Zapatero no logra desmontar ante el juez los "indicios de criminalidad" que le sitúan al frente de una trama de influencias

La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional no ha alterado, por el momento, el criterio del juez que le investiga. El magistrado José Luis Calama ha concluido que lo declarado por el expresidente del Gobierno no ha logrado desvirtuar los "indicios racionales de criminalidad" que expuso en su auto de imputación del 18 de mayo, resolución en la que le situó en el "vértice" de una presunta trama criminal dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales.

Así consta en el auto dictado este miércoles por el instructor del 'caso Plus Ultra' —al que ha tenido acceso El Independiente—, en el que el juez rechazó imponer medidas cautelares a Rodríguez Zapatero tras su comparecencia como investigado en la causa. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales del exdirigente socialista ante el juzgado.

Además, cuatro de las acusaciones —Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y Liberum— llegaron a reclamar su ingreso en prisión provisional. El juez descartó todas esas medidas al no apreciar "un riesgo de fuga real y actual", y señaló que la "notoriedad" de Zapatero dificulta "de manera evidente" que pueda sustraerse "discretamente" del procedimiento.

La decisión llega después de casi tres horas de interrogatorio en las que el expresidente respondió sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra por la SEPI durante la pandemia. También estaba citado para declarar por la pieza separada abierta tras el hallazgo de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en una caja fuerte de su despacho de Ferraz, aunque, según explicaron fuentes jurídicas a este periódico, no contestó sobre este último asunto.

Una investigación todavía "embrionaria"

Tras tomar declaración a Zapatero, el juez Calama considera que los elementos que sustentaron su imputación permanecen vigentes y que el expresidente no ha conseguido neutralizar los indicios recopilados durante la instrucción y procedentes de "diversas y distintas fuentes de prueba"

Entre ellos, el magistrado menciona el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros practicados en la causa; la trazabilidad de transferencias vinculadas a fondos procedentes del rescate público de Plus Ultra; el uso de varias sociedades que los investigadores consideran presuntamente instrumentales para canalizar pagos; y el análisis preliminar del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, remitido a España por las autoridades estadounidenses.

A estos elementos suma también el hallazgo de las joyas intervenidas en el despacho del expresidente, cuyo valor supera los 1,3 millones de euros y cuyo origen, así como la correspondiente regularización fiscal y aduanera, "no se ha acreditado" hasta la fecha, según recoge el auto.

No obstante, señala que la investigación es todavía "embrionaria" y puede evolucionar hacia consolidar o disipar tales indicios. "Todo lo expuesto puede evolucionar en el sentido de consolidar tales indicios —de por sí suficientes en en este momento procesal para continuar la investigación en orden a la determinación de todos los elementos típicos que constituyen los ilícitos penales a los que apuntan los hechos investigados—, o bien para disiparlos", recoge el auto.

No aprecia riesgo de fuga

Con todo, el instructor considera que esos indicios no son suficientes para justificar medidas cautelares personales. "La mera existencia de indicios no habilita por sí sola la adopción de medidas restrictivas. Es imprescindible que concurra además un riesgo procesal concreto, no hipotético ni meramente posible, que haga necesaria la intervención cautelar (...) El riesgo debe ser actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social", argumenta el magistrado.

Calama subraya que Rodríguez Zapatero es una persona de "pública notoriedad", una circunstancia que dificulta "de manera evidente" que pueda ponerse a sí mismo en una posición de "ilocalización". Asimismo, señala que su visibilidad y arraigo en España excluyen "razonablemente" la existencia de un riesgo de fuga real, además de que no existe ningún indicio de "intención evasiva".

Por otra parte, el magistrado tampoco observa peligro de destrucción de pruebas, al entender que los principales elementos relevantes para la investigación ya han sido intervenidos y asegurados por los investigadores. Por ello, concluye que la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado constituirían una restricción desproporcionada de derechos fundamentales de Zapatero y una suerte de "pena anticipada" incompatible con la naturaleza de las medidas cautelares.

Sin embargo, el juez sí ha requerido al expresidente que facilite un número de teléfono y un correo electrónico que permitan "su inmediata localización" por parte del juzgado. Ambos serán incorporados a una pieza reservada que, según detallan fuentes jurídicas a este periódico, está destinada a custodiar información de carácter personal. 

Niega haber influido en el rescate

Durante su declaración, Zapatero negó haber realizado gestión alguna para favorecer a Plus Ultra en la obtención de las ayudas públicas aprobadas por el Gobierno durante la pandemia. Según detallaron fuentes presentes en la comparecencia a El Independiente, el exdirigente socialista aseguró que jamás contactó con funcionarios o autoridades para influir en la concesión del rescate y rechazó haber mantenido relación con los directivos de la aerolínea en las fechas investigadas.

Zapatero también ha negado cualquier vínculo con Rodolfo Reyes, accionista de facto de la compañía y una de las piezas clave de la investigación, ya que de su teléfono móvil —intervenido por autoridades estadounidenses y remitido a España por vías de cooperación internacional— proceden parte de los principales indicios del procedimiento. De hecho, el juez Calama pidió permiso a EEUU la semana pasada para usar como prueba este material.

Asimismo, ha defendido la actividad de la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y ha insistido en que nunca ha tenido estructuras societarias en el extranjero. También ha rechazado formar parte del entramado empresarial atribuido por los investigadores al empresario Julio Martínez Martínez, si bien ha reconocido mantener con él una relación personal y que le ha realizado encargos profesionales en el pasado.

Presunto líder de una organización criminal

La investigación de Calama sostiene que el expresidente habría desempeñado un papel central en una supuesta trama que utilizaba su red de contactos institucionales para favorecer intereses empresariales a cambio de contraprestaciones económicas. En el auto de imputación, el magistrado llegó a describirle como la persona que ejercía el "liderazgo estratégico" de una organización "estable y jerarquizada" dedicada presuntamente al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales.

"Zapatero es quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel", recoge el auto de imputación de juez Calama. Por ello, según precisan fuentes jurídicas a este periódico, sobre Zapatero sobrevuelan además otros dos supuestos delitos por los que el magistrado podría acordar investigarle. En concreto, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.