunque la UDEF no ha detectado que la secretaria de Zapatero haya recibido "directa o indirectamente" fondos procedentes de la trama, los agentes han reclamado al juez profundizar en su análisis patrimonial después de detectar la compra de una vivienda en Velilla de San Antonio por 132.055 euros, abonada a tocateja entre 2021 y 2023. Una compra que ha llamado la atención de los agentes ya que que no han localizado operaciones patrimoniales —como herencias o ventas de inmuebles— que justifiquen esta capacidad económica.

Asimismo, el magistrado ha puesto el foco en la cancelación anticipada —en enero de 2025—, de un préstamo hipotecario de 500.000 euros que Zapatero y su esposa habían suscrito un año antes para adquirir una vivienda en Madrid. Esa operación forma parte de la batería de diligencias con las que la Audiencia Nacional pretende reconstruir el origen, la circulación y el destino final de los fondos de la presunta trama investigada.