El gasto en pensiones de la Seguridad Social superará por primera vez los 200.000 millones de euros

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social registrará un incremento del 5,9% en 2026, según detalla el organismo supervisor en su Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2026. De hecho, supone tres décimas más respecto a su previsión anterior que, según explica, "se distribuye en dos décimas de aumento de la previsión del número de pensiones y en una décima por el mayor efecto de sustitución".

Tomando como referencia los datos de la Ejecución presupuestaria de la Seguridad Social a cierre de diciembre de 2025, el gasto público destinado al pago de pensiones contributivas alcanzó algo más de 182.500 millones de euros. Es decir, la subida del 5,9% proyectada por la AIReF situará esta partida en casi 193.300 millones de euros en 2026. Sin embargo, el coste total que asumirá el sistema público para proteger a sus pensionistas superará por primera vez en la historia la barrera de los 200.000 millones de euros si se añaden las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos.

En el ejercicio de 2025, este bloque no contributivo requirió un desembolso de casi 12.300 millones de euros (de los cuales 8.700 millones correspondieron a mínimos, 2.200 millones a jubilación no contributiva y casi 1.400 millones a invalidez no contributiva). Así, al sumar los conceptos, el gasto consolidado gestionado por la Seguridad Social se elevará por encima de la cota de los 200.000 millones de euros en el presente año.

Pero superar este umbral no responde únicamente a la evolución puntual del gasto en 2026, sino a una tendencia de fondo que continuará presionando las cuentas públicas durante las próximas décadas: cada vez hay más pensiones que pagar, las nuevas prestaciones son más elevadas y su cuantía se actualiza anualmente con la inflación.

Más nóminas y más caras en un entorno de incertidumbre

Según los datos de junio de la Seguridad Social, España cuenta con 9,5 millones de pensionistas que perciben de media 1.371,4 euros mensuales (un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior). De ellos, más de dos tercios son jubilados —cerca de 6,5 millones de personas—, cuya pensión media es todavía mayor y alcanza los 1.572,8 euros mensuales.

Como señala la AIReF, la presión sobre el sistema responde tanto al incremento del número de pensionistas como al denominado "efecto sustitución". A medida que nuevos trabajadores se jubilan, acceden de media a prestaciones más elevadas que las de quienes causan baja, por lo que el relevo entre unos pensionistas y otros eleva progresivamente la cuantía media que debe asumir el sistema. Una dinámica que cobra especial relevancia con la incorporación a la jubilación de la numerosa generación del baby boom.

Y a esta estructura se suma otro elemento permanente que incrementa la factura: las pensiones se revalorizan cada año conforme a la evolución de la inflación. Este mecanismo permite preservar el poder adquisitivo de los pensionistas, pero también hace que la factura del sistema evolucione en función del comportamiento de los precios y quede expuesta a episodios inflacionarios que disparan el gasto. Así ocurrió tras la crisis energética de 2022 y vuelve a ser un elemento a tener en cuenta en el gasto ante el conflicto en Oriente Medio.

El parche de los ingresos frente al reto del "baby boom"

Para hacer frente a la jubilación de la generación del baby boom, el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, diseñó en 2023 una reforma basada en el aumento de los ingresos mediante nuevas cotizaciones, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad o la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Sin embargo, en el Estudio de evaluación de la regla de gasto de pensiones, la AIReF constata que estas medidas resultarán insuficientes por sí solas a medio y largo plazo para absorber el incremento del gasto. De hecho, a pesar de que las cotizaciones sociales alcanzaron máximos históricos en 2025 (176.900 millones de euros), la Seguridad Social cerró dicho ejercicio con un saldo negativo de 7.387 millones de euros.

El Estado al rescate de las cuentas públicas

Ante la insuficiencia de las cotizaciones, la sostenibilidad del sistema descansa de forma creciente sobre la Administración General del Estado. Las inyecciones de capital para sostener las cuentas de la Seguridad Social se han disparado un 205,7% desde la pandemia, pasando de los 15.600 millones de euros en 2019 hasta los 47.800 millones al cierre de 2025. Este ritmo implica que las transferencias del Estado han crecido cinco veces más rápido que los ingresos por cotizaciones sociales, que aumentaron un 42,4% en el mismo periodo (desde los 124.000 millones de 2019 hasta casi los 177.000 millones de 2025).

De hecho, la AIReF prevé que esta dependencia se intensifique. En su escenario base a políticas constantes —es decir, sin introducir nuevas medidas de ingresos ni recortes de gastos—, el organismo estima que el gasto total en pensiones aumentará del 13% al 16,4% del PIB entre 2025 y 2050. Y, para cubrir esta brecha, el Gobierno tendrá que elevar las transferencias del Estado desde el 2% del PIB actual hasta el 4,7% en 2050, lo que supondrá alcanzar los 79.000 millones en 2050 en transferencias.

De esta forma, el aumento de las transferencias permitirá sostener el creciente gasto en pensiones, pero trasladará una presión cada vez mayor al conjunto de las cuentas públicas. La AIReF advierte de que destinar más recursos a esta partida supondrá dos escenarios: o reducirá el margen disponible para financiar otras políticas o se incrementará la deuda.

La regla de gasto no garantiza la sostenibilidad del sistema

Por el momento, la AIReF indica que España cumple con la regla de gasto de pensiones comprometida con Bruselas. Sin embargo, ante esta evolución del medio-largo plazo, la AIReF cuestiona que el cumplimiento formal de la regla de gasto de pensiones sea suficiente para evaluar la sostenibilidad del sistema.

Su presidenta, Inés Olóndriz, sostiene que la actual "regla de gasto de pensiones no es adecuada y tiene problemas de diseño", ya que su cumplimiento "es compatible con un incremento de la deuda pública". Es decir, aunque las medidas adoptadas permiten cumplir con el indicador en los términos actuales, la presión creciente que las pensiones trasladan al conjunto de las finanzas públicas impide concluir que el sistema sea sostenible a medio y largo plazo.