El teléfono de un accionista de Plus Ultra investigado por blanqueo en EEUU situó a Zapatero en el radar

En el auto de 85 páginas en el que el juez José Luis Calama detalla los indicios que le llevan a imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, se reconstruyen los movimientos que la cúpula empresarial de Plus Ultra activó para conseguir el rescate público de su aerolínea en 2021, operación que investiga desde este marzo la Audiencia Nacional. Un recorrido que el instructor ha podido trazar gracias a las conversaciones extraídas en Estados Unidos del teléfono móvil de uno de los principales accionistas de la compañía, el empresario venezolano Rodolfo Reyes, quien, según apuntan fuentes conocedoras del caso a El Independiente, estaba siendo investigado por el país norteamericano por blanqueo de capitales.

El material llegó a España cuando la investigación sobre Plus Ultra todavía estaba en manos de la jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, según señalan las citadas fuentes. El contenido del dispositivo fue obtenido en el marco de una investigación de Homeland Security Investigations (HSI), la agencia estadounidense adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, especializada en delitos financieros y crimen transnacional. Tras su extracción en Estados Unidos, el material fue remitido a la Policía Nacional española, que lo trasladó posteriormente al juzgado de Collazos. Más adelante, la instructora se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, donde el procedimiento ha quedado finalmente centralizado bajo la tutela del juez Calama.

A partir de los mensajes de Reyes, la investigación reconstruye los primeros pasos de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia. En el auto del juez Calama del pasado martes —al que tuvo acceso este periódico— se recogen conversaciones fechadas en marzo y abril de 2020 en las que el accionista venezolano y el abogado Miguel Palomero exploran contactos políticos y vías de influencia para lograr el rescate. Textualmente: "Dónde tocar puertas".

La primera puerta fue la del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. La 'vía Ábalos'. Pero no quedó ahí. De forma paralela, la cúpula de Plus Ultra activó la 'vía Zapatero'. Esta fue la que acabó por tener un papel "predominante" y permitió a la compañía alcanzar los objetivos que perseguía, según el juez Calama. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta el 30 de marzo Rodolfo Reyes al diplomático venezolano Ramón Gordils, que le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP". Ese "puente con ZP" se consigue el 28 de abril, según los mensajes.

El propio magistrado recoge en el auto que la colaboración de HSI se canalizó a través de los mecanismos de cooperación internacional de la Policía española, permitiendo incorporar una extracción completa del terminal de Reyes Rojas, socio histórico de Plus Ultra a través de la sociedad Snip Aviation.

En paralelo, según ha adelantado El País, el juez Calama ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos nueva información sobre varios de los investigados en el marco de una pieza separada secreta en la que se profundiza en su actividad en el extranjero y en posibles cuentas fuera de España. La petición se ha formalizado mediante una comisión rogatoria enviada a Washington, dentro de unas diligencias que buscan ampliar el alcance internacional de la investigación.

La causa se abrió en 2024, después de que Francia y Suiza remitieran a España distintas peticiones de cooperación para investigar una red de blanqueo de capitales vinculada con Venezuela, según detallan fuentes consultadas por este periódico. Aquellas solicitudes incluyeron registros en territorio español que derivaron en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el uso de los 53 millones del rescate de Plus Ultra. Los investigadores sospechaban que parte de esos fondos habrían servido para canalizar dinero procedente del contrabando de oro y de la malversación de ayudas públicas en el país latinoamericano.